LEY 14/1989, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1990.

Su importe asciende a 194.048.327.000 de pesetas y se distribuyen en atención a la índole de las funciones a realizar y según las cuantías que se detallan:

51 Infraestructura B sica y Transportes. 27.702.362.000 54 Investig. científica, Téc. y Aplicada. 807.336.000 55 Información B sica y Estadística. 71.061.000 61 Actuaciones Económicas

71 Agricultura, Ganadería y

91 Transferencias a Administraciones Públicas Territoriales. 1.460.602.000 01 Deuda Pública. 5.467.500.000

DE LAS MODIFICACIONES DE CREDITO

1. Los créditos para gastos se aplicar n exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por esta Ley, teniendo car cter limitativo y vinculante con sujeción a la clasificación y ordenación de los mismos, funcional, por programas, org nica y económica a nivel de concepto.

(226.01) y todos los subconceptos que se incluyan en el Concepto 229, dada su finalidad, que lo ser n a nivel con que figuren consignados en los Estados de Gastos.

Todo acuerdo de modificación presupuestaria deber indicar expresamente la función, el programa, el servicio, el artículo, concepto y subconcepto, afectado por el mismo.

Las competencias previstas en esta Ley para autorizar transferencias de crédito comportan las necesarias para la creación de los conceptos pertinentes de la clasificación económica del gasto.

Durante el ejercicio económico de 1990, las transferencias de crédito de cualquier clase estar n sujetas a las siguientes limitaciones:

2. No minorar n créditos para gastos destinados a subvenciones nominativas.

4. No incrementar n créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando tales transferencias se deriven del traspaso de competencias a los Cabildos Insulares o afecten a créditos de personal.

   La limitación prevista en los apartados c) y d) de este artículo no ser de aplicación cuando los incrementos de los créditos se hayan producido como consecuencia de reorganizaciones administrativas.

   Durante el ejercicio de 1990.

1. Autorizar las transferencias de crédito que resulten procedentes dentro de un mismo programa correspondientes a servicios de diferentes secciones.

   Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria-sección "Orientación" (FEOGA-Orientación), previo informe razonado de la Consejería de Economía y Comercio cuando se trate del FEDER, de la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales en el supuesto del Fondo Social Europeo y de la Consejería de Agricultura y Pesca cuando se trate de FEOGA-ORIENTACION.

   2. De las transferencias a que se refieren los apartados anteriores se dar cuenta al Parlamento de Canarias en el plazo de un mes a partir de la autorización.

   Durante el ejercicio de 1990 corresponde a la Consejería de Hacienda, adem s de las competencias genéricas atribuidas a los titulares de las diferentes Consejerías:

1. Entre uno o varios programas o servicios de una misma sección, cuando sean procedentes dentro del capítulo I, y también las que con cobertura en el capítulo II de los Estados de Gastos, tengan aplicación en dicho capítulo I.

3. Entre diversos capítulos, de uno o vatios servicios de una misma sección, dentro de una misma o distinta función y programa.

   La autorización de las transferencias de este tipo no precisar del previo informe del Comité de Inversiones Públicas.

   2. Resolver las discrepancias a que hace referencia el apartado 2 del artículo siguiente de esta Ley.

2. En caso de discrepancia entre el infonne de la Intervención General y la Propuesta de Modificación Presupuestara, se remitir el expediente a la Consejería de Hacienda a los efectos de la resolución procedente.

3. Los Presidentes de los rganos Superiores Colegiados estatutariamente previstos tendr n idénticas competencias que los titulares de las Consejerías en relación con las modificaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos respectivo, sin perjuicio del principio de autonomía presupuestaria del Parlamento de Canarias.

1. La Consejería que las solicite, deber justificar la imposibilidad de atender las insuficiencias presupuestarias, mediante alguna de las modificaciones reguladas de los artículos anteriores, utilizando créditos de su respectiva sección.

3. El Gobierno de Canarias, dar cuenta trimestralmente al Parlamento de las modificaciones autorizadas.

   1. Tendr car cter vinculante la relación de proyectos incluidos en el anexo de Inversiones, que comprende tanto las Inversiones Reales como las Transferencias de Capital (capítulos 6 y 7 de los Estados de Gastos), respecto de su Programa de Inversión, denominación, localización insular, distribución temporal, aplicación presupuestaria, fuente de financiación y montante económico de cada uno de ellos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la redacción dada en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 13/1987, de 29 de diciembre.

1. Aquellas modificaciones de créditos que afecten al Programa de Inversiones en el que esté incluido, denominación, a la localización insular o a la distribución porcentual o temporal de los Proyectos de Inversión, de conformidad con las previsiones del artículo 37.5 de la Ley 711984, de 11 de diciembre, según su texto modificado.

3. La creación de nuevos Proyectos de Inversión con cargo a bajas de adjudicación de los créditos de inversiones inicialmente consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

   4. El Gobiemo de Canarias dar cuenta trimestralmente al Parlamento de dichas modificaciones.

2. El Gobiemo a propuesta de las Consejerías, por razones de reconocido interés público debidamente justificadas, podr otorgar subvenciones nominativas e institucionalizadas.

3. En el anexo de Transferencias Corrientes se incluyen las subvenciones que con cargo al capítulo IV de los Estados de Gastos se definen como líneas de actuación concreta y vinculante, ya sean en gestión o financiadas por la Comunidad Autónoma, siendo meramente indicativo el concepto económico en el que se consignan, excepto en el caso de las definidas como nominativas.

De estas modificaciones se dar cuenta trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias.

DE LA GESTION PRESUPUESTARIA

La autorización de gastos de cualquier naturaleza cuya cuantía exceda de 150.000.000 de pesetas, requerir la aprobación del Gobierno.

El Gobierno, a propuesta de la Consejeria interesada, podr autorizar la contratación directa por razón de la cuantía de todos aquellos proyectos de obras que se inicien durante el ejercicio de 1990 con cargo a los presupuestos de la Consejería respectiva, cualquiera que sea el origen de los créditos, cuyo presupuesto sea superior a 25.000.000 de pesetas, e inferior a 50.000.000 de pesetas, publicando previamente en el Boletín Oficial de Canarias los pliegos de Condiciones Técnicas y Económicas de las obras a ejecutar.

1. Los de car cter tributario y los de la Seguridad Social y Mutualidades del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

3. Los no asignados expresamente a ningún otro órgano.

   1. Los centros docentes públicos no universitarios, en el mbito territorial de Canarias, dispondr n de autonomía en su gestión económica en los ténninos que se establecen en este artículo.

      A tal efecto, los fondos librados a justificar, con cargo a los créditos consignados en el subconcepto 229.01 de Gastos para actividades docentes incluidos en los programas de la Sección 18, podr n tener el car cter de anticipo de caja fijo.

      3. La venta de bienes muebles requerir la previa autorización de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

      5. El proyecto de presupuesto anual de gastos se confeccionar libremente por el centro, sin m s limitación que su acomodación a los créditos disponibles y a su distribución entre todas las partidas de gastos que resulten necesarias para su normal funcionamiento.

      6. El proyecto de presupuesto anual ser sometido por la Comisión Económica al Consejo Escolar del centro, para que proceda a su estudio y aprobación.

      7. Un ejemplar del proyecto de presupuesto aprobado se remitir a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que, en el plazo de un mes, deber comprobar que se ajusta a la normativa establecida. De no mediar reparo, el presupuesto se entender autom ticamente aprobado; en otro caso, la Consejería notificar al centro las observaciones que formule, a fin de que los órganos de gestión y el Consejo Escolar procedan a su acomodación.

      A estos efectos, la justificación de las diferentes partidas de gasto podr efectuarse por medio de una certificación del Consejo Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales.

      10. El Director del centro remitir a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes dicha certificación, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de cada semestre natural.

      1 I. En los Centros en que no esté constituido el Consejo Escolar la aprobación del presupuesto y la justificación de las cuentas corresponder a sus órganos de dirección.

      13. Se autoriza a cualquier otro Departamento del Gobierno de Canarias, que ejerza competencias derivadas de la aplicación de la Ley Org nica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación y en coordinación con la Consejería de Hacienda, a establecer en sus centros docentes un sistema de gestión económica basado en idénticos principios de autonomía del desarrollado en los apartados anteriores del presente artículo.

      DE LOS GASTOS DE PERSONAL

      DE LOS REGLAMENTOS RETRIBUTIVOS

   1. A partir del 1 de enero de 1990, la cuantía de los componentes retributivos del personal en activo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma no sometido a la legislación laboral, experimentar n el siguiente incremento, respecto a los establecidos para el ejercicio de 1989:

2. El cómputo de todas las retribuciones complementarias, experimentar n un incremento del 5 por cien, sin perjuicio del resultado individual de la aplicación de dicho incremento y de lo que establece la Disposición Transitoria Novena de la presente Ley.

   Con el fin de atender las necesidades ineludibles de determinados servicios cuya prestación se caracteriza por su singularidad y especial cualificación del personal que los ha de cubrir, el Gobierno, con car cter excepcional y previo informe de la Comisión Superior de la Función Pública, propuesta conjunta de las Consejerías de Hacienda y Presidencia, podr acordar incrementos retributivos a ese personal que superen el tope del 5 por cien, reseñado anteriormente. Ese mayor incremento deber financiarse, en su caso, con cargo a otros créditos para gastos corrientes de los consignados en la sección presupuestaria afectada, o en un incremento del porcentaje de participación en los Tributos no cedidos y con las limitaciones que sobre modificaciones de crédito se contienen en el capítulo 11 del título 1 de la presente Ley.

1. Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

3. Las indemnizaciones correspondientes a traslados subvenciones o despidos.

5. Los complementos personales que se deriven de la aplicación del Convenio Colectivo nico para el Personal Laboral al Servicio de la Administración Autonómica, publicado en el B.O.C. de 21 de agosto de 1989.

   Los incrementos de la masa salarial bruta se calcular n en términos de homogeneidad respecto a los dos periodos objeto de comparación, tanto en lo que respecto a efectivos reales de personal laboral, como al régimen privativo de trabajo, jornada legal o contractual, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones generales, comput ndose en consecuencia, por separado, las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 1990 deber n satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente pacto que se devenguen a lo largo del ejercicio presupuestario de 1990.

   3. Se establece un Fondo de Mejora Salarial de 285.000.000 de pesetas de los que 125.000.000 corresponden al personal funcionario al servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias, excluido al personal docente y 160.000.000 al personal laboral, y otro de acción social de 150.000.000 para todo el personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias, de los que 1 00.000.000 corresponden a funcionarios. y 50.000.000 al personal laboral. El Fondo de Mejora Salarial, previo informe de la Comisión Superior de la Función Pública y a propuesta conjunta de las Consejerías de la Presidencia y de Hacienda, se asignar para la mejora de las retribuciones de las escalas o grados y categorías que lo precisen, o para resolver situaciones puntuales que requieran medidas de equiparación.

   5. Las disposiciones o expedientes que impliquen modificaciones de plantilla o creación de unidades administrativas, sólo podr n tramitarse cuando se financien con cargo a la sección 19 "Diversas Consejerías" o cuando el incremento del gasto quede compensado por la reducción de créditos destinados para gastos corrientes que no tengan el car cter de ampliables o por la obtención de ingresos adicionales suficientes, derivados de las referidas modificaciones; en todo caso en el correspondiente expediente la propuesta de la Consejería de la Presidencia deber ir acompañada por el informe previo de la Consejería de Hacienda.

   7. Las retribuciones complementarias de los funcionarios del Cuerpo de Veterinaria de Sanidad Local, se ajustar n a lo previsto en la Ley 3011984, de 2 de agosto, sin perjuicio de su adecuación a las señaladas para el resto de los funcionarios de la Comunidad Autónoma.

1. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo en que se halle clasificado el Cuerpo o escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades, sin perjuicio de su adecuación a las cuantías definitivas que se fijen en las normas legales que se dicten conforme a las prescripciones de la Disposición Transitoria Novena de la presente Ley:

   A 1.460.880 56.076

   c 924.240 33.648

   E 689.904 16.836

3. El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades, sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Transitoria Novena de la presente Ley:

   30 1.282.800

   29 1.150.656 28 1.102.248 27 1.053.840 26 924.540 25 820.284 24 771.876 23 723.480 22 675.072 21 626.784 20 582.204 19 552.456 18 522.732 17 492.984 16 463.272 15 433.524 14 403.800 13 374.052 12 344.304 11 314.604 10 284.868 9 270.012 8 255.120

   A efectos de lo previsto en el apartado 69, del número 1, del artículo 16, de la Ley 2/987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria y de conformidad con el art° 20.12 de la presente Ley, para el ejercicio económico de 1990, el valor de cada punto del complemento específico queda fijado transitoriamente en 26.208 pesetas anuales.

5. El complemento de productividad, que retribuir el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo, siempre que redunden en mejorar el resultado de los mismos y que se fija globalmente por Consejería en el 1,0725 por ciento del coste total del personal funcionario no docente según los importes consignados en los artículos 10, 1 1 y 12 de los Estados de Gastos, y cuya cuantía se refleja en el subconcepto económico 150.00 de dichos Estados.

   1. La valoración de la productividad deber realizarse en función de circunstancias relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa. Los complementos de productividad se publicar n en los centros de trabajo.

   Las Consejerías dar n cuenta de las mencionadas cuantías iniciales individuales de productividad a las Consejerías de Hacienda y de Presidencia, especificando los criterios de distribución aplicados. A la vista de la información recibida, ambas Consejerías elevar n al Gobierno las propuestas pertinentes en orden a la homologación de criterios para la aplicación del complemento de productividad.

   Estas gratificaciones tendr n car cter excepcional y solamente podr n ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo.

7. Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley Territorial 13/1987, de 29 de diciembre, de los Presupuestos Generales de la

   2. A los efectos de lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ser n incompatibles las personas que desempeñen un puesto de trabajo con complemento específico en el que se haya apreciado dichas incompatibilidades y que así figure explícitamente en las relaciones de puestos de trabajo aprobadas.

   1. Las retribuciones del Presidente, Vicepresidente y Consejeros del Gobierno, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y asimilados, ser n las mismas que, de acuerdo al artículo 18.1 de la presente Ley, y sin perjuicio de su adecuación a lo que para las retribuciones del personal en activo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se establece en su Disposición Transitoria Novena, correspondan a un funcionario al servicio de aquella perteneciente al grupo A, con nivel de complemento de destino 30 y con los puntos de complemento específico que a continuación se expresan:

   Presidente. 144,42 Vicepresidente. 123,08 Consejeros. 114,83 Viceconsejeros. 103,11 Secretarios Generales Técnicos Directores Generales y Asimilados. 97,81

   Las retribuciones de los restantes miembros del mismo órgano ser n las señaladas para los Viceconsejeros.

   1. Los funcionarios sujetos a régimen retributivo distinto al correspondiente al puesto de trabajo al que hayan sido adscritos, percibir n las retribuciones b sicas y las complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen.

   Esta asimilación en modo alguno supondr el reconocimiento de derechos económicos distintos a los que le correspondan por el desempeño del referido puesto de trabajo.

   4. Los funcionarios que realicen una jornada de

   5. El complemento familiar se regir por su normativa específica adapt ndose su cuantía a lo que se disponga sobre ella en las disposiciones con rango de Ley que se dicten para 1990 para el conjunto del Estado.

   7. Para el c lculo de los anticipes reintegrables a funcionarios, únicamente se computar n las retribuciones b sicas señaladas en las letras a) y b) del apartado 2, del artículo 23 de la Ley 3011984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que aquellos perciban.

   Para el cómputo de los ingresos brutos del funcionario, se tendr n en cuenta la suma de todos los ingresos, de cualquier naturaleza que a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, perciban aquél y su cónyuge considerados conjuntamente, disminuyéndose dichos conjuntos de ingresos en setecientas cincuenta mil (750.000) pesetas anuales, por cada hijo minusv lido físico o psíquico, que conviva con ellos, acredit ndose tales circunstancias en el expediente tramitado.

   1. En el mes de toma de posesión del primer destino en un Cuerpo o escala, en el del reingreso al servicio activo, y en el de incorporación por conclusión de licencia sin derecho a retribución.

      10. Las pagas extraordinarias ser n de dos al año. Su importe ser para cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios, incluyéndose el grado en aquellos regímenes retributivos en que esté establecido este concepto. Se devengar n el día 1 de los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, salvo en los siguientes casos en que se liquidar n por días:

   2. Los funcionarios en servicio activo con licencia sin derecho a retribución devengar n pagas extraordinarias en las fechas indicadas, pero su cuantía experimentar la correspondiente reducción proporcional.

      1 I. A los efectos previstos en el número anterior, el tiempo de duración de licencias sin derecho a retribución no tendr la consideración de servicios efectivamente prestados.

      13. Las retribuciones de los funcionarios interinos se adecuar n a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

      15. El Gobierno fijar las percepciones de los funcionarios en pr cticas.

2. A este fin, deber remitirse a la Consejería de Hacienda una Memoria justificativa de la variación que se pretenda, el proyecto de mejora retributiva y su justificación o los criterios seguidos para fijar las retribuciones del personal de nuevo ingreso, según los casos.

4. Ser n nulos de pleno derecho los actos administrativos que se dicten con omisión del tr mite de informe, sin que se puedan pactar crecimientos salariales para ejercicios venideros que condicionen las futuras Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

1. Con car cter previo al comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 1990, deber solicitarse de la Consejería de Hacienda la correspondiente actualización de la masa salarial, que cuantifique el límite m ximo de las obligaciones que puedan contraerse como consecuencia de dichos pactos, aportando al efecto certificación de las retribuciones salariales satisfechas y devengadas en 1989.

3. A iniciativa de la Consejería correspondiente, previo informe de las Consejerías de Hacienda y de Presidencia y a propuesta conjunta de ambas, compete al Gobiemo la aprobación de:

2. Las modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo producidas por variación en el número de puestos recogidos en las relaciones iniciales, así como, las modificaciones de complemento de destino y específico de los puestos incluidos en las relaciones iniciales de puestos de trabajo de personal funcionario.

5. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por personal funcionario o la formalización de nuevos contratos de trabajo de personal laboral, así como la modificación de la categoría profesional de estos últimos, requerir que su coste, en cómputo anual, esté dotado presupuestariamente.

2. Esta contratación requerir el infonne favorable de las Consejerías de Hacienda y Presidencia y la previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma por carecer de suficiente personal.

3. Los contratos habr n de formalizarse siguiendo las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por la Ley 32/1984, de 2 de agosto, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública. En los contratos se har constar la obra o servicios para cuya realización se formalizada el contrato y el tiempo de duración, así como el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podr n dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 140 de la Ley General Presupuestaria.

Los empleados públicos comprendidos dentro del mbito de aplicación de la presente Ley, con excepción de aquellos sometidos al régimen de arancel, no podr n percibir participación alguna de los tributos, tasas y otros ingresos públicos de la Comunidad Autónoma, comisiones y/o ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan a la Administración o cualquier ente público, como contraprestación de servicios o jurisdicción, ni participación o premio en multas impuestas, aún cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades.

DE LOS AVALES Y OPERACIONES DE CREDITO

1. El importe de los avales a prestar por la Comunidad Autónoma de Canarias durante el ejercicio de 1990 no podr exceder de 3.200 millones de pesetas. No se imputar al citado límite el importe de los avales que se presten por motivo de la refinanciación o sustitución de operaciones de crédito, en la medida que impliquen cancelación de avales anteriormente concedidos, ni los otorgados a las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro de lo previsto en el apartado 4 del presente artículo.

1. En primer aval, por un importe m ximo de 2.300 millones de pesetas, a las Corporaciones Locales de Canarias, aplicables a operaciones de endeudamiento interior para la financiación de Proyectos de Inversión en abastecimiento, saneamiento y reutilización de aguas, alcantarillado, adquisición de suelo para construcción de viviendas de promoción pública y autoconstrucción, y para la adquisición o primer equipamiento de centros de Servicios Sociales cuya gestión posterior vaya a ser realizada por la propia Corporación.

3. En segundo aval, por un importe m ximo de 100 millones de pesetas, a pequeñas y medianas empresas beneficiarias de un primer aval concedido por alguna de las Sociedades de Garantía Recíproca domiciliadas en Canarias, en garantía de créditos concertados en el interior para la financiación de inversiones en activos fijos materiales.

   3. El importe m ximo, por operación y beneficiario, por el que podr prestarse el primer aval o ser aplicado el segundo aval de la Comunidad Autónoma de Canarias ser , respectivamente, el 15 por 100 del límite m ximo señalado en las letras a), b) y c) del apartado anterior; dicho límite no regir para la letra d) del mismo apartado:

   4. Se autoriza también la concesión de garantías por la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio de 1990, en cualquiera de las formas establecidas en las leyes, a las siguientes entidades y por los importes m ximos que para cada una de ellas se indican:

2. TITSA. 750 MILLONES DE PTAS

   DE COMUNICACIONES, S.A. 2.000 MILLONES DE PTAS

   CIPALES DE LAS PALMAS. 750 MILLONES DE PTAS.

   El Consejero de Hacienda podr prestar aval global solidario ante el Banco Hipotecario de España a favor de VISOCAN, en garantía de las obligaciones asumidas en el p rrafo anterior, dentro del importe m ximo autorizado en el apartado 4 del presente artículo.

   Dicha comisión se har efectiva en el momento de la constitución del crédito ovalado, y no podr sobrepasar el 2 por cien del total del mencionado crédito. La citada comisión tendr aplicación presupuestaria.

   1. Se autoriza al Gobiemo para que, a propuesta del Consejero de Hacienda, emita Deuda Pública o concierte operaciones de crédito amortizables interior o exterior, por plazo superior a un año, con un tipo de interés no superior al 14 por ciento y por un importe m ximo de siete mil quinientos millones (7.500.000.000) de pesetas, destinada a financiar las operaciones de capital que figuran en el anexo II cuyos títulos representativos gozar n de las mismas ventajas que los del Estado.

   2. En el mbito de lo dispuesto en el número anterior de este artículo y de las directrices que señale el Gobiemo, se autoriza al Consejero de Hacienda para que:

2. Formalice, en su caso, en nombre de la Comunidad Autónoma dichas operaciones.

4. concierne operaciones voluntarias de canje, conversión, prórroga, intercambio financiero u otras an logas que supongan modificaciones de cualesquiera de las condiciones de las emisiones de Deuda u operaciones de créditos de anteriores ejercicios presupuestarios o de las que se puedan concertar en virtud de la presente Ley, con la finalidad de obtener un menor coste financiero o prevenir los posibles efectos adversos derivados de las fluctuaciones del mercado.

   . 4. La Deuda Pública y los Pagarés del Tesoro a que se refieren los números anteriores podr n estar representados por anotaciones en cuenta, títulos, valores o cualquier otro documento que formalmente se reconozca.

   6. De las actuaciones a que se refieren el presente título se dar cuenta a la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias, después de que se formalicen cualesquiera de estas operaciones.

   NORMAS TRIBUTARIAS

   Con efecto del día 1 de enero de 1990, los tipos impositivos del artículo 9 de la Ley 5/1985, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo aplicables a las diferentes tarifas ser n las siguientes:

   Tarifa Segunda: gasoil incluido en el código 27. 1 0 del TARIC, 1 1.000 ptas.Jm3.

   Tarifa Cuarta: propanos y butanos incluidos en los códigos 27.11.12 y 27.11.13 del TARIC, 75 ptas./Tm.

   1. Durante el ejercicio económico de 1990, y hasta la entrada en vigor de la Ley de Tasas y Precios Públicos de esta Comunidad Autónoma, el tipo impositivo de las tasas y dem s exacciones parafiscales de cuantía fija, derivadas de traspasos de competencias y funciones, ser n las vigentes en 1989, excepto las correspondientes a educación, que se ajustar n al contenido de los números siguientes del presente artículo.

   2. Las Tasas Universitarias que correspondan a estudios conducentes a títulos oficiales, se fijar n por el Gobierno de Canarias, a propuesta conjunta de las Consejerías de Hacienda y Educación, Cultura y Deportes, dentro de los límites que establezca el Consejo de Universidades, conforme a lo estipulado en el apartado b del punto 3 del art°. 54, de la Ley Org nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.