Las provincias castellanas en la Edad Media
| Autor | José Ignacio Cebreiro Núñez |
| Páginas | 13-19 |
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En Roma se utilizó inicialmente la palabra provincia para designar las competencias especiales que ejercían cada uno de los cónsules de la República. Más tarde con ese mismo término se hizo referencia al conjunto de facultades atribuidas el magistrado designado para ejercer el gobierno de un territorio situado fuera de Italia.
Cuando comienza la expansión ultramarina del Estado romano con la conquista de Sicilia y Cerdeña, se adopta la decisión de nombrar a un pretor para que gobierne cada una de esas islas con amplias facultades civiles y militares. Como esas potestades permitían extender (pro) los límites del Estado y mantener en la obediencia a los pueblos sometidos (vincere), se atribuyó habitual-mente en esa época la denominación de provinciae a las competencias de los magistrados que gobernaban los nuevos territorios no italianos incorporados al Estado romano.
Paulatinamente el significado de la palabra fue evolucionando hasta llegar a designarse con ella la propia circunscripción territorial donde se ejercían por los mencionados magistrados las facultades que han quedado indicadas.
La provincia romana se configura entonces como una demarcación geográfica sometida a la autoridad del Estado y explotada en su provecho. El territorio que ocupaba era considerado como dominio público del pueblo romano y no podía ser objeto de propiedad privada.
Después de la conquista militar de un territorio, se procedía a ordenar jurídicamente el mismo mediante una ley de la provincia (lex provinciae) en la que se determinaban las facultades del magistrado que asumía el gobierno del nuevo distrito, el status legal de la demarcación y la organización de sus ciudades1.
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Los romanos consideraron a Hispania como una provincia desde la importante victoria de Escipión «Africano» sobre los cartagineses el año 206 a.C. en Ilipa (Alcalá del Río), que supuso el desmoronamiento del poder de estos últimos en la península ibérica. A partir de entonces, esos territorios ocupados militarmente quedaron bajo el mando de dos procónsules designados por el Senado.
Sin embargo, la distribución de los ejércitos romanos en dos zonas de Hispania debió aconsejar que en el año 197 a.C. se organizase el régimen provincial dividiendo la península en dos provincias. Una de ellas era la Hispania Citerior, en la que se incluían los territorios más próximos a Roma, y la otra la Hispania Ulterior, que comprendía los que estaban más alejados.
El régimen provincial se consolidó después de la destrucción de Numancia en el año 133 a.C. Fue entonces cuando llegó a España la comisión de diez senadores que se acostumbraba a enviar para organizar las provincias y determinar su constitución político-administrativa mediante la lex provinciae2.
Después de quedar sometido todo el territorio hispánico al dominio de Roma, el emperador Augusto, entre los años 16 y 13 a.C., realizó un segundo viaje a la península ibérica y cuando finalizaba este procedió a dividir la Hispania Ulterior en dos provincias, la Bética y la Lusitania3. La provincia Hispania Citerior conservó ese nombre, aunque poco después se añadió al mismo la palabra Tarraconense (Hispania Citerior Tarraconensis), porque su capital estaba en Tarraco (Tarragona).
Las fronteras entre las tres provincias no estaban muy bien delimitadas. Por ello, Augusto decidió llevar a cabo una remodelación de las mismas entre los años 7 y 2 a.C. Los territorios de los galaicos y los astures, incluidos antes en la Lusitania, pasaron a formar parte de la Citerior. También se incorporaron a ella otras regiones que hasta ese momento habían pertenecido a la Bética.
Desde entonces y hasta la época de Diocleciano, únicamente se produjeron algunos cambios transitorios en la división provincial. El más significativo de ellos fue la creación por Caracalla, a principios del siglo III, de una nueva provincia que duró pocos años, la Hispania nova Citerior Antoniana. Estaba constituida por los territorios ocupados por los galaicos y los astures.
La reorganización administrativa llevada a cabo por Diocleciano dio lugar a que se creasen a fines del siglo III nuevas provincias en diferentes territorios del Imperio. Figuraban entre ellas dos que fueron segregadas de la Citerior o Tarraconense, la Cartaginense y la Galletia. Esta última comprendía las comarcas ocupadas por los galaicos y los astures. Se crean entonces otras circunscripcio-
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nes más amplias que las provincias, las denominadas diócesis. Todas las provincias de la península ibérica quedaron integradas en la Diócesis de las Españas, a la que también estaba adscrita la provincia Mauritania-Tingitana. Se extendía esta por los territorios atlánticos de Marruecos y su capital era Tingis (Tánger)4.
La última provincia hispánica que se creó fue la de las islas Baleares. Este archipiélago estaba adscrito a la provincia Cartaginense y quedó separado de ella a finales del siglo IV, entre los años 385 y 4005.
Por tanto, en el Bajo Imperio el territorio hispano aparecía dividido en seis provincias: Gall...
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