Prólogo
| Autor | Jaime Rossell |
| Páginas | 13-16 |
Page 13
El reconocimiento constitucional del derecho fundamental de libertad religiosa y el mandato a los poderes públicos dirigido a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos sean reales y efectivas, ha traído consigo una considerable producción legislativa. La libertad religiosa, la primera de las libertades en palabras de Jemolo, y su reconocimiento jurídico por parte del legislador ha llevado a que éste haya tenido que regular cuestiones que hasta hace bien poco no habían sido objeto de su atención. Y es que la razón es evidente. Más allá de la función promocional que el Estado español ha adoptado en relación con el hecho religioso, lo cierto es que en no pocas ocasiones el individuo se encuentra con situaciones en las que entra en confiicto su posición como creyente y como ciudadano.
Es quizás la sanidad, referida especialmente a los servicios públicos sanitarios, uno de los ámbitos en el que con mayor frecuencia se producen confiictos entre el individuo y la Administración como consecuencia de las creencias religiosas del mismo. Bien porque no se reconocen éstas frente a una legislación aplicable y una praxis médica que violenta la conciencia del individuo, bien porque el desconocimiento de la diversidad religiosa presente en nuestra sociedad ha provocado situaciones en las que, frente a la petición del ejercicio del derecho fundamental, el individuo se ha quedado sin respuesta a su pretensión por parte de los poderes públicos.
El libro que ahora prologo trata de acercar al lector a estas cuestiones analizando cuál ha sido la respuesta del legislador español, estatal y autonómico, a estos desafíos. El autor, jurista que ha trabajado durante muchos años en el Consejo Consultivo de Extremadura, nos pone de manifiesto la interrelación existente entre el derecho de libertad religiosa y el principio de igualdad que previene el artículo 14 de nuestro texto constitucional, proponiendo a la Administración sanitaria la búsqueda de soluciones y puntos de encuentro que aseguren el efectivo reconocimiento y protección del derecho fundamental de libertad religiosa del individuo frente a la administración sanitaria, dentro de un marco jurídico que establece como límite al mismo el orden público protegido por la ley. Y es que la gestión de este derecho en el ámbito sanitario requiere articular una serie de respuestas para las que, tradicionalmente y desde un desconocimiento difícilmente excusable, las Administraciones públicas españolas se han desentendido.
En este...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba