Los principios del sistema urbanístico valenciano

En nuestra primera norma de carácter general sobre urbanismo, la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956, se contenía un concepto amplio de actividad urbanística que puede ser mantenido hoy en día. La configuraba como una función pública que justifica una serie de potestades administrativas, referida al planeamiento urbanístico, al régimen urbanístico del suelo, a la ejecución de las urbanizaciones y al fomento e intervención del ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y edificación. Si bien puede considerarse que esa fue una de sus novedades más relevantes, también otras dos, como la incorporación de la concepción social de la propiedad o el papel asignado al plan -que se convirtió en el delimitador de las expectativas de uso que el propietario de un terreno podía aspirar a poseer-, no adolecían de importancia, por ser cuestiones primordiales cuya diferente consideración subyace, también hoy, en la configuración de los diversos sistemas urbanísticos.

A su construcción se fueron añadiendo con los años otros elementos que han contribuido a su caracterización. Entre ellos, ha ido adquiriendo una creciente importancia la ordenación del territorio, incorporada posteriormente a nuestra legislación urbanística con la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana. De tal modo, a partir de ese momento quedó estrechamente unida al urbanismo, condicionándolo, pues su utilización trata de determinar el destino de diversas zonas del territorio, de ámbito

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supramunicipal o más extenso, con el fin de promover la utilización equilibrada, racional y armónica del suelo y de los demás recursos naturales.

A ambas materias, ordenación del territorio y urbanismo, se refiere la Constitución en su distribución competencial, reconociendo que las comunidades autónomas podían asumir competencias sobre ellas (artículo 148.1.3). Como consecuencia de la previsión constitucional, la totalidad de las comunidades autónomas se las atribuyeron en sus estatutos de autonomía con carácter pleno o exclusivo. A esta realidad intentó acomodarse la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre reforma del régimen urbanístico y valoraciones del suelo, así como su Texto Refundido de 1992, normas que examinó el Tribunal Constitucional en su Sentencia 61/1997, de 20 de marzo. Como es sabido, en este pronunciamiento se aborda el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas sobre urbanismo y otras materias concordantes, y es consecuencia de este la modificación que se produciría en el ordenamiento jurídico existente, lo que provocó que nacieran y se consolidaran los sistemas urbanísticos autonómicos, al tiempo que se fijó el papel que podía desarrollar la legislación estatal.

De tal modo, las comunidades autónomas han venido estableciendo a lo largo de los años sus propias políticas de ordenación de la ciudad y del territorio, desde un primer momento de eclosión de normas autonómicas urbanísticas, en las que se sirvieron de las técnicas jurídicas que consideraron más adecuadas, a su posterior revisión para solucionar los problemas que se fueron detectando en su aplicación e introducir racionalidad en los procesos de transformación del suelo. Sin embargo, esa diversidad de regímenes autonómicos no ha impedido la existencia de unos elementos comunes nacidos del anterior sistema estatal, de manera que recogen de modo general sus instituciones, aun con la aparición de diferentes técnicas y políticas urbanísticas.

La Comunidad Valenciana, como otras comunidades autónomas, ya estableció con anterioridad a esa sentencia su ordenación urbanística propia, si bien de manera parcial, al no regularse la disciplina urbanística. No en balde, el Estatuto de Autonomía le atribuía en su artículo 31.9 (actual 49.1.1) la competencia plena sobre urbanismo y ordenación del territorio, por lo que, en uso de tal atribución, se entendió que debía establecerse un nuevo sistema urbanístico y de ordenación territorial adaptado a la realidad territorial y económica valenciana².

Este sistema, si bien resultó innovador en sus inicios por las novedades que aportó al marco legal existente, no ha permanecido incólume a lo largo de los veinte años de su existencia. Diversas circunstancias sociales, económicas y jurídicas han hecho que se hayan renovado las bases sobre las que

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se sustentaba, aportando nuevos elementos sobre los que construir un modelo urbanístico y territorial más sostenible y participativo. De la sucesión de manzanas urbanizadas sin edificaciones que aún pueden verse en muchos lugares de la geografía valenciana, se ha querido pasar a un estado de cosas en que la ocupación del suelo sea más racional, en el que el uso de los recursos naturales no suponga un abuso y en que se garantice la calidad de vida y se preserve el paisaje. Nuevas figuras y técnicas, que sustituyen a aquellas novedades de la ordenación previa o las matizan, han sido establecidas para alcanzar estos y otros fines coherentes con ellos, que responden en última instancia a unos principios que se hallan presentes en un sistema urbanístico valenciano revisado.