El PSOE y la derogación de la Ley de Amnistía de 1977
No han faltado voces, sin embargo, que han recordado cómo en España se perpetra con habitualidad una flagrante violación de otros principios generales de derecho, e igualmente constitucionales – como son los de igualdad ante la ley y presunción de inocencia – sin que a nadie parezca preocuparle en exceso.
Esta pasada semana, los grupos de la izquierda más radical y los nacionalistas han llevado al Congreso de los Diputados una proposición para derogar la Ley de Amnistía aprobada en 1977.
En su propuesta solicitaban la derogación parcial (con la excepción de Izquierda Unida, que pretende abrogarla en su totalidad) de la ley para juzgar los presuntos “crímenes del franquismo”.
Dicha propuesta no ha salido adelante por la oposición del Partido Popular y de Ciudadanos, así como la del PSOE. Los socialistas han explicado su postura en razón de que dicha abrogación no tendría acomodo constitucional, según todo parece indicar, pues no se puede resucitar una responsabilidad penal ya extinguida, como se explicita en el artículo 9.3, que garantiza la “irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables” lo que, por otro lado, es un principio general clave de los estados de derecho.
No han faltado voces, sin embargo, que han recordado cómo en España se perpetra con habitualidad una flagrante violación de otros principios generales de derecho, e igualmente constitucionales – como son los de igualdad ante la ley y presunción de inocencia – sin que a nadie parezca preocuparle en exceso.
De modo que al PSOE, pese a que lo utilice como recurso argumental, no es la ausencia de encaje constitucional lo que le preocupa, sino el no dejarse arrebatar la iniciativa política en materia de memoria histórica, asunto del que ha hecho bandera.
Con la mendacidad que les caracteriza, la extrema izquierda y los nacionalistas han construido un relato de acuerdo al que la Ley de Amnistía de 1977 fue elaborada por el franquismo en sus estertores para protegerse, como una especie de “Ley de Punto Final”, a fin de salvaguardar su responsabilidad represiva y criminal.
La verdad es exactamente la contraria. Las fuerzas del régimen se oponían a dicha ley, mientras que era la izquierda quien insistía una y otra vez en que se aprobara la amnistía, piedra de toque de las intenciones del régimen. Un régimen que nada tenía que temer, en primer lugar porque era el propietario del poder.
El 30 de julio de 1976 se había promulgado una amnistía que abarcaba a los presos...
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