Proposiciones jurídicas

AutorPablo Raúl Bonorino

Pero el mismo hecho que convierte en invulnerable su teoría, la hace también indefendible: como sus proposiciones de derecho tienen propiedades incompatibles son ininteligibles.” E. Bulygin (1982: 189)

Uno de los términos claves para comprender la propuesta teórica que Dworkin formula en LE, así como una de las críticas que en él se formulan a las posiciones positivistas, es el de “proposición jurídica” [proposition of law]. Todas las proposiciones jurídicas, no importa el grado de abstracción que posean, son proposiciones interpretativas. Las proposiciones interpretativas no son ni puramente descriptivas ni puramente valorativas, constituyen una categoría intermedia que combina ambas propiedades. En consecuencia, las “proposiciones jurídicas” tampoco pueden ser consideradas ni descriptivas ni valorativas. Esta caracterización ha generado importantes críticas en el ámbito de la filosofía del derecho. En este capítulo me ocuparé de una en especial, que afirma que las proposiciones jurídicas, tal como las concibe Dworkin, resultan ininteligibles porque les atribuye propiedades incompatibles (Bulygin 1982, Guastini 1988). Trataré de mostrar que los argumentos en los que se apoyan estos cuestionamientos no resultan suficientes, porque en ellos no se han tenido en cuenta los trabajos más recientes que Dworkin ha dedicado al tema.

A lo largo de mi exposición utilizaré “proposiciones jurídicas” siempre que Dworkin se refiera a propositions of law, a pesar de que la traducción literal debería ser “proposiciones de derecho” (Cf. Bulygin 1982, Bonorino 2000). Para evitar algunos equívocos que podría generar mi decisión es necesario realizar algunas aclaraciones. Como quedará en evidencia más adelante, Dworkin utiliza la expresión “proposición” para referirse a enunciados formulados en cierto lenguaje, y no en el sentido tradicional que se le suele dar en filosofía del lenguaje y de la lógica, es decir, como el significado de un enunciado descriptivo.

De esta manera, la traducción más adecuada al sentido de lo que Dworkin expresa con “proposition of law” podría haber sido “enunciado jurídico”. Pero Dworkin utiliza “enunciado” [statement] a menudo a lo largo de su exposición, sin embargo, siempre utiliza la expresión “proposition of law” cuando se quiere referir al centro de atención de la teoría jurídica (Cf. Dworkin 1977b: 8, LAI, LE). Aun cuando pueda ser cuestionable mi elección, creo que recoge mejor el sentido con el que se utiliza la expresión que “propuesta de ley”, forma en que ha sido traducida al castellano al hacer lo propio con LE. La forma como Dworkin entiende esta noción es de por sí problemática, por lo que se debe ser muy cauto a la hora de traducirla10.

2.1. PROPOSICIONES INTERPRETATIVAS Y PROPOSICIONES JURÍDICAS

¿Qué son para Dworkin las “proposiciones jurídicas”? En la única definición intensional que realiza en LE sostiene lo siguiente: “Llamaremos “proposiciones jurídicas” a los diferentes enunciados y afirmaciones que la gente realiza en relación con lo que el derecho les permite, les prohíbe o les da derecho a hacer.” (LE: 4). Esta caracterización difiere muy poco de la que ofreciera en trabajos anteriores: “[Con “proposiciones jurídicas”] Aludo a los diferentes enunciados que los juristas formulan reportando lo que es el derecho sobre una u otra cuestión.” (LAI: 179).

En ambos casos el sentido es el mismo, se trata de aquellos enunciados que expresan la forma en que el derecho califica ciertas conductas. Para hacernos una idea de la extensión del término podemos recurrir a los ejemplos de los que se vale Dworkin en LAI: (a) “Los diferentes estados que componen los Estados Unidos de Norteamérica no pueden discriminar por motivos raciales a sus ciudadanos cuando se trate de proveerlos de servicios básicos”, (b) “Alguien que acepta un cheque en el curso normal de una negociación tiene derecho a cobrarlo contra el girador”, ( c) “El Sr. X debe pagar la suma de $ 1.150 por los daños sufridos por el Sr. Y al resbalar en su vereda resbaladiza y quebrarse la cadera”, (d) “En Illinois un testamento necesita tres testigos para ser considerado válido”, (e) “El plan de discriminación positiva es constitucionalmente válido”, (f) “La tía que se enteró por teléfono que su sobrina fue atropellada por un vehículo a cientos de millas de distancia tiene derecho a ser compensada por el conductor por el daño emocional que hubiera sufrido” (LAI: 179-180). Podemos clasificar, siguiendo a Dworkin, estas proposiciones jurídicas según su contenido en muy abstractas, aquellas que versan sobre cuestiones constitucionales (ejemplos (a) y (e)); relativamente concretas, las referidas a cuestiones generales (ejemplos (b), (d) y (f)) o muy específicas, las que informan sobre cuestiones particulares (ejemplo (c)) (LAI: 179-180).

Dworkin sostiene que los desacuerdos que se producen en la práctica jurídica respecto a la verdad de este tipo de proposiciones constituyen “desacuerdos teóricos” sobre el derecho, porque versan sobre aquellas proposiciones que constituyen las razones por las que solemos aceptar la verdad o falsedad de una proposición jurídica (LE: 4). Estos desacuerdos no son ni respecto de hechos ni respecto de valores, sino que son desacuerdos interpretativos, surgen porque aquellos involucrados en la disputa difieren en aquello que constituye la mejor interpretación de la práctica jurídica (o de aquella parte relevante para la cuestión de que se trate) (Dworkin 1993b:5). En estos casos las proposiciones jurídicas no pueden ser entendidas como si fueran puramente descriptivas de ciertos hechos ni tampoco como si fueran puramente valorativas, sean referidas a preferencias personales o a teorías morales consideradas verdaderas. La alternativa que propone Dworkin es considerar que las proposiciones jurídicas no son ni descriptivas ni valorativas, sino que pertenecen a un genero intermedio que comparte elementos de ambos tipos de proposiciones pero que no puede identificarse exclusivamente con ninguno de los dos, esto significa considerar a las proposiciones jurídicas como proposiciones “interpretativas” de la práctica jurídica (LAI: 179-80).

Tal como dije en el inicio, Dworkin sostiene que no importa el grado de abstracción que tenga la cuestión interpretativa que se esté considerando, toda interpretación consiste en mostrar al material interpretado como lo mejor que puede ser. En el caso del derecho, para elegir entre diversas interpretaciones se debe apelar al conjunto de principios de moralidad política que justifiquen mejor al derecho como un todo (LAI, Dworkin 1993b:7). La distinción entre el derecho que es y el derecho que debe ser, de acuerdo a la mejor teoría de la moralidad política capaz de ajustarse a los principales hechos de la práctica jurídica, ya no puede ser establecida. La formulación de una teoría jurídica, en la medida en que este compuesta también por proposiciones interpretativas sólo diferenciables de las que emiten el resto de los participantes de la práctica por su alto nivel de abstracción, no puede ser concebida como una tarea de elucidación conceptual y valorativamente neutra.

En sentido estricto, la posición de Dworkin permite hacer una distinción entre el derecho que es (de acuerdo a la mejor teoría de la moralidad política capaz de ajustarse mejor a los hechos relevantes de la práctica jurídica en cuestión) y el derecho que debe ser (según la mejor teoría de la moralidad política, elegida sin el constreñimiento de que la misma se adecue al contenido de dicha práctica). Esta posibilidad se encuentra explícitamente defendida por Dworkin en el capítulo final de LE, cuando distingue entre las exigencias de la integridad inclusiva y de la integridad pura (LE: 400 y ss.). Pero la viabilidad de esta distinción es sumamente cuestionada (ver Vernengo 1993).

Era de esperar que esta forma de caracterizar la labor filosófica fuera rechazada por los filósofos del derecho positivistas (ver Hart 1987, Gavison 1987). Incluso que se cuestionaran los fundamentos hermenéuticos sobre los que Dworkin apoya todas sus tesis a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta11. Sin embargo, existe otra crítica, bastante extendida entre los filósofos analíticos hispanoamericanos (Bulygin 1982) e italianos (Guastini 1988), que está dirigida a la forma en la que Dworkin utiliza la noción “proposición jurídica”. Estos autores le objetan haber dado por tierra con la distinción tradicional entre normas y proposiciones normativas. Para dar respuesta a esta cuestión conviene, en primer lugar, presentar de forma detallada las mencionadas críticas, aclarando su alcance. Tomaré como punto de referencia los argumentos que formuló Bulygin (1982), por ser los que han generado mayor adhesión. García Figueroa (1998: 293) sostiene expresamente que se adhiere a la crítica que Bulygin hace a la “confusa noción de proposición de derecho” que emplea Dworkin. Riccardo Guastini, por su parte, no menciona a Bulygin, pero dedica once párrafos de su reseña de LE a resumir las conclusiones del artículo del filósofo argentino. En ninguno de los dos casos que he tomado como ejemplo, se argumenta en defensa de las críticas de Bulygin (lo que, como veremos de inmediato, resulta imprescindible para hacerlas extensivas a las posiciones de Dworkin en LAI y LE) ni se aportan nuevos argumentos para apoyar sus conclusiones12.

2.2. NORMAS Y PROPOSICIONES NORMATIVAS

Eugenio Bulygin (1982) dedicó un artículo a analizar la ambigüedad de las expresiones deónticas, esto es de aquellas oraciones en las que figuran términos deónticos como “debe”, “puede”, “obligatorio”, “prohibido”, etc. La ambigüedad de estas expresiones es presentada por Bulygin de la siguiente manera:

“... Las mismas palabras... pueden ser usadas para dictar una prescripción (una orden o una prohibición) y también para enunciar que hay una determinada prohibición o que algo es obligatorio o está permitido de acuerdo a una norma o a un conjunto de normas dado. En el...

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