Prólogo

AutorVictoria García del Blanco
Páginas17-22
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PROTESTA SOCIAL, DERECHO PUNITIVO Y DERECHOS FUNDAMENTALES
LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE LA LIBERTAD CIUDADANA
Conocí a Pedro Martín Paez Bimos en las aulas del Máster de Derecho
Penal Económico que por entonces yo dirigía en la Universidad Rey Juan Carlos.
Estaba recién llegado de Ecuador y había venido con las ganas propias del que
sabe lo que quiere encontrar. Destacaba por su interés, por el conocimiento de
la realidad social y por la agudeza de sus preguntas en estos tiempos de sorpren-
dente pasividad en el grueso del alumnado. Siempre dispuesto a la pregunta y
sin esquivar la posibilidad de respuesta. Después de la clase solía acercarse a
profundizar en algún tema pendiente de clases pasadas o a comentar cualquier
noticia de actualidad. Era perfectamente consciente que tenía una estupenda
oportun idad de formación y Pedro no desaprovecha las oportu nidades.
Recuerdo claramente su mirada de determinación el día de la graduación
en el Máster cuando me prometió volver a España y hacer la tesis doctoral. Y
yo cruzaba los dedos, pues conozco demasiadas historias en las que urgencias
vitales posponen este tipo de metas. Felizmente, Pedro volvió.
El tema de tesis que eligió no fue casual; suponía un cruce de cam i-
nos entre su trayectoria vital, la de sus co-directores de tesis y un momento
desafortunado para la historia legislativa en España, pues haciendo uso de su
mayoría absoluta, en 2015 el Partido Popular en el Gobierno, había conseguido
aprobar la polémica “Ley Mordaza” y una reforma en paralelo del Código penal
de los delitos contra el orden público que generaron un insólito recorte de de-
rechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho de reunión.
Se alumbró la Ley de Seguridad Ciudadana, en una época en la que España
seguía azotada por la crisis económica y en la que las ca lles estaban en per-
manente convulsión. La norma estuvo rodeada de polémica porque trajo más
multas y mucho más caras, especial mente, en causas como las manifestaciones
no comunicadas, la paralización de desahucios o los piquetes en las huelgas.
Diferentes agentes sociales alertaron de una criminal ización de la protesta.
Los partidos políticos en aquel momento en la oposición pronto presentaron
un recurso de inconstitucionalidad contra numerosos preceptos de esta Ley en
línea con la contestación social que suscitó. El Tribunal Constitucional aún no
se ha pronunciado al respecto.
Prólogo

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