Prisión de muy larga duración y garantías penales y penitenciarias
| Autor | Mª Del Mar Martín Aragón |
| Cargo del Autor | Doctora en Derecho, es profesora de Derecho penal en la Universidad de Cádiz |
| Páginas | 231-254 |
231
SUMARIO: 1. El recurso de inconstitucionalidad contra la prisión perma-
nente revisable. 2. Los principios afectados. 2.1. Humanidad. 2.2. Reedu-
cación y Reinserción social. 2.3. Proporcionalidad. 2.4. Seguridad jurídica.
1. EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
CONTRA LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
El 24 de junio de 2015 se presentaba en el Congreso el dictamen sobre
la constitucionalidad de la pena de prisión permanente que el Grupo Parla-
mentario Socialista encargó a un grupo de profesorado y cuya elaboración se
llevó a cabo por el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la
Universidad de Castilla-La Mancha dentro de un proyecto de investigación
sobre pena de muerte y prisión perpetua como alternativa. En dicho docu-
mento se concluía que dicha pena es anticonstitucional y así fue expuesto no
solo por parte de el portavoz del Grupo, Antonio Hernando, y de las Dipu-
tadas Isabel Rodríguez y Magdalena Valerio, sino también de las autoras y
los autores del dictamen429 a quienes se sumaron reconocidas voces del ám-
429 Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Rafael Alcácer Guirao, Lucía Martínez Garay,
Javier de León Villalba, Luis Arroyo Zapatero.
CAPÍTULO 3
PRISIÓN DE MUY LARGA DURACIÓN Y
GARANTÍAS PENALES Y PENITENCIARIAS
DEL CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO Y EFECTIVO DE LAS PENAS A LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
Mª DEL MAR MARTÍN ARAGÓN
232
bito académico penalista430. Este dictamen serviría de base para el recurso de
inconstitucionalidad que nalmente se presentó el 30 de junio de 2015 por
las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parla-
mentario Catalán de Convèrgencia i de Unió, Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUia: La Izquierda Plural, Grupo Parlamentario de Unión Progreso
y Democracia, es decir todos menos el Partido Popular431. El 21 de julio del
mismo año el recurso se admitió a trámite por acuerdo del Pleno del Tribunal
Constitucional con el número 3866-2015 y todavía hoy se espera respuesta.
El recurso comienza situando la cuestión en torno a pronunciamientos
previos del TC en materia de extradición a países en los que había una pena
de cadena perpetua y el valor de la jurisprudencia del TEDH. En este sentido
concluyen, por una parte, que el TC debe aplicar un estándar pleno de los
derechos fundamentales reconocidos en la CE ante un recurso de inconstitu-
cionalidad y no un estándar reducido (núcleo absoluto) que solo procede en
casos de vulneraciones indirectas, y por otra, que el TC no se ha pronunciado
de forma directa sobre la compatibilidad de la cadena perpetua con dicho
estándar pleno, solo con el núcleo absoluto.
A continuación enumeran los problemas de compatibilidad que esta
pena presenta con ciertos principios derivados de postulados constituciona-
les: vulneración de la prohibición de penas inhumanas o degradantes (art. 15
CE); vulneración de los principios de culpabilidad y proporcionalidad y en
consecuencia del derecho a la libertad (art. 17 CE); vulneración del mandato
de determinación (art. 25.1 CE); vulneración del mandato de resocialización
(art. 25 CE). Finalmente se enumeran los apartados del artículo único de la
LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modica la Ley Orgánica 10/1995,
430 Gonzalo Quintero Olivares, Antonio Cuerda Riezu, María Acale Sánchez, José Luis
Díez Ripollés, Adán Nieto Martín, Javier Álvarez García y Víctor Moreno Catena.
431 A Z, L., L S, J.A., P M, M. (Eds.),
R Y, C. (Coord.), Contra la cadena perpetua, Ed. Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, Cuenca, 2016, p. 12.
432 Apartado veinticuatro, en la redacción que da al art. 33.2.a) de la LO 10/1995, de 23
de noviembre, del CP, apartado veinticinco, en la redacción que da al art. 34 de la LO
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