¿Quién reclama por vía judicial y qué obtiene cuando se vulneran derechos en el trabajo de hogar?
| Páginas | 37-70 |
| Autor | Gabriel Sotomayor Rivera,David Vila-Viñas |
¿QUIÉN RECLAMA POR VÍA JUDICIAL Y QUÉ
OBTIENE CUANDO SE VULNERAN DERECHOS EN EL
TRABAJO DE HOGAR?
Disparidades entre la realidad del empleo de hogar y las recla-
maciones judiciales a través del análisis de la jurisprudencia
(2022-2024)
GABRIEL SOTOMAYOR RIVERA1 Y DAVID VILA-VIÑAS2
1. INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA
El objetivo de esta investigación ha sido analizar el impacto de los
cambios normativos recientes y, en general, de la nueva orientación de
la regulación del empleo doméstico hacia una mayor equiparación con
otros empleos. Para ello, se ha examinado la evolución de las decisiones
y argumentaciones judiciales a través de un exhaustivo análisis del con-
tenido de las sentencias emitidas en los ámbitos jurisdiccionales social y
contencioso-administrativo, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 1 de julio
de 2024, lo que ha abarcado un total de 247 sentencias extraídas de bases
de datos especializadas del ámbito jurídico.
Los criterios de búsqueda aplicados incluyeron los términos “servicio
doméstico”, “Sistema Especial para Empleados de Hogar”, “empleados de
1 Doctorando por la Universidad de Cádiz. Investigador adscrito al grupo de
investigación “El problema de la alteridad en el mundo actual” (HUM-536), del Plan
Andaluz de Investigación, en la Universidad de Cádiz.
2 Investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Sevilla. Departamento de Filosofía
del Derecho. Correo electrónico: dvila@us.es. Orcid: 0000-0002-5879-3897. El capítulo
cuenta con el apoyo de la ayuda para contratos Ramón y Cajal RYC2021-032948-I financiada
por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR
y es parte del proyecto de I+D+i PID2023-152437NB-I00/Generación de Conocimiento,
“El derecho al cuidado en la sociedad digital (e-CARE)”, financiado/a por MICIU/
AEI/10.13039/501100011033/ y “FEDER/UE” (2024-2027), del proyecto 25-5-ID23.
“Transformaciones socio-jurídicas en el empleo de hogar y de cuidados y su impacto sobre
la sostenibilidad de la vida. Evaluación de la reforma introducida por el RD-Ley 16/2022”,
financiado por el Instituto de las Mujeres, Gobierno de España (2023-2024). Miembro del
Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (CRID). Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia e investigador colaborador del grupo S09_23R
Laboratorio de Sociología Jurídica, de la Universidad de Zaragoza.
GABRIEL SOTOMAYOR RIVERA Y DAVID VILA-VIÑAS
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hogar” y “Servicio del hogar familiar”. Esta búsqueda se ha realizado tanto en
el orden jurisdiccional social, como en el contencioso-administrativo y, dentro
de ambos, en los distintos niveles competentes de la planta judicial española.
Cabe destacar que, aunque las referencias normativas expresas for-
maron parte de las primeras búsquedas, en particular el Real Decreto
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral
de carácter especial del servicio del hogar familiar; y el Real Decreto-ley
16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo
y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar,
fi nalmente se omitieron. Ello se debe a que la incorporación de estas nor-
mativas como criterios de búsqueda limitaba de manera considerable el
número de resultados obtenidos.
Se seleccionaron los años 2022, 2023 y 2024 para el análisis, con el ob-
jetivo de valorar el impacto de las modifi caciones introducidas por el Real
Decreto-ley 16/2022, en vigor desde el 9 de septiembre de 2022. Conviene
aclarar que la última consulta se realizó el 16 de julio de 2024, por lo que
las sentencias analizadas ese año se limitan a las disponibles hasta esa
fecha, que no son todas las emitidas hasta el 1 de julio, ya que las bases de
datos tardan un tiempo en incorporar las sentencias. En cualquier caso,
los resultados obtenidos de las diferentes bases de datos consultadas se
presentan a continuación:
Tabla 1. Resultados obtenidos en las bases de datos consultadas. Años 2022 a
2024 (n)
Base de datos Año 2022
(n)
Año 2023
(n)
Año 2024
(n)
Total
(n)
La Ley Digital 132 93 25 250
CENDOJ 618 567 269 1.454
Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de las bases de datos.
A pesar de que la base de datos La Ley Digital generó un menor número
de resultados en comparación con el CENDOJ, aquellos presentaron una
mayor precisión y adecuación al objeto del estudio. Por este motivo, se
optó por utilizar La Ley Digital como la fuente principal para este análisis.
Tras una primera revisión, el número total de resultados se estableció en
246, ya que tres de los casos previamente seleccionados no respondían al
propósito del estudio3.
3 De este modo, el número total de resultados quedó establecido en 130 para el año
2022, 92 para el año 2023 y 24 para el año 2024.
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¿Quién reclama por vía judicial y qué obtiene cuando se vulneran derechos en el trabajo de hogar?
Los resultados fueron clasifi cados en tres grupos, conforme a la cla-
sifi cación de asuntos que se estableció en la propuesta de investigación:
Grupo I: Incluye las sentencias cuyo objeto principal es la existen-
cia de la relación laboral. Esto abarca aspectos como la naturaleza
genuina de dicha relación, su antigüedad, la identifi cación de las
partes obligadas, así como otras condiciones esenciales, tales como
la jornada laboral, las horas trabajadas, vacaciones y la remuneración
pactada.
Grupo II: Incluye las sentencias en las que el objeto principal es la
extinción de la relación laboral y las controversias jurídicas que de
ello se derivan. Se incluyen tanto los casos directamente impactados
por la modifi cación de las causas de despido (art. 11 del Real Decreto
1620/2011, por el Real Decreto-ley 16/2022), como aquellos que no se
ven afectados por dicho cambio normativo, tales como los supuestos
de dimisión voluntaria o despido disciplinario.
Grupo III: Incluye las sentencias en las que el litigio se centra en mate-
ria de seguridad social y salud en el trabajo. Esto contempla confl ictos
sobre la inscripción o condiciones de cotización, protección social (como
prestaciones por desempleo y subsidios), suspensión de la relación la-
boral (debido a accidentes o bajas), reconocimiento de incapacidades,
y reclamaciones relacionadas con la salud y riesgos laborales.
Ahora bien, es necesario realizar algunas matizaciones a los criterios
generales expuestos previamente, dado que hay asuntos que, desde una
perspectiva material, podrían ubicarse en varios de los grupos señalados.
En aquellos casos en los que se cuestiona la existencia de la relación
laboral en el contexto de un despido, pero la parte demandada no com-
parece, lo que lleva a presumir la veracidad de los hechos alegados por la
trabajadora, o cuando la empleadora admite la relación laboral durante
el proceso, dichos supuestos se encuadran en el Grupo II –extinción de la
relación laboral–. Por otro lado, aunque la demanda entienda que se ha
producido un despido, cuando la parte demandada impugna la existencia
de esa relación laboral durante el desarrollo del procedimiento, esos casos
se clasifi can en el Grupo I –existencia de la relación laboral– porque de
ello depende considerar si ha habido relación laboral que extinguir. Final-
mente, los casos en los que la Tesorería General de la Seguridad Social (en
adelante, TGSS) anula o modifi ca un alta de ofi cio se incluyen en el Grupo
III –Seguridad social y Salud en el trabajo–, aunque ello tenga un impacto
decisivo sobre la existencia de la relación laboral.
Esta distribución permite obtener una clasifi cación más consistente
de los resultados en comparación con la aportada por las distintas bases
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