Procedimiento arbitral y su relación con el proceso
| Autor | Antonio José Vélez Toro |
| Cargo del Autor | Profesor sustituto interino. Universidad de Granada |
| Páginas | 165-182 |
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Procedimiento arbitral y su relación con el proceso
A J V T
Profesor sustituto interino. Universidad de Granada
Sumario: 1. Introducción 2. Los principios del procedimiento arbitral 3. Las reglas
generales del procedimiento arbitral 3.1. Determinación del arbitraje a seguir 3.2.
Notificaciones y computo de plazos en el arbitraje 3.3. Lugar e idioma del arbitraje
3.4. Representación y defensa en el arbitraje 4. Desarrollo de las actuaciones
arbitrales 4.1. Inicio 4.2. Organización del arbitraje: determinación del objeto y
calendario 4.3. Alegaciones: demanda y contestación 4.4. Prueba 4.4.1. Acceso a
las fuentes de prueba 4.4.2. Modalidades de auxilio judicial 4.5. Conclusión del
procedimiento arbitral 4.5.1. Laudo arbitral 4.5.2. Otros modos de terminación del
procedimiento arbitral 5. Conclusiones 6. Bibliografía.
1. INTRODUCCIÓN
En este estudio se examina la mecánica del procedimiento arbitral en el
Estado español como alternativa extrajudicial para la resolución de conflictos.
Para ello, vamos a analizar la relación entre arbitraje y proceso.
El arbitraje ha sido definido por el Tribunal Constitucional español como
aquel “medio heterónomo de arreglo de controversias, que se fundamenta en la autonomía
de la voluntad de los sujetos privados; lo que constitucionalmente se vincula con la libertad
El arbitraje se configura, pues, como el medio alternativo a la Jurisdicción,
como un mecanismo privado y de naturaleza civil para la resolución de contro-
versias, basado en el principio de autonomía de la voluntad de las partes. En el
arbitraje, el conflicto jurídico-privado es resuelto por un tercero, un árbitro, al
que designan previamente ambas partes. La resolución arbitral, denominada lau-
do arbitral, es de obligado cumplimiento teniendo fuerza de cosa juzgada y puede
ser ejecutada a través de los tribunales.
En síntesis, el arbitraje se debe conceptuar como una alternativa heterocom-
positiva a la solución jurisdiccional de conflictos privados, fundada en la voluntad
Antonio José Vélez Toro
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de las partes 2. Tal y como nos recuerda el profesor G , en el arbitraje el
árbitro no es un Juez, así que no es un fenómeno procesal; añade que no hay in-
conveniente ninguno en hablar del arbitraje como un pacto o como un contrato,
y concluye reconociendo que “en substancia, nos encontramos frente al contrato que da
vida a toda la institución arbitral” 4.
Respecto a los tipos de arbitrajes, podemos distinguir entre el interno e inter-
nacional. Será arbitraje interno si tiene lugar en el territorio nacional; por contra,
el arbitraje será internacional: a) si las partes tienen sus domicilios en Estados di-
ferentes; b) si el lugar del arbitraje determinado en el convenio arbitral o el lugar
de cumplimiento se encuentre fuera del territorio estatal; o c) si la relación jurídi-
ca de la que dimane la controversia, afecta a intereses del comercio internacional.
En cuanto al arbitraje interno, podrá ser ordinario si carece de regulación
específica, o especial si tiene una regulación especial, como ocurre en materias de
consumo, transporte terrestre, propiedad intelectual, seguros privados, arbitraje
cooperativo y en materia deportiva, y en los sectores de agua, energía, transporte
y servicios postales y otros de derecho privado.
También cabe el arbitraje testamentario –que se ha de incluir en testamen-
to–, para solucionar discrepancias entre herederos no forzosos o legatarios en
relación a la distribución y/o administración de bienes.
Finalmente, cabe el arbitraje estatutario en el seno de las sociedades mercan-
tiles de capital para someter a arbitraje los posibles conflictos que puedan surgir,
operando como convenio arbitral una cláusula en los estatutos sociales por la que
se efectúa la sumisión a arbitraje. Así, la sociedad mercantil se dota de este me-
dio para la resolución de sus controversias internas sobre sus acuerdos sociales 5,
siempre que exista dicha previsión estatutaria.
De cualquier modo, para la existencia de arbitraje hay que suscribir previa-
mente el llamado convenio arbitral –que puede ser una cláusula contractual–,
en el que ambas partes expresan su voluntad de someter a un árbitro la solución
de todas o algunas de las cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir de
relaciones jurídicas determinadas, sean o no contractuales, en materia de su libre
disposición, expresando la obligación de cumplir la decisión.
Aquí el arbitraje podrá ser común, también denominado doméstico, o ins-
titucional, si se encomienda a una institución o centro que realiza labores de ár-
bitro. En el segundo caso, las partes en el convenio arbitral pueden indicar la
2 Cfr. Faustino C M, El Arbitraje de Derecho Privado (Estudio breve de la Ley 60/2003, de 23
de diciembre de Arbitraje), 1ª ed., Thomson – Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2005, págs. 27-55; Luis Felipe
C S, «Concepto y características», Manual de Arbitraje, Tirant lo Blanch, Valencia, págs.
13 a 25.
3 Jaime G, El arbitraje en el derecho español. Su nueva configuración conforme a la Ley de 22 de diciem-
bre de 1953, Bosch, Barcelona, 1956, págs. 22 a 24.
4 Ibid., pág. 115.
5 El laudo que declare la nulidad de un acuerdo social inscribible, ha de inscribirse en el Registro
Mercantil, publicándose un extracto del mismo en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
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