Sobre las recientes reformas gubernamentales del sector eléctrico

AutorSonia Barrero Barrera
CargoCremades & Calvo Sotelo

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 24 de febrero de 2006 importantes medidas, funcionales unas, en el ámbito de las competencias de la Comisión Nacional de la Energía, y estructurales otras, de mayor calado aún si cabe, en el ámbito del control del déficit tarifario.

En cuanto a la primera, de indudable protagonismo en la actualidad, y como evidente revulsivo a la OPA lanzada por E.On por haber sido aprobada vía decreto-ley, el Gobierno ha acordado modificar la función 14 de la CNE y otorgarle el control previo de cualquier operación por la que una empresa, cualquiera que sea su actividad y nacionalidad, presente una oferta pública de adquisición de una energética.

Por el momento, cuando menos, debemos poner un interrogante al instrumento legal empleado, medida ad hoc que no puede si no recordarnos a tiempos pasados, y de efectos muy perjudiciales hacia cualquier potencial inversor en nuestro país en aras a procurar su confianza en la seguridad jurídica de sus relaciones comerciales. Y ello pese a las advertencias de Bruselas recordando que España no tiene, como así es, derecho a adoptar unilateralmente una decisión que bloquee o frene una operación empresarial de competencia comunitaria, medida contraria a la libertad de empresa y a la libre circulación de capitales y que, aún en el caso de apelarse a criterios de interés público, sería Bruselas quien debería evaluar la validez de la decisión.

Como justificación a todo ello, se ha pretendido fundamentar una extraordinaria y urgente necesidad cuya existencia y oportunidad, tanto los tribunales como el propio gobierno, han venido negando a la operación de adquisición de Endesa, desde sus comienzos, bajo el argumento de que la toma de control de la compañía no se produciría, en cualquier caso, hasta la aceptación de la OPA por parte de los accionistas.

En cuanto a la segunda de las medidas, de importantísimos efectos económicos en el sector, el Consejo de Ministros ha aprobado, también mediante decreto-ley, una serie de reestructuraciones destinadas a controlar el déficit tarifario de las actividades reguladas.

Por un lado, se obliga a las empresas de generación y distribución verticalmente integradas en un mismo grupo empresarial a celebrar entre sí contratos bilaterales físicos de compraventa de energía producida por instalaciones en régimen ordinario. De este modo, la CNE sólo considerará como coste a efectos de...

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