Prólogo

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I

El reconocimiento del derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública es consustancial al funcionamiento de un Gobierno democrático y constituye una garantía esencial contra los abusos de poder.

La luz del sol es el mejor de los desinfectantes

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Estas palabras del juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Brandeis, expresan la idea de que el Gobierno y la Administración deben actuar con publicidad y transparencia, y que el poder público, en ningún caso, en ninguna circunstancia, puede pretender refugiarse en la invisibilidad para dejar de ser controlado por la ciudadanía.

En los Estados democráticos —fundamentados en el principio de división de poderes, en la exigencia de responsabilidad a los poderes públicos, y en el respeto a las libertades públicas—, el derecho a acceder a la información pública es uno de los componentes esenciales del estatuto de ciudadanía política.

Es incuestionable que la democracia, en cualquiera de sus acepciones, es incompatible con comportamientos opacos de las autoridades públicas, que traten de obstaculizar el libre acceso del público a la información que obre en su poder.

Asegurar la buena gobernanza del sistema democrático requiere una ciudadanía adecuadamente informada e interesada en la «cosa pública», en consonancia con los postulados de una sociedad abierta, a la que no se le puede poner trabas para conocer los documentos y expedientes que sirven de soporte a las decisiones de los poderes públicos.

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La democracia funciona mejor cuanto más conocimiento e información de los asuntos públicos disponen y comparten los ciudadanos.

Garantizar el derecho de acceder a la información permite verificar si el actuar de los gobernantes es acorde con el respeto al principio de legalidad y con las normas que rigen la ética pública.

Los representantes de las instituciones públicas están obligados a facilitar a los ciudadanos toda la información de que dispongan sobre los asuntos públicos, salvo que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen restringir, por razones de interés público, el acceso a datos o documentos oficiales.

II

La era digital ha contribuido de forma decisiva a transformar la sociedad actual, y conformar una sociedad, integrada por ciudadanos interconectados, más transparente y vigilante.

Gracias a los avances tecnológicos en las comunicaciones electrónicas, el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública, no requiere cumplimentar las formalidades y formalismos previstos en las reglamentaciones procedimentales propias de un Estado burocrático.

La prestación del derecho de acceso a los registros y archivos públicos se libera de las caducas prácticas funcionariales, porque los documentos oficiales están permanentemente puestos a la libre disposición de todos los usuarios interesados que acceden a ellos por vía telemática.

El respeto debido al derecho de acceder a la información pública constituye un factor relevante de legitimación del sistema político en su conjunto y de las instituciones representativas, en cuanto que todas las autoridades públicas, sin excepción...

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