Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública
| Autor | Dra. Eva Blasco Hedo |
| Cargo | Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT) |
| Páginas | 107-108 |
www.actualidadjuridicaambiental.com
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Publicado en Actualidad Jurídica Ambiental el 26 de febrero de 2018
Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, por el que se crea la Comisión Interministerial
para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del
Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 19, de 22 de enero de 2018
Temas Clave: Contratación pública ecológica; Políticas medioambientales; Consumo;
Administraciones públicas
Resumen:
La contratación pública ecológica (CPE) es una importante herramienta para el logro de las
políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los
recursos y la producción y el consumo sostenibles. Puede representar un papel fundamental
en los planes de acción de la UE para la economía circular y la contratación pública verde.
Y es que la contratación pública representa, según señala la Comunicación de la Comisión
COM (2015) 614 final, casi un 20% del PIB de la Unión Europea. Asimismo, diversas
organizaciones internacionales reconocen a la contratación pública un potencial importante
para facilitar los cambios en aquellos modelos de producción y de consumo que dichas
organizaciones consideran que no son sostenibles.
En el ámbito de la Unión Europea, nos encontramos ante un panorama legislativo marcado
por la denominada «Estrategia Europa 2020», dentro de la cual la contratación pública
desempeña un papel clave. Conviene citar las Directivas 2014/24/UE, la Directiva
2014/25/UE y la más novedosa, por carecer de precedente en la normativa comunitaria, la
Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
En esta misma línea, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
recoge como objetivo explícito de la misma: “conseguir que se utilice la contratación
pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales
en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las
PYMES, y de defensa de la competencia”.
En definitiva, la CPE es, por lo tanto, una herramienta eficaz para avanzar en la
producción, utilización y consumo sostenibles, así como en una economía y prácticas de
contratación sostenibles.
A estos efectos, se ha considerado oportuno aprobar el presente decreto, que regula la
creación de una Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en
la contratación pública, que permita una actuación eficaz de la Administración General del
Estado.
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