Privados de la libertad decapitados en las cárceles del Ecuador y el derecho fundamental a la vida

AutorDr. Robert Enrique Flores Pillajo
Cargo del AutorUniversidad Estatal de Bolívar
Páginas254-271
ISBN: 978-84-1122-231-0
Página
254
Capítulo 13. Privados de la libertad decapitados en las
cárceles del Ecuador y el derecho fundamental a la
vida
Dr. Robert Enrique Flores Pillajo
Universidad Estatal de Bolívar
I. Introducción
Los presos han sido decapitados, desmembrados, acribillados a balazos,
apuñalados y cremados como resultado de disputas de liderazgo entre
pandillas y cabecillas en las cárceles ecuatorianas. Utilizando motosierras,
amoladoras y otras herramientas, reclusos del centro de rehabilitación de
Turi, en Cuenca, abrieron el recinto vigilado y masacraron a los penados. En
uno de los tantos videos que se viralizaron en las redes sociales, personas
privadas de su libertad, decapitaron y patearon la cabeza de otro preso,
gritando de emoción y enojo (El Universo, 2021).
Este es uno de los ocho episodios de muerte ocurridos en las cárceles del
Ecuador en el año 2021, donde como resultado de varios disturbios,
aproximadamente 316 personas privadas de la libertad (PPL) fueron
asesinadas. Estos hechos obedecen al abandono de las cárceles por parte
del estado de veinte años, en ausencia de política criminal, excesivo uso de
la prisión preventiva, imposibilidad de reinserción social de las personas
detenidas, poco control efectivo por parte del Estado de las cárceles, etc.
(OEA, 2022). Otros aspectos a considerar en la crisis carcelaria del Ecuador
son: la reforma penitenciaria del 2014, la ampliación del inventario de delitos
en el Código Orgánico Integral Penal, la desaparición del Ministerio de
Justicia de Derechos Humanos y Cultos, Kaleidos (2021) citado por Política
pública de rehabilitación social (2022).
Una realidad que cada vez más creciente en las cárceles ecuatorianas, lo
es la existencia de múltiples bandas que responden a nombres como
“choneros”, "chone killers", "tiguerones", "lobos", "lagartos", "latin king". Para
mantener el control y comercio ilícito, realizan alianzas con carteles
Claves y retos de una justicia del siglo XXI: derechos, garantía s y procedimientos
Torres Fernández, C., Jerez Rivero, W. y De la Serna Tuya, J.M. (Eds.)
ISBN: 978-84-1122-231-0
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internacionales de drogas (por ejemplo, el de Jalisco Nueva Generación y
Sinaloa) que gestionan la venta, transporte y tráfico de drogas.
A fin de evitar que se realicen nuevos motines y consecuentes asesinatos
en las prisiones ecuatorianas, han surgido varias propuestas desde el
gobierno que permiten disfrutar de los derechos humanos durante la
privación de libertad. Así, se encuentran delineados en su política pública:
el derecho a la salud, el trabajo, la educación, el deporte, el fortalecimiento
del vínculo social, el arraigo, rehabilitación física y psicológica, desarrollo de
la información, la adecuación de la infraestructura, la ampliación de recursos
humanos requeridos, el establecimiento de alianzas, convenios y
cooperación, etc. (Política Pública de Rehabilitación Social, 2022).
Además, para frenar el hacinamiento carcelario, se encuentra en marcha el
indulto presidencial del gobierno ecuatoriano 2021, dirigido a personas con
enfermedades catastróficas y recientemente para aquellas que han
cometido delitos de robo, hurto, estafa, abuso de confianza. Se espera en el
año 2022 se puedan indultar aproximadamente a cinco mil personas
privadas de la libertad.
En otro orden de ideas, el derecho fundamental a la vida, a una buena vida
e incluso a una muerte digna, ha sido vulnerado por asesinatos en las
cárceles del Ecuador. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha
prescrito una serie de convenciones, principios, normas, lineamientos para
los estados miembros, el respeto a la dignidad humana, los derechos
humanos y obviamente el derecho a la vida de las personas privadas de
libertad. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
ha condenado a los estados por no respetar la vida de sus ciudadanos.
Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con
sus informes llama al respeto de los derechos humanos, incluyendo la
protección del derecho a la vida.
Además de la implementación efectiva de los informes de los organismos
internacionales, la aplicación de la nueva política pública de rehabilitación
social, indulto presidencial, la reforma penal, participación de los jueces en
el cumplimiento de la excepcionalidad constitucional de la prisión preventiva,
redunda con especial interés, la participación ciudadana público-privada en

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