Proceso monitorio y MASC

La exigencia del intento previo de un medio adecuado de solución de controversias, introducida por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio público de Justicia, en adelante Ley Orgánica 1/2025, aparece expresamente regulada para determinados procedimientos en la propia norma. Sin embargo, en otros procesos no previstos de forma específica, se han suscitado dudas sobre su aplicación. Esta situación ha obligado a la jurisprudencia menor a fijar criterios interpretativos. En particular, se ha debido atender a la naturaleza del proceso y a la disponibilidad de la materia para determinar la exigibilidad del requisito.

A continuación, se analizan los principales criterios jurisprudenciales sobre la aplicación de los MASC al proceso monitorio tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025.

El análisis de la exigibilidad del requisito de procedibilidad en el proceso monitorio exige partir de una premisa esencial: no existe un único modelo de proceso monitorio, sino distintas modalidades con naturaleza y finalidad parcialmente diferenciadas.

Así, junto al proceso monitorio genérico regulado en los artículos 812 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), coexisten el proceso monitorio especial en materia de propiedad horizontal, previsto en el artículo 21 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal (LPH), y el proceso monitorio europeo, regulado por el Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo.

Esta diversidad no es meramente formal, sino que tiene consecuencias relevantes a efectos de la aplicación del requisito de procedibilidad previsto en la Ley Orgánica 1/2025, pues cada modalidad responde a una lógica propia.

En particular, mientras que el monitorio genérico se configura como un cauce amplio para la reclamación de deudas dinerarias, el monitorio de propiedad horizontal presenta un marcado carácter formalista y tasado, y el monitorio europeo se inserta en un marco normativo supranacional que limita la intervención del derecho interno. Por ello, la jurisprudencia menor y los acuerdos de unificación de criterios han tendido a modular la exigibilidad del MASC en función de estas diferencias estructurales.

Sentada la anterior distinción, la doctrina jurisprudencial menor y, de forma particularmente significativa, los acuerdos de unificación de criterios, han establecido como regla general que el proceso monitorio se encuentra sujeto al requisito de procedibilidad consistente en el intento previo de un medio adecuado de solución de controversias.

Esta conclusión se apoya en una interpretación amplia y sistemática del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 1/2025, que configura el intento de negociación previa como presupuesto general de acceso al proceso, sin establecer una exclusión expresa del procedimiento monitorio. El procedimiento iniciado por el demandante (reclamación monitoria) entra dentro del ámbito objeto de aplicación de la referida norma legal, exigiéndose formalmente como requisito de procedibilidad (para su admisión a trámite) la acreditación de haber acudido previamente a algún MASC (AAP Navarra 46/2026, 13 de febrero de 2026, ^{[j 1]} AAP Navarra 53/2026, 20 de febrero de 2026, ^{[j 2]} AAP Navarra 48/2026, 16 de febrero de 2026, ^{[j 3]} AAP Girona 26/2026, 2 de febrero de 2026, ^{[j 4]} entre otros).

En esta línea, múltiples acuerdos de unificación de criterios han afirmado de forma expresa que en los procedimientos monitorios es exigible la acreditación de la actividad negociadora previa. En este sentido, véanse:

• Acuerdo de unificación de criterios de la Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona, de 12 de marzo de 2025.
• Acuerdo de unificación de criterios de la Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia de Granada, de 28 de marzo de 2025.
• Unificación de criterios Junta Sectorial de jueces de Primera Instancia de Bilbao de 31 de marzo y 7 de abril de 2025.
• Unificación de criterios de los MASC de los Letrados/as de la Administración de Justicia de los Juzgados de Instancia del partido judicial de Bilbao, de 28 de abril de 2025.
• Unificación de criterios del requisito de procedibilidad de los MASC del Decanato de los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, de 3 de abril de 2025.
• Criterios orientadores de los Magistrados/as de Primera Instancia y de los Juzgados Hipotecarios de Madrid con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 26 de septiembre de 2025.
• Acuerdos de unificación de criterios de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Girona, de 1 de octubre de 2025.
• Acuerdos de unificación de criterios de las secciones (1ª y 3ª) de la Audiencia Provincial de Tarragona de 23 de octubre de 2025.
• Acuerdo del Presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Almería de unificación de criterios sobre el requisito de procedibilidad establecido en la Ley Orgánica 1/2025, de 28 de octubre de 2025.
• Acta del Pleno jurisdiccional de la Audiencia Provincial de Valladolid, secciones civiles, de 5 de noviembre de 2025.
• Unificación de criterios de los MASC de los Letrados/as de la Administración de Justicia de los Juzgados de Instancia del partido judicial de Bilbao, de 28 de abril de 2025.
• Criterios orientadores de los Magistrados/as de Primera Instancia y de los Juzgados Hipotecarios de Madrid con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 26 de septiembre de 2025.

Desde un punto de vista material, esta solución resulta coherente con la finalidad de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2025. El proceso monitorio se utiliza, en la práctica, para la reclamación de deudas dinerarias que, en muchos casos, podrían resolverse mediante una negociación previa. Exigir el MASC en este ámbito contribuye, por tanto, a evitar la judicialización innecesaria de conflictos y a descargar al sistema judicial de litigios potencialmente evitables.

Pese al carácter general de la exigencia, la práctica judicial ha identificado una serie de excepciones relevantes, construidas a partir de criterios de funcionalidad, especialidad normativa y coherencia sistemática.

En primer lugar, existe consenso en excluir el proceso monitorio europeo, al tratarse de un procedimiento regulado por normativa de la Unión Europea, cuya tramitación no puede quedar condicionada por requisitos adicionales impuestos por el derecho interno. La autonomía del Derecho de la Unión y la necesidad de garantizar la uniformidad en su aplicación justifican plenamente esta exclusión (AAP Zaragoza 33/2026, 11 de febrero de 2026 ^{[j 5]} y AAP La Rioja 308/2025, 19 de diciembre de 2025). ^{[j 6]}

La innecesaridad del requisito de procedibilidad en...