Problemática contable del Concurso de Acreedores

AutorPlanificación Jurídica
Páginas683-704

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8.1. Introducción

Cada vez son más las empresas, autónomos y particulares que no pueden hacer frente a sus deudas y optan por abrir un proceso concursal que les permita resolver las situaciones de insolvencia y, en la medida de lo posible, reflotar la empresa o la economía familiar.

No cabe duda que estamos en una situación económica complicada. En España se empieza hablar de crisis económica. Si analizamos los datos estadísticos y los que a diario aparecen en la prensa, hay motivos suficientes para preocuparse.

En los primeros seis meses del año 2008, se declararon 1.021 concursos, un 7,25% más que en todo 2007, cuando se registraron 952 concursos. Sólo durante el segundo trimestre de 2008 se registraron 564 empresas afectadas por este procedimiento. El sector de la construcción, con 243 empresas en concurso, se encuentra a la cabeza, seguido por el comercio (especialmente al por mayor), con 210 compañías (un 19,3% más), y por el sector de instituciones financieras, servicios a empresas y actividades inmobiliarias, con 178 empresas afectadas (un 16,4% más).

Está claro, que el concurso de acreedores se ha consolidado como una herramienta útil para hacer frente a la crisis empresarial, tanto desde el punto de vista del deudor como del acreedor.

Sin ánimo de ser muy exhaustivos, comentamos a continuación los principales aspectos del concurso de acreedores contenidos en la LC, sin olvidarnos de su tratamiento y repercusión en el ámbito contable que será objeto de un estudio más profundo en un epígrafe diferente.

8.1.1. ¿Qué se puede hacer?

Las empresas americanas solicitan o instan las insolvencias al poco tiempo de producirse sus crisis; las europeas, por el contrario, apuran mucho, dejando pasar el tiempo buscando soluciones extrajudiciales y más aún las españolas que se resisten a buscar una definitiva solución, tanto que en un gran número de casos no hay forma de que se puedan salvar cuando acuden a un procedimiento concursal. Es interesante señalar que acudir cuanto antes a un procedimiento de insolvencia es aumentar las oportunidades de supervivencia de las empresas. El que una empresa insolvente, enferma, se acoja alPage 684 concurso debería verse como un tratamiento de choque, como un enfermo que para curarse necesita, por ejemplo, una operación quirúrgica.

Soplan malos vientos, y actualmente en España y en el resto de Europa se afronta un crisis económica importante. Mientras desde el Ministerio de Economía y demás foros autorizados se admite que los datos económicos generales pintan peor de lo esperado y la palabra crisis se instala en la vida cotidiana, los datos de un incremento en los procedimientos judiciales por la situación financiera de empresas y particulares constatan la recesión de una manera tangible en este ejercicio 2008. Otro dato o novedad, es que se registran quiebras de personas físicas, una cuestión que era poco habitual hasta la fecha.

También es cierto que hay Juzgados de lo mercantil que se encuentran saturados por el aumento de los procesos concúrsales abiertos y que son incapaces de iniciar la tramitación antes de los seis meses desde que las empresas solicitan un concurso de acreedores

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC en lo sucesivo), publicada en el BOE el 10 de julio de 2003, derogó la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, la cual regulaba las situaciones de crisis patrimonial e insolvencias de las empresas, es decir, las suspensiones de pagos y quiebras. La LC ha venido a unificar en un solo cuerpo legal la dispersa normativa que hasta ahora regulaba los procedimientos concúrsales. Esta Ley, que es fruto de un proceso de varios Anteproyectos elaborados durante casi medio siglo, ha mejorado en mucho el Derecho Concursal español que estaba en vigor hasta hace poco tiempo, pero, no obstante, plantea dificultades en su aplicación práctica que tendrán que irse superando poco a poco y que en estos momentos son necesarios.

Pues bien, la LC establece para los casos de insolvencia empresarial una única situación, el concurso de acreedores, que sustituye por lo tanto a las suspensiones de pagos y quiebras, y que se tramitan como un procedimiento judicial a cargo de los Juzgados de lo Mercantil, creados a través de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial realizada por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal.

Competencia territorial (imperativa)

Concurso principal

* Concurso voluntario: Juzgado Mercantil (JM] en cuyo territorio el deudor tenga el centro de sus intereses principales.

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* Concurso necesario: JM en cuyo territorio el deudor tenga el centro de sus intereses deudor tenga el centro de sus intereses principales, o JM en cuyo territorio radique el principal, o JM en cuyo territorio radique el domicilio del deudor (elección solicitante].

Concurso territorial

* JM en cuyo territorio radique el establecimiento del JM en cuyo territorio radique el establecimiento del deudor (si hay varios, elección solicitante].

8.2. Los primero pasos A tener en cuenta

Como a continuación comentaremos la declaración de concurso de acreedores de una empresa puede conducir a dos situaciones: el convenio de acreedores o la liquidación de la empresa. Además, cuando el convenio aprobado suponga para todos o parte de los acreedores una quita superior a un tercio del importe de sus créditos o una espera superior a tres años, y en todos los supuestos de apertura de la fase de liquidación, el concurso deberá ser calificado de forma expresa por el Juez, como fortuito o como culpable, mediante sentencia dictada al efecto.

La declaración de concurso de acreedores de la empresa procederá en caso de insolvencia de la misma. Se entiende que la empresa está en situación de insolvencia cuando no puede cumplir regularmente sus obligaciones.

El proceso que establece la LC para las situaciones de insolvencia empresarial, en sustitución de las suspensiones de pagos y quiebras es en síntesis:

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8.2.1. ¿Qué pasos debemos tener presente en el proceso de concurso de acreedores?
  1. Solicitud de la declaración de concurso de acreedores por el propio deudor o por cualquier acreedor.

    * Obligación por Ley de instar un procedimiento concursal a todo aquel que se encuentre o que prevea que se va a encontrar en un estado de insolvencia, entendido como aquel en el que el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

    * El plazo para cumplir esta obligación es de dos meses desde que el deudor hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.

    * El incumplimiento de esta obligación tendrá consecuencias negativas para el deudor en el proceso concursal, y cuando se trate de sociedades mercantiles para sus administradores:

    - Si el concurso es instado por un acreedor (concurso necesario) se abrirá la fase de calificación del concurso, y se presupondrá que en la generación o agravación del estado de insolvencia a mediado dolo o culpa grave del deudor o de sus representantes legales, lo que conllevará la declaración de culpabilidad del concurso (artículos 164 y 165 de la Ley Concursal). La sentencia dictada en esta fase de calificación expresará además:

    1. La determinación de las personas afectadas por la calificación, así en su caso, la de las declaradas cómplices. Si alguna de las personas como, afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho de la persona jurídica deudora, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición.

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    2o La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante un período de dos a 15 años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio.

    3o La pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concúrsales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados.

    - Responsabilidad de Administradores: Dispone el apartado 50 del Artículo 262.2. Ley Sociedades Anónimas que :

    "Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o al concurso. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior."

  2. Declaración de concurso por el Juez y nombramiento de la Administración concursal.

    Contenido del auto de declaración:

    * Para concurso voluntario y necesario

    * Facultades administración-disposición deudor

    *...

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