La protección fuera del ámbito de la persona

AutorLluís de Carreras Serra
Cargo del AutorProfesor asociado de Derecho de la Información. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

1. La dignidad de los grupos étnicos y sociales sin personalidad jurídica

Quien interpone una demanda judicial ha de ostentar la legitimación activa para hacerlo, esto es, ha de ser titular (interés directo) del derecho que considera infringido por cuyo reconocimiento reclama. En virtud de este principio, la reclamación judicial por vulneración del derecho al honor sólo podría interponerla la persona directamente ofendida. No obstante, la STC 214/1991 amplía el ámbito de protección del derecho al honor a aquellas personas que, sin haber sido aludidas directamente en la información lesiva al honor, forman parte de un colectivo étnico, que es el directamente ofendido en su conjunto.1

Esta sentencia sienta la siguiente doctrina: la Constitución, en los casos de reclamación de protección de los derechos fundamentales otorga la legitimación activa a:

- la víctima o titular del derecho infringido (que es quien tiene 'interés directo'),

- toda persona que invoque y ostente un interés legítimo.

Tienen interés legítimo los miembros de un grupo social o étnico determinado (en este caso, el pueblo judío) si la ofensa se dirige contra todo este colectivo de tal manera que, "menospreciando a dicho grupo socialmente diferenciado, se tienda a provocar del resto de la comunidad social sentimientos hostiles o, cuando menos, contrarios a la dignidad, estima personal o respeto al que tienen derecho todos los ciudadanos con independencia de su nacimiento, raza o circunstancia personal o social".

Continúa diciendo la sentencia que algunas colectividades no tienen personalidad jurídica y en consecuencia, están faltos de órganos de representación a los cuales el ordenamiento jurídico legitime para interponer acciones civiles o penales en defensa de su honor colectivo. Los individuos pueden resultar víctimas de la deshonra cuando se vulnera el honor de estas colectividades, por lo que parece justo que cuando se propaga la infamia a título colectivo, las personas físicas o jurídicas que las integran estén legitimadas, por sustitución, para reclamar en defensa de su dignidad personal.

"Desde una perspectiva constitucional, los individuos pueden serlo también como parte de los grupos humanos sin personalidad jurídica pero con una neta y consistente personalidad por cualquier otro rasgo dominante de su estructura y cohesión, como el histórico, el sociológico, el étnico o el religioso, a título de ejemplos. Por ello, pueden a su vez, como reverso, resultar víctimas de la injuria o la calumnia, como sujetos pasivos de estos delitos contra el honor y así lo dijo el Tribunal Supremo, en el plano de la legalidad y en su ámbito penal, cuando dictó la Sentencia de 20 de diciembre de 1990. Aquí y ahora, es el pueblo judío en su conjunto, no obstante su dispersión geográfica, identificable por sus características raciales, religiosas, históricas y sociológicas, desde la Diáspora al Holocausto, quien recibe como tal grupo humano las invectivas, los improperios y la descalificación global. Parece justo que si se le ataca a título colectivo, pueda defenderse en esa misma dimensión colectiva y que estén legitimados para ello, por sustitución, personas naturales o jurídicas de su ámbito cultural y humano. En definitiva, es la solución que, con un planteamiento inverso, desde la perspectiva de la legitimación activa, aceptó este Tribunal Constitucional en su STC 214/1991." (STC 176/95)

Por ello, la STC 214/1991 propugna que ha de admitirse la legitimación activa de todos y cada uno de los miembros de estas colectividades, residentes en nuestro país, razonándolo de la forma siguiente: "Habida cuenta de que los tales grupos étnicos, sociales e incluso religiosos, son, por lo general, entes sin personalidad jurídica...

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