Real Decreto-ley 1/2026, de 27 de enero, de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 I

En enero de 2026, España ha registrado dos graves accidentes ferroviarios en un intervalo de tres días. El pasado 18 de enero de 2026 a las 19:43 tuvo lugar un primer accidente en Adamuz (Córdoba), en una línea de alta velocidad y en él se vieron implicados dos trenes, el Alvia Renfe 2384 dirección Madrid-Huelva y el Iryo 6189 que circulaba en dirección Málaga-Madrid, afectando de manera directa a un total de 527 viajeros, entre los que ha habido 45 fallecidos y 123 personas heridas. El accidente provocó también la suspensión del servicio ferroviario en la línea, ampliándose los impactos personales, sociales y económicos del mismo. Este choque constituye el primer accidente entre dos trenes de alta velocidad en España y el segundo más grave del siglo XXI tras el siniestro del Alvia en Santiago de Compostela en 2013.

El día 20 de enero tuvo lugar el otro accidente ferroviario, en este caso, en el servicio de Rodalies de Catalunya, alrededor de las 21:23 horas, en la línea R4, entre Gélida y Sant Sadurní d’Anoia. Un tren que circulaba en dirección a Manresa chocó contra un muro de contención que se había desprendido y caído sobre la vía debido a un fuerte temporal de lluvias. Como consecuencia de este accidente falleció una persona y 41 resultaron heridas. El servicio de Rodalies tuvo que ser suspendido durante dos días y su recuperación en su plenitud aún necesitará cierto tiempo, con las consecuencias para multitud de personas que se han visto afectadas, así como para la economía.

Ambos accidentes, con un conjunto de 210 víctimas, han tenido un impacto devastador en la sociedad y han llevado a la activación de múltiples medios para la atención de los afectados y de las víctimas y sus familiares. De manera inmediata se activaron todos los mecanismos de rescate y atención posibles. En situaciones de accidente con víctimas mortales y heridos, la rapidez en la atención no es solo un factor deseable, sino un elemento crítico que puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte, así como la magnitud de las secuelas físicas y psicológicas. Y en este sentido no cabe sino reconocer la excelente y rápida labor del personal de los servicios de emergencias, sanitarios, personal asistencial, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, UME, efectivos y voluntarios de protección civil, el pueblo de Adamuz, ciudadanas y ciudadanos anónimos, que han demostrado unas admirables dosis de empatía, entrega y solidaridad con las víctimas.

La intervención temprana constituye un pilar fundamental en la gestión de emergencias, y su relevancia se sustenta tanto en criterios médicos como en consideraciones humanas, logísticas y sociales. Las especiales características que suelen reunir los accidentes ferroviarios ponen de manifiesto la necesidad de proporcionar tanto a las víctimas de estos accidentes como a sus familiares una atención integral.

II

La capacidad de los servicios públicos para ofrecer una respuesta rápida y coordinada ante un accidente con víctimas constituye un elemento esencial para preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Esta confianza no se construye únicamente a partir de la eficacia técnica de los equipos de emergencia, sino también mediante la percepción de que el Estado actúa con diligencia, sensibilidad y responsabilidad en todas las fases posteriores al incidente. En este sentido, la pronta activación y gestión de ayudas destinadas a las personas afectadas se convierte en un componente fundamental de la respuesta institucional.

La activación temprana de ayudas cumple varias funciones esenciales. En primer lugar, proporciona a las víctimas y a sus familias un respaldo material inmediato que contribuye a mitigar el impacto económico derivado del accidente, para minimizar los efectos de unas pérdidas que, por ser personales y afectivas, son como tales, irreparables. Gastos médicos, desplazamientos, pérdida temporal de ingresos o necesidades de apoyo psicológico pueden generar una carga significativa en los días posteriores al suceso. La percepción ágil de estas ayudas no solo reduce la vulnerabilidad de las personas afectadas, sino que también evita que la incertidumbre económica se sume al trauma emocional.

En segundo lugar, la rapidez en la tramitación de estas medidas refuerza la idea de que las instituciones actúan de manera proactiva y no reactiva: planificación, previsión y capacidad de gestión. En un contexto de emergencia, donde la población demanda respuestas claras y eficaces, la existencia de procedimientos administrativos simplificados y activables de forma inmediata se convierte en esencial.

En tercer lugar, la percepción temprana de ayudas contribuye a fortalecer la cohesión social. Cuando las instituciones responden con rapidez y sensibilidad, se genera un sentimiento colectivo de protección y solidaridad. Este efecto es especialmente relevante en accidentes con un alto impacto emocional o mediático, donde la sociedad observa con atención la actuación de los poderes públicos. La transparencia en los criterios de concesión, la claridad en los plazos y la accesibilidad de los procedimientos refuerzan aún más esta cohesión.

Finalmente, la agilidad en la respuesta administrativa tiene un valor estratégico para la gestión global de la emergencia. Una ciudadanía que percibe que sus necesidades están siendo atendidas de manera eficaz colabora mejor con las autoridades, confía en las comunicaciones oficiales y se siente acompañada durante el proceso de recuperación. Esta confianza facilita la implementación de medidas adicionales y contribuye a una recuperación más ordenada y sostenible.

En conjunto, la rapidez en la atención inicial y la pronta percepción de ayudas conforman un binomio indispensable para garantizar una respuesta institucional sólida, humana y eficaz ante cualquier accidente con víctimas.

III

En este sentido, y con el fin de prestar estas atenciones a las víctimas de posibles accidentes, la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, añadió, en su artículo 2, una nueva disposición adicional duodécima a la entonces vigente Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, en la que se estableció el derecho de las víctimas de accidentes ferroviarios que se produzcan en el ámbito del transporte de competencia estatal y de sus familiares a una asistencia integral que garantice una adecuada atención y apoyo. De acuerdo con esta disposición, se desarrollaron reglamentariamente las obligaciones mínimas de las empresas y entidades contempladas en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario en la asistencia a víctimas y a sus familiares, tanto asistenciales, en los primeros momentos tras el siniestro, como económicas, mediante la cobertura de seguros de responsabilidad civil.

Así, el Real Decreto 627/2014, de 18 de julio, por el que se regula la asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares establece las medidas a adoptar por las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y por las empresas y entidades del sector ferroviario, para garantizar la asistencia de las víctimas de accidentes y sus familiares.

La hoy vigente Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, mantiene el marco de asistencia integral a los afectados por accidentes ferroviarios previsto en la derogada Ley 39/2003, de 17 de noviembre.

Con base en dicha normativa, las empresas ferroviarias desarrollan sus Planes de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares, mediante los que se establecen, entre otras medidas, los mecanismos de información, atención a las consultas, las instalaciones para atender a los familiares, transporte y alojamiento de los familiares y víctimas, la asistencia psicológica, la información sobre asistencia financiera y el tratamiento de los efectos personales.

La asistencia económica inmediata que se presta a las víctimas y familiares afectados por un accidente ferroviario se garantiza mediante las coberturas de las pólizas de seguro suscritas por las empresas ferroviarias, a tal efecto. En concreto, la póliza que da cobertura al seguro obligatorio de viajeros regulado en el Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros, así como la preceptiva póliza de responsabilidad civil suscrita conforme a lo establecido en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, y demás normas de desarrollo.

El Real Decreto 627/2014, de 18 de julio, establece un baremo de indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Viajeros a los efectos previstos en el mismo.

Por su parte, el Reglamento (UE) 2021/782, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, relativo a los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, también establece un conjunto de garantías específicas aplicables en caso de accidentes ferroviarios. El reglamento dispone que las empresas ferroviarias deben contar con un seguro o garantía financiera equivalente que cubra su responsabilidad frente a los viajeros. También garantiza que las víctimas de un accidente ferroviario reciban un anticipo económico, con independencia de la determinación posterior de responsabilidades. Dicho anticipo debe abonarse con carácter inmediato, en un plazo no superior a quince días desde la identificación de la persona con derecho a percibirlo, y su importe debe ser proporcional a los daños y perjuicios sufridos, estableciéndose un mínimo de 21.000 euros para el caso de fallecimiento. Este anticipo tiene por finalidad cubrir, entre otros conceptos, los gastos de exequias, el mantenimiento de las personas dependientes, los tratamientos médicos, el transporte y los servicios de ambulancia, así como los...