Real Decreto 677/2014, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómico, destinadas a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 790-862 MHz.

El presente real decreto tiene por objeto, en el marco del proceso de liberación del dividendo digital:

1. ) La declaración como servicio de interés económico general de la emisión simultánea y transitoria por los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómico de sus canales de televisión que vienen emitiendo en las frecuencias afectadas por el proceso de liberación de la banda de 790-862 MHz (banda del dividendo digital), de acuerdo con lo establecido en la Decisión de la Comisión 2012/21/UE de 20 de diciembre de 2011 relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general.

2. ) La concesión de subvenciones directas a los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómico destinadas a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de sus canales de televisión a la que se refiere el párrafo anterior, conforme a lo establecido en el apartado 2, letra c) del artículo 22 y en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Estas subvenciones se regirán por lo dispuesto en este real decreto, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a la aplicación del principio de concurrencia, así como, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Decisión de la Comisión 2012/21/UE, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general, y demás disposiciones de derecho interno y europeo que resulten de aplicación.

1. Los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria por los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómico de sus canales de televisión que vienen emitiendo en las frecuencias afectadas por el proceso de liberación de la banda de 790-862 MHz se compensarán a través de las subvenciones reguladas en este real decreto, hasta el importe máximo por beneficiario establecido en el artículo 7.3.

2. Estas compensaciones se concederán en la modalidad de subvenciones directas, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2, letra c) del artículo 22 y en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, habida cuenta de que el servicio público de comunicación audiovisual televisiva es un servicio público de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, de la excepcionalidad del proceso de liberación del dividendo digital al implicar la reubicación de numerosos canales públicos y privados de televisión, así como por la existencia de razones de interés público y social consistentes en evitar la pérdida de acceso al servicio público de radiodifusión de una parte de la población española, hasta que se complete la adaptación de su equipamiento de recepción.

3. La concesión de las compensaciones deben ajustarse a lo establecido en la Decisión de la Comisión 2012/21/UE, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general.

1. Serán beneficiarios de las subvenciones directas cuya concesión se regula por este real decreto los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómico, que se recogen en el anexo.

2. Dichos prestadores del servicio público no tendrán la condición de beneficiarios si incurren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

1. Los beneficiarios de las subvenciones directas a las que se refiere este real decreto están obligados a la emisión simultánea y transitoria, a través de cualquier plataforma tecnológica, de los canales de televisión del servicio público de comunicación audiovisual televisiva que gestionan en la banda de 790-862 MHz, en el ámbito de cobertura en el que tienen encomendada dicha gestión. Ello permitirá realizar la adecuación de las instalaciones de recepción de los usuarios sin que se produzca la pérdida del servicio, garantizando así un acceso amplio de los ciudadanos a los distintos contenidos y servicios televisivos, sin discriminaciones y en condiciones de igualdad de oportunidades.

2. Para cumplir con la obligación anterior, los beneficiarios deben realizar la citada emisión simultánea y transitoria para que pueda ser recibida, al menos, por los ciudadanos que reciben el servicio a partir de las estaciones emisoras que cumplan los siguientes requisitos:

   1. que tengan asignado y en servicio un canal radioeléctrico que, como consecuencia del proceso de liberación de la banda 790-862 MHz, haya de ser sustituido por otro canal radioeléctrico que con carácter previo no estuviera legalmente en servicio

   2. que sean estaciones emisoras a través de las cuales el beneficiario da cumplimiento a las obligaciones de cobertura que normativamente tiene establecidas

   3. que proporcionen cobertura en un área geográfica en la que existan más de 100 edificios de 3 o más viviendas, de acuerdo con los datos publicados por Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2011.

3. La duración de la emisión simultánea será de hasta seis meses para el caso de la población cubierta por las estaciones emisoras mencionadas en el apartado anterior que proporcionen cobertura a áreas geográficas con 500 o más edificios de 3 o más viviendas, y de hasta tres meses para el caso de la población cubierta por las estaciones que proporcionen cobertura a áreas geográficas con menos de 500 y 100 o más edificios de 3 o más viviendas.

   En el caso de optar por la plataforma tecnológica terrestre, la duración de la emisión simultánea en las diferentes estaciones no podrá superar la fecha que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información determine para el cese de las emisiones en los canales radioeléctricos de la banda de 790-862 MHz.

4. Las subvenciones directas a que se refiere el este real decreto compensan los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria que tiene por objeto evitar la pérdida de acceso al servicio público de radiodifusión de la población que recibe el servicio a partir de las estaciones emisoras señaladas en el apartado 2 de este artículo a través de las cuales los respectivos beneficiarios dan cumplimiento a las obligaciones de cobertura que normativamente tiene establecidas, quedando por tanto excluida del ámbito de las subvenciones directas cualquier actuación que se refiera a la población o a las zonas geográficas correspondientes a las estaciones que se hayan instalado para la extensión de la cobertura a zonas no cubiertas por los beneficiarios.

La financiación de las subvenciones reguladas en el presente real decreto se realizará con cargo a los créditos del Capítulo 7 de los presupuestos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por un importe máximo de 10.025.000 euros

1. Las subvenciones a las que se refiere este real decreto solo podrán compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria, a través de cualquier plataforma tecnológica, por los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómico de sus canales de televisión que vienen emitiendo en las frecuencias de la banda de 790-862 MHz, hasta el importe máximo por beneficiario establecido en este artículo.

2. El importe máximo de subvención que corresponde a cada uno de los beneficiarios relacionados en el anexo resulta, por un lado, del coste medio estimado para poder llevar a cabo la difusión simultánea y transitoria destinada a proporcionar servicio a los ciudadanos de las áreas establecidas en el apartado 2 del artículo 5, y, por otro lado, de la duración de la emisión simultánea fijada en los términos referidos en el apartado 3 del mismo artículo 5.

3. De acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, se determinan los siguientes importes máximos por beneficiario:

1. Será competente para resolver el procedimiento de concesión de las subvenciones directas reguladas en este real decreto el Ministro de Industria, Energía y Turismo, sin perjuicio de las delegaciones sobre la materia.

2. El órgano gestor competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión de las ayudas es la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

3. A efectos de lo previsto en el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el órgano encargado del seguimiento de las ayudas concedidas es la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

En lo no particularmente previsto en este real decreto, el procedimiento de concesión de las ayudas a que se hace referencia en el mismo será el regulado en el artículo 28 la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

1. Las solicitudes se dirigirán al titular del órgano concedente y se deben presentar en el plazo de 20 días hábiles a partir de la entrada en vigor de este real decreto. Las solicitudes se podrán presentar en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como se podrán presentar de manera electrónica conforme a lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

   En la solicitud, la entidad solicitante deberá aportar la documentación relacionada con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5, así como deberá concretar la cuantía de la subvención solicitada, que en ningún caso podrá ser superior al importe máximo fijado para cada beneficiario en el apartado 3 del artículo 7.

2. Las personas físicas que realicen la firma o la presentación de documentos en representación de las entidades solicitantes de las subvenciones deberán ostentar la representación necesaria, en los términos establecidos en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

   El firmante de la solicitud de subvención deberá acreditar que en el momento de la presentación de la solicitud tiene representación suficiente para el acto. El incumplimiento de esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido en su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

   Cuando el firmante sea el titular del órgano de representación de la entidad reconocido en sus estatutos, podrá acreditar la representación aportando una copia de dichos estatutos y una declaración responsable firmada por el secretario de la entidad en la que se identifique al titular del órgano de representación. Cuando el nombramiento sea público podrá aportarse una copia de la publicación del nombramiento en el diario oficial, en lugar de declaración responsable.

   El órgano instructor podrá requerir en cualquier momento a las personas firmantes de las distintas documentaciones que se presenten, la acreditación de la representación que ostentan. La falta de representación suficiente determinará que el documento en cuestión se tenga por no presentado, con los efectos que de ello se deriven para la continuación del procedimiento.

3. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.

   No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado Reglamento.

4. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

1. El órgano instructor realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. El órgano instructor formulará la propuesta de resolución en un plazo de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la finalización del plazo de la presentación de solicitudes y se notificará a los propuestos beneficiarios.

3. Los propuestos beneficiarios dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de la propuesta de resolución para aceptarla o rechazarla.

4. La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

1. Transcurrido el plazo para aceptar o rechazar la propuesta de resolución, el titular del órgano concedente dictará resolución de concesión de subvención a las propuestas que hayan sido aceptadas, en un plazo máximo de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la finalización del plazo anterior. La resolución establecerá las condiciones de población cubierta y otros compromisos impuestos al beneficiario.

   Las subvenciones se otorgarán de una sola vez a cada uno de los beneficiarios.

2. La resolución, que será motivada, será publicada en el Portal de Ayudas alojado en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (https://sede.minetur.gob.es) y en el «Boletín Oficial del Estado».

3. El vencimiento del mencionado plazo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada la solicitud de subvención.

   4, La resolución pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Sin perjuicio de lo anterior, contra dicha resolución, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de la misma, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

Se ordenará el pago de la subvención a cada beneficiario, una vez dictada la resolución de concesión.

1. A fin de justificar y acreditar la aplicación de la subvención a la finalidad prevista en la resolución de concesión, los beneficiarios deberán aportar los justificantes de gasto y de pago.

   Las facturas deberán presentarse con el desglose oportuno que permita apreciar de manera pormenoriza los costes incurridos.

   Las facturas deberán presentarse en el plazo de tres meses a contar desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.

2. El órgano gestor encargado del seguimiento de las ayudas analizará la justificación de la subvención y la realización de la actividad para la cual se concedió la subvención. A través de las Jefaturas Provinciales de Inspección de telecomunicaciones, el órgano encargado de la gestión y seguimiento de las ayudas realizará actuaciones de comprobación. Ello se efectuará durante la realización de la emisión simultánea y transitoria, mediante un muestreo.

Si como consecuencia de las acciones de justificación y comprobación de la aplicación de las subvenciones a las que se refiere el artículo anterior se desprende que los gastos incurridos son inferiores a la subvención recibida o que se han incumplido, total o parcialmente, las condiciones de otorgamiento de la subvención, se comunicará tal circunstancia al interesado junto a los resultados de la verificación efectuada a efectos de evacuación del trámite de audiencia.

En particular, debe tenerse en cuenta el caso de que los gastos incurridos sean inferiores a la subvención recibida cuando la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información hubiera determinado el cese de las emisiones a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 con anterioridad a la finalización de la duración de la emisión simultánea establecida en dicho apartado.

El órgano concedente, conforme a lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y a la vista de las alegaciones del interesado, decidirá sobre el reintegro o no de la subvención y si éste, en su caso, debe ser total o parcial. En caso de reintegro, se exigirá el interés de demora desde el momento de pago de la subvención en los supuestos del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En todo caso, el reintegro y el procedimiento para su exigencia se llevará a cabo conforme a las disposiciones del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, quedando a salvo los procedimientos de reintegro que se deriven de las actuaciones de control financiero sobre las subvenciones de este real decreto, cuya realización compete a la Intervención General de la Administración del Estado y que se desarrollarán conforme al título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.