Prólogo
| Autor | Santiago Muñoz Machado |
| Cargo del Autor | Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad Complutense de Madrid |
| Páginas | 27-31 |
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Este libro de Rafael Caballero documenta la pequeña historia de la liberalización de las infraestructuras de redes y analiza los problemas que plantea la titularidad y gestión privada de las mismas para asegurar la igualdad de acceso de los operadores privados a los mercados, y la preservación, al tiempo, de los intereses generales. Las serias dificultades que detecta para el establecimiento de un equilibrio óptimo entre la titularidad y gestión privadas y los demás intereses en conflicto, le lleva a plantearse como conclusión si no sería pertinente un retorno a la titularidad pública, al menos limitado y parcial, de ciertas infraestructuras.
Los procesos de liberalización de los mercados, impulsados en toda Europa desde mediados de los años ochenta, han provocado cambios trascendentales en el régimen jurídico de los servicios públicos y exigido una sustitución radical de las técnicas e instrumentos de intervención pública en la economía. Algunos, para explicar el cambio de actitudes de los poderes públicos, han dicho que hemos pasado del Estado gestor al Estado regulador, lo cual, sin ser del todo exacto, no deja de ser verdad. Sobre todo, explica eficazmente lo esencial: la principal forma de inter-vención del Estado en la economía ya no es (como lo fue durante casi todo el siglo XX en virtud del impulso que dio el nacionalismo económico, desde principios de la centuria, a la traslación masiva a mano pública de empresas y servicios) la participación en empresas y el mantenimiento de la titularidad pública de los servicios económicos, sino la supervisión continua del mercado para asegurar la igualdad de oportunidades y la libre competencia, permitiendo que sean empresas privadas las que se ocupen de la prestación de servicios de interés general.
A esta segunda manera de entender la intervención pública en la economía se llama, con carácter general, función de regulación, agrupando en ella las decisiones de carácter normativo, de control, verificación y vigilancia, de resolución de controversias y sancionadoras que son las que, en esencia, resumen la relación de los poderes públicos con los nuevos mercados liberalizados.
Decía antes que, sin embar go, ello no ha supuesto la desaparición del Estado gestor (uso el término comprendiendo en el concepto a todas las Administraciones Públicas que lo integran) porque el Estado sigue siendo un descomunal propietario (de bienes de dominio público, de montes, de infinidad de variantes de bienes patrimoniales, de inmuebles o participaciones accionariales) y el titular de servicios
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públicos de importancia central para la convivencia (fuerzas armadas, educación, sanidad, servicios sociales...), que movilizan una masa inmensa de recursos y tienen una capacidad de orientación de la economía general realmente destacadísima. Todo este inmenso paquete de intereses y acciones es gestionado ordinariamente de modo directo por...
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