La propiedad de los bienes arqueológicos subacuáticos
| Autor | Jesús Mª García Calderón |
| Páginas | 317-323 |
LA DEFENSA PENAL DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 317
4. LA PROPIEDAD DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS
SUBACUÁTICOS
En todo caso, la Convención no pretende dirimir disputas o de-
mandas relativas a la propiedad de estos bienes culturales y no regla-
menta la cuestión de su propiedad entre las distintas partes interesa-
das. Estas características explican que se trate de una problemática
aquejada de toda la complejidad que comporta la resolución de liti-
gios internacionales en materia de tráfico ilegal de bienes culturales,
una materia que escapa –por su extensión– de los límites de este tra-
bajo y que merecería una exposición muy detallada. Sí parece opor-
tuno recordar que pueden tener lugar, para la persecución del expo-
lio de nuestro Patrimonio Histórico por las autoridades españolas,
tres situaciones claramente diferenciadas:
En primer lugar, la de aquellos yacimientos que se encuentran
en las aguas jurisdiccionales españolas 495 y deben ser protegidos con
toda normalidad conforme a las disposiciones del Código Penal y la
legislación europea, estatal y autonómica que está referida a la pro-
tección de los bienes arqueológicos. Recordemos que el artículo 303
1982 señalaba que los Estados tienen la obligación de proteger los objetos de
carácter arqueológico e histórico hallados en el mar y cooperarán a tal efecto.
Considerando que el Estado ribereño tiene legitimidad para fiscali-
zar el tráfico de tales objetos, podrá presumir que la remoción (no el apo-
deramiento) de aquellos de los fondos marinos de la zona a que se refiere ese
artículo sin su autorización constituye una infracción.
El mismo precepto señala que nada de lo dispuesto en este artí-
culo afectará a los derechos de los propietarios identificables, a las
normas sobre salvamento u otras normas del derecho marítimo o a
las leyes y prácticas en materia de intercambios culturales; todo ello,
además, sin perjuicio de otros acuerdos internacionales y demás nor-
mas de derecho internacional relativos a la protección de los objetos
495 Sobre delimitación del mar territorial español, Real Decreto 2510/1977, de 5
de agosto, extendido hasta las doce millas náuticas mediante la Ley 10/1977, de 4 de
enero sobre mar territorial. La delimitación de la Zona Contigua tuvo lugar a través de
la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado, y de la Marina Mercante,
extendiéndola hasta un máximo de 24 millas. Finalmente, la Ley 15/1978, de 20 de
febrero, se refiere a la plataforma continental y a la zona económica exclusiva.
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