Quince. Se incluye el artículo 20 bis
| Autor | Dra. Isabel Miralles Gonzalez |
| Páginas | 319-330 |
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Quince. Se incluye el artículo 20 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 20 bis. Derechos y deberes de los acogedores familiares.
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Los acogedores familiares tendrán derecho a:
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Recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así como preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado durante y al término del mismo. En el caso de menores con discapacidad, los acogedores tendrán derecho a orientación, acompañamiento y apoyo adaptados a la discapacidad del menor.
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Ser oídos por la Entidad Pública antes de que ésta adopte cualquier resolución que afecte al menor, especialmente antes de modificar o suspender temporalmente el régimen de visitas o de relación o comunicación con la familia de origen.
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Ser informados del plan individual de protección así como de las medidas de protección relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al menor acogido, de las revisiones periódicas y a obtener información del expediente de protección del menor que les resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, a excepción de aquellas cuestiones relacionadas con el derecho a la intimidad de terceros y a la protección de datos de carácter personal.
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Ser parte en todos los procesos de oposición a las medidas de protección y a la declaración de situación de desamparo del menor acogido y en todos los procesos de oposición relacionados con la medida de acogimiento familiar permanente con funciones de tutela que tenga formalizada.
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Cooperar con la Entidad Pública en los planes de actuación y seguimiento establecidos para el acogimiento.
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Disponer de la documentación identificativa, sanitaria y educativa del menor que acogen.
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Ejercer todos los derechos inherentes a la guarda.
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Ser respetados por el menor acogido.
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Recabar el auxilio de la Entidad Pública en el ejercicio de sus funciones.
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Realizar viajes con el menor siempre que se informe a la Entidad Pública y no exista oposición de ésta.
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Percibir una compensación económica y otro tipo de ayuda que se hubiera estipulado, en su caso.
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l) Facilitar al menor acogido las mismas condiciones que a los hijos biológicos o adoptados, a fin de hacer uso de derechos u obligaciones familiares durante el tiempo que el menor conviva con ellos.
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Relacionarse con el menor al cesar el acogimiento, si la Entidad Pública entiende que conviniere a su interés superior y lo consintieren la familia de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente, y el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años.
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Ser protegidos sus datos personales respecto de la familia de origen, de acuerdo con la legislación vigente.
ñ) Formular formalmente quejas o sugerencias ante la Entidad Pública que deberán ser tramitadas en un plazo inferior a los 30 días y, en caso de solicitar audiencia, ser escuchado con anterioridad a dicho plazo.
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La familia acogedora tendrá los mismos derechos que la Administración reconoce al resto de unidades familiares.
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Los acogedores familiares tendrán los siguientes deberes:
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Velar por el bienestar y el interés superior del menor, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral en un entorno afectivo. En el caso de menor con discapacidad, deberá continuar prestando los apoyos especializados que viniera recibiendo o adoptar otros más adecuados a sus necesidades.
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Oír al menor siempre antes de tomar decisiones que le afecten, si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de 12 años, sin exclusión alguna por discapacidad, y a transmitir a la Entidad Pública las peticiones que éste pueda realizar dentro de su madurez.
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Asegurar la plena participación del menor en la vida de familia.
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Informar a la Entidad Pública de cualquier hecho de trascendencia en relación con el menor.
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Respetar y facilitar las relaciones con la familia de origen del menor, en la medida de las posibilidades de los acogedores familiares, en el marco del régimen de visitas establecido a favor de aquella y la reintegración familiar, en su caso.
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Colaborar activamente con las Entidades Públicas en el desarrollo de la intervención individualizada con el menor y seguimiento de la medida, observando las indicaciones y orientaciones de la misma.
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Respetar la confidencialidad de los datos relativos a los antecedentes personales y familiares del menor.
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Comunicar a la Entidad Publica cualquier cambio en la situación familiar relativo a los datos y circunstancias que se tomaron en consideración como base para el acogimiento.
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Garantizar el derecho a la intimidad y a la identidad de los menores acogidos y el respeto a su propia imagen, así como velar por el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
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Participar en las acciones formativas que se propongan.
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k) Colaborar en el tránsito de la medida de protección del menor a la reintegración a su entorno de origen, la adopción, u otra modalidad de acogimiento, o al entorno que se establezca tras la adopción de una medida de protección más estable.
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Los acogedores familiares tendrán las mismas obligaciones respecto del menor acogido que aquellos que la ley establece para los titulares de la patria potestad.»
COMENTARIO
Dra. Isabel Miralles Gonzalez
Universidad de Barcelona
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La reforma ha introducido un nuevo artículo el 20 bis LOPJM en el que se realiza una enumeración, que quiere ser exhaustiva, de los derechos y deberes de las familias acogedoras con una norma de cierre, tanto en uno como en otro apartado (derechos/deberes). En el caso de los derechos 20 bis.1.o) LOPJM cuando reconoce a la familia acogedora los mismos derechos que la Administración reconoce al resto de unidades familiares. Y, por otro lado en el 20 bis.2.l) LOPJM -deberes- donde se atribuye a los acogedores familiares las mismas obligaciones respecto del menor acogido que aquellos que la ley establece para los titulares de la patria potestad. Quizá con este sencillo apartado hubiera sido suficiente. Los acogedores familiares asumen, con respecto al acogido y desatendido, el status de cuidador, de protector, de garante de la seguridad de los menores. De manera que asumen (aunque el "título" lo ostente otro) aquella carga de derechos y obligaciones que hacen que un acogedor actúe como debería haber actuado el padre/madre o el tutor.
Para no realizar una labor repetitiva y mimética, se intentará concretar de un lado los derechos que el acogedor tiene frente a la administración y los que tienen frente al acogido y, por otro lado y con la misma intención los deberes frente unos y otros. El acogedor está vinculado al menor al que acoge, pero también está vinculado a la Administración responsable 1. Si bien la norma no lo hace, la clasificación que ahora se realizará intenta sistematizar los derechos/deberes en función del sujeto frente al que se ostenta el derecho subjetivo, en el bien entendido que, en muchas ocasiones, esta separación no es totalmente nítida, ya que, el menor acogido se encuentra bajo la tutela de la administración y bajo la guarda del acogedor, por lo que existirán muchas situaciones límite e incluso yuxtapuestas.
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El legislador ha querido dotar al acogedor de un auténtico "estatuto". Y para ello ha optado por realizar un generoso enunciado de la relación que debe mantener con la Administración. Es importante no olvidar que, por ministerio de la ley, la administración pública ostenta la tutela del menor desamparado (art. 172 CC) y lo que hace la norma es fijar el contenido del acogimiento/guarda.
Por seguir en la medida de lo posible una cierta lógica pasaremos a señalar en primer lugar, los diferentes derechos que se ostentan frente la Administración.
Primero.- En primer lugar el acogedor tiene derecho a información. El acogedor tiene derecho a ser informado (20 bis.1. a, c LOPJM) tanto de la naturaleza y efectos del acogimiento, como del plan individualizado de protección; de las medidas que se adopten en concreto; del seguimiento y las revisiones periódicas; del expediente del menor...
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