Privacidad y redes sociales

AutorAgustí Cerrillo
CargoDoctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas. Profesor agregado de Derecho administrativo. Director del programa de Derecho de la UOC.
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El carácter global de Internet demanda, desde el punto de vista del derecho, unos sistemas reguladores que, trascendiendo las fronteras estatales, permitan superar las distancias y las barreras políticas, lingüísticas y culturales existentes entre los diferentes Estados. Pero también unas normas que sean capaces de dar respuesta a las diferentes actividades que se van desarrollando en la Red, para unos, retos y oportunidades; para otros, fuentes de irresueltos problemas.

Esta necesidad no se centra exclusivamente en un ámbito del derecho, sino que su impacto en el conjunto de las ramas del derecho es claramente evidente. Cualquier cambio que se produce en la Red tiene su impacto en el derecho, que, mediante diferentes instrumentos, persigue adaptarse a las necesidades que se van produciendo.

En esta línea, el número 9 de la revista que ahora se presenta incluye un conjunto de artículos que, desde diferentes disciplinas, tratan de dar respuesta desde el derecho a situaciones que surgen a raíz de las nuevas actividades que se desarrollan gracias a la extensión de Internet y de la información y los servicios que se realizan a través de Internet.

Ana María Delgado García, en su artículo, analiza la incidencia del impuesto sobre el valor añadido en las operaciones comerciales electrónicas llevadas a cabo por los consumidores, analizando diferentes aspectos como la localización de las operaciones comerciales electrónicas en el propio IVA y la aplicación del régimen especial de éste para el comercio electrónico y la regulación de la facturación telemática.

Rafael Oliver Cuello, también desde el ámbito tributario, estudia las consecuencias del comercio electrónico en su vertiente internacional y dirige su atención hacia la calificación de las rentas obtenidas, la determinación de la residencia de los sujetos interventores y la controvertida aplicación del concepto de establecimiento permanente en las operaciones comerciales electrónicas.

En otro orden de cuestiones, Alicia Chicharro Lázaro analiza la labor legislativa del Consejo de Europa frente a la utilización de Internet con fines terroristas. A partir de la exposición de los riesgos que se derivan del ciberterrorismo, examina la actividad normativa impulsada por el Consejo de Europa, que, al parecer de la autora, no deja lagunas trascendentales para hacer frente a este fenómeno, aunque también considera -siguiendo lo apuntado por el Informe de los Expertos sobre ciberterrorismo del Consejo de Europa del 2007- que el mayor problema desde el punto de vista jurídico se deriva de la falta de ratificaciones de los instrumentos ya existentes.

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Finalmente, Blanca Torrubia Chalmeta centra su atención en la infracción del derecho de marca en Internet. A partir de un análisis de la función esencial de la marca, analiza las condiciones del uso efectivo de una marca en Internet con efecto en un determinado Estado y los usos concretos de la marca que pueden ser constitutivos de una infracción del derecho de marca en Internet.

Además de estos artículos, este número 9 de la revista que el lector tiene ante sí presenta en su monográfico algunas de las ponencias que se presentaron en el V Congreso de Internet, Derecho y Política que se desarrolló durante los días 6 y 7 de julio en el Centre de Suport del Barcelonés de la Universitat Oberta de Catalunya.

En nuestra vocación de trasladar al mundo físico el debate jurídico y politológico alrededor de las nuevas tendencias que se observan en la Red, la atención del V Congreso IDP se ha centrado, en el año 2009, en las redes sociales. Que las redes sociales generan interés social es evidente. Según el Instituto Nacional de Estadística, uno de cada tres jóvenes en España usa redes sociales (Encuesta sobre Equipamiento y uso de TIC en los hogares, octubre del 2008). Pero más allá de las cifras, resulta sorprendente el creciente número de redes sociales que han ido apareciendo, tanto con fines sociales o lúdicos (Tuenti, Fotolog, Facebook, Orkut o Twitter) como profesionales (como Xing o Linkedin).

Sin embargo, a pesar del reconocimiento de las redes sociales y de su expansión en Internet, no se pueden dejar a un lado los riesgos que éstas pueden entrañar, en buena medida motivados, como observa el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) en su informe sobre la seguridad en las redes sociales, por la falta de toma de conciencia real por parte de los usuarios de los usos que podrán realizarse de sus datos personales, porque sobre la base de su propio funcionamiento los datos personales pueden ser utilizados de manera ilícita, los perfiles pueden publicar información falsa o sin autorización o pueden cederse derechos plenos e ilimitados de todos los contenidos.1Más allá de su impacto social, últimamente tanto las instituciones como los expertos han empezado a analizar el impacto de las redes sociales en los datos personales, la privacidad, la infancia y la juventud, etc. Además de INTECO, las agencias de protección de datos o el Grupo del artículo 29 han centrado sus esfuerzos en los últimos meses sobre algunos aspectos vinculados con las redes sociales. Algunos de estos esfuerzos y de las reflexiones que les han acompañado se aportaron en el V Congreso IDP, y ahora se han trasladado al monográfico repartidos en cuatro artículos.

En primer lugar, Ignacio Alamillo presenta algunas políticas y actuaciones llevadas a cabo en Cataluña y en el conjunto del Estado para la promoción de la seguridad de la información.

A continuación, Antoni Roig aporta sus reflexiones sobre el impacto de las redes sociales en la privacidad y sobre la oportunidad de extender las tecnologías garantes de la privacidad para hacer frente a los numerosos riesgos que para ella se generan en el seno de las redes sociales.

En esta misma línea, en tercer lugar, Franck Dumortier advierte de los riesgos que se pueden derivar tanto por lo que se refiere a la autodeterminación informativa como respecto a la privacidad de lo que

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él denomina la decontextualización de la información que los usuarios difunden en redes sociales como Facebook.

Cierra el monográfico, en cuarto lugar, Daithí Mac Síthigh, quien realiza una sugerente relectura sobre las diferentes aproximaciones interdisciplinares en las distintas ponencias e intervenciones que se realizaron en torno a las redes sociales a lo largo de los dos días que duró el V Congreso IDP.

Además de las secciones anteriores, este número da noticia, en la sección de actividades académicas, de las diferentes actividades que se han impulsado desde los Estudios de Derecho y Ciencias Políticas de la UOC a lo largo de los últimos meses.

Ana Delgado nos acerca a las III Jornada sobre problemas actuales de fiscalidad, dedicada en esta ocasión al análisis de las principales novedades introducidas en los procedimientos de gestión e inspección tributarias por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y los problemas derivados de su aplicación práctica.

Esther Vilalta, por su lado, nos aproxima a las principales cuestiones tratadas en la jornada celebrada el 15 de septiembre del 2009, dedicada al análisis y la sistematización de los principios y estándares que rigen las modalidades alternativas de resolución de conflictos (ADR/ODR) y sus particularidades, con el objetivo de avanzar en la delimitación de su marco normativo y su futura interoperabilidad judicial.

También se da noticia del Informe sobre la administración electrónica local dirigido por Agustí Cerrillo y Alfredo Galán, que fue presentado en la jornada «La administración electrónica local: horizonte 2010», organizada en noviembre en la Fundació Carles Pi i Sunyer de Barcelona.

Finalmente, en la sección de actualidad jurídica, Jordi García nos da de nuevo noticia de las novedades normativas que han aparecido desde el último número publicado en junio del 2009. Entre ellas, destacan particularmente las diferentes normas que se han ido adoptando en los últimos meses en materia de telecomunicaciones, así como los numerosos documentos, normas e informes elaborados por las instituciones comunitarias.

Agustí Cerrillo i Martínez

[1] http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/Estudios_e_Informes/Estudios_e_Informes_1/est_red_sociales_es [Fecha de consulta: noviembre del 2009].

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