Prólogo

AutorJosé Bermejo Vera
Cargo del AutorUniversidad de Zaragoza
Páginas9-12

Page 9

Hay pocas manifestaciones del poder de las Administraciones públicas tan evidentes -y tan odiosas, claro está, para el que las sufre- como la facultad de sancionar. Si siempre ha sido objeto de encendidas polémicas la consideración que merece el «ius puniendi» del Estado, materializado en el Derecho Penal, no es menor la «mala prensa» de la llamada potestad sancionadora de las Administraciones públicas, a cuya naturaleza y consecuencias se refirió hace algún tiempo un prestigioso tratadista español, tal vez exageradamente, como una intromisión intolerable en el ámbito propio y exclusivo del Poder judicial. Es curioso, sin embargo, que comiencen a aparecer comentarios sobre la preferencia del Derecho Administrativo sancionador -esta es ya expresión admitida- respecto del Derecho Penal, como remedio represivo eficaz frente a ciertas conductas antisociales, pues resulta dudoso que algunas de esas actitudes humanas merezcan la dura sanción de privación de libertad.

Se trata, por tanto, de un tema tan relevante en el que todos los esfuerzos serán pocos para analizarlo con objetividad y rigor, con simultáneo distanciamiento de los casos concretos y con la competencia necesaria para no caer en el fácil verbalismo.

Así lo hace Javier Olivan del Cacho, joven Profesor de la Universidad de Lleida, que ha tenido el atrevimiento de incidir en una materia tan perfectamente estudiada entre nosotros por nuestro querido y admirado Maestro Alejandro Nieto. Y lo ha hecho con gran dignidad, aprovechando la importantísima laguna que ofrece la denostada -por tantas razones- Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, «supuestamente» reguladora de un procedimiento administrativo común. Parece mentira, por otro lado, que esa Ley, tan original y minuciosa en otras cuestiones -por ejemplo, al introducir la curiosa y difícilmente practicable «certificación de acto presunto»- haya derogado apresuradamente el procedimiento sancionador que contenía la venerable Ley de Procedimiento Administrativo precedente (de 1.958) y no haya tenido el mismo cuidado a la hora de buscar originalidad y rigor en las reglas de sustitución.

Por eso, en el libro se estudian las consecuencias que se han derivado, en materia de procedimiento administrativo sancionador, de las opciones de fondo de laPage 10 Ley 30/92. Dicha Ley, como se ha dicho, ha renunciado, por un lado, a regular un procedimiento...

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