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AutorPena Lasso, Juan María
Cargo del AutorAbogado - Estratego Consultores
3.1. Ley aplicable

Con independencia del Tribunal al que le corresponda el enjuiciamiento del asunto, cuestión distinta a determinar es la de la Ley nacional aplicable en cada asunto.

El conflicto de normas se plantea cuando a consecuencia de las distintas nacionalidades de los intervinientes en el accidente o de los perjudicados, o distintos estados de estacionamiento habitual de los vehículos, o de sus aseguradoras, o de aquellos con respecto al lugar de ocurrencia del accidente, cabe la posibilidad de que se apliquen distintas leyes nacionales para resolver el fondo del asunto.

Para dar una solución a esta cuestión el Derecho Internacional Privado utiliza las denominadas normas de conflicto. Según la doctrina tradicional2 se considera que se está ante un conflicto de leyes cuando para la solución de una concurrencia de normas de diferentes nacionalidades aplicables a un supuesto concreto, existe una norma de conflicto encargada de designar el ordenamiento nacional aplicable, legislación que no tiene que coincidir necesariamente con el Foro Competente, esto es, debe existir la posibilidad de “recepción del derecho extranjero en el Foro.”

Las características principales de las normas de conflicto podemos resumirlas en dos:

Imperatividad; supone que la norma nacional designada por el legislador comunitario será la única aplicable de forma obligatoria. Esta característica ha sido especialmente destacada por la Jurisprudencia comunitaria en Sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, de 10 de julio de 1986, asunto Luitjen y de 3 de mayo de 1990, asunto Kits van Heijningen.

Carácter indirecto; Característica señalada por la doctrina3 y que reside en que dichas normas no dan por si mismas la solución al problema de que se trate, si no que señalan la legislación que dará la solución.

La antedicha posibilidad de recepción del Derecho extranjero está expresamente contemplada en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000 de 7 de Enero, en su artículo 281, que considera la prueba del Derecho Extranjero como una cuestión de hecho, al manifestar en su párrafo 2º:

“El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación.”

Siendo por tanto una cuestión de hecho, su falta de prueba se ve afectada por lo preceptuado en el artículo 217 LEC sobre la carga de la prueba:

“2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.

  1. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a los que se refiere el apartado anterior.”

Por su parte el Código Civil en su artículo 12.6 establece:

“Los Tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del derecho español”

Esta referencia a las normas de conflicto del derecho español, incluye las contenidas en aquellos Tratados suscritos por España y por supuesto, a la normativa comunitaria, que como ya se ha dicho se incorpora directamente al derecho interno, los Reglamentos, o bien será directamente aplicable transcurrido el plazo de adaptación, las Directivas.

Así las cosas, existiendo una norma de conflicto que remite a un concreto derecho extranjero, si este no fuera probado en el procedimiento, la consecuencia lógica sería la desestimación de la demanda, así lo entiende la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, sección 3ª, de 11 de diciembre de 1995:

“Toda vez que el demandante y apelante ante esta Audiencia ha alegado, en contra de lo preceptuado por el art. 10,5 CC, la legislación española, que resulta inaplicable al presente caso, procede desestimar la presente apelación.”

Y la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, sección 3ª, en Sentencia 3356/2002 de fecha 31 de diciembre de 2002:

“La falta de prueba de la existencia de una norma cuyo supuesto de hecho englobe los hechos invocados en la demanda e incluya una consecuencia jurídica acorde con la petición formulada por el actor ha de dar lugar, de acuerdo con el Derecho Español (art. 1214 del Código Civil hoy art. 217 de la L.E.C.) a la desestimación de la demanda (S.T.S. 11.5.89).”

En contra de este criterio que ya adelantamos es absolutamente minoritario, se ha conformado una corriente jurisprudencial casi unánime, en el sentido de considerar aplicable el derecho español de forma supletoria. Así la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, sección 2ª, 8/2002 de 9 de enero:

“Aunque sea competente la jurisdicción civil española, la Ley sustantiva aplicable es la portuguesa, en cuanto ley interna del Estado en que aconteció el hecho circulatorio, merced a lo dispuesto en el art. 3 del Convenio de La Haya de 4 de mayo de 1971, sobre ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, ratificado por Instrumento de 4 de septiembre de 1987, y en el art. 10.9 del Código Civil, sobre reglas de Derecho Internacional Privado sobre obligaciones no contractuales.

Sin embargo, la parte actora no invoca el Derecho Portugués, y por tanto no acredita su contenido, como preceptúa el art. 12.6, párrafo 2º del Código Civil, razón por la cual el Juzgado de primer grado se ve abocado a aplicar al supuesto enjuiciado el Derecho español, ya que el Derecho extranjero recibe el tratamiento de una cuestión de hecho, sujeta a alegación y prueba de la parte que debe postular su aplicación.”

Curiosamente la ley aplicable era la española al tratarse de un vehículo matriculado en España, el conductor y propietario, de nacionalidad española, y las víctimas también de nacionalidad española. Por lo que, como veremos más adelante corresponde aplicar la Ley del Estado de matriculación del vehículo y no la lex loci.

En el mismo sentido y con abundante cita jurisprudencial, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sección 4ª, 100/2002, de fecha 20 de diciembre de 2002:

“La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2002 sintetiza perfectamente la doctrina de la misma Sala en orden a la aplicación de un derecho extranjero. Doctrina que se asienta en los siguientes postulados:

a.- La cuestión relativa a la aplicación del Derecho extranjero aparece regulada en el artículo 12 del Código Civil y en el artículo 281.2 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil que reproduce, aunque no literalmente, el contenido del antiguo párrafo segundo del referido artículo 12 del Código Civil, que deroga.

b.- El derecho extranjero -en cuanto a su contenido y vigencia- constituye una cuestión de hecho que, por tanto, corresponde alegar y probar a la parte que lo invoca -Sentencias de 11 de mayo de 1989 y 3 de marzo de 1997-.

c.- Para la aplicación del derecho extranjero ha de distinguirse necesariamente -Sentencia de 31 de diciembre de 1994- entre las normas de conflicto, que se limitan a indicar cual es el derecho material aplicable a la relación jurídica controvertida, las cuales según el párrafo primero del artículo 12 del Código Civil deben ser observadas de oficio; y el propio Derecho material, al que no se refiere dicho precepto y que en ningún caso puede ser determinado por el Tribunal.

d.- Los órganos judiciales españoles tienen la facultad, pera no la obligación de colaborar a la determinación del contenido del Derecho extranjero en su caso invocado con los medios de averiguación que estimen necesarios para su aplicación -Sentencias de 9 de noviembre de 1984 y 10 de marzo de 1993-.

e.- La falta de acreditación del contenido y vigencia de las normas sustantivas del Derecho extranjero aplicables conforme a la norma de conflicto de obligada observancia obliga al Tribunal español a resolver la cuestión debatida conforme a las normas de su propio ordenamiento jurídico -Sentencias de 11 de mayo de 1989, 7 de septiembre de 1990, 16 de julio de 1991, 23 de marzo de 1994, 13 de diciembre de 2000 ó 17 de julio de 2001, entre otras-. Y ello, porque como precisa la última de las Sentencias reseñadas de 17 de julio de 2001, la Sala Primera del Tribunal Supremo “tiene reiteradamente declarado que cuando a los Tribunales españoles no les es posible fundamentar con seguridad absoluta la aplicación del Derecho extranjero, habrán de juzgar y fallar según el Derecho patrio, lo que es consecuencia de la doctrina jurisprudencial relativa a que la aplicación del Derecho extranjero es cuestión de hecho y como tal ha de ser alegado y probado por la parte que lo invoque, siendo necesario acreditar, no solo la exacta entidad del Derecho vigente, sino también su alcance y autorizada interpretación, de suerte que su aplicación no suscite la menor duda razonable a los órganos judiciales españoles, y todo ello mediante la pertinente documentación fehaciente (por todas, Sentencias de 4 de octubre de 1982 y 12 de enero de 1989)”.

SEGUNDO.- En el presente caso es indudable, conforme a la norma de conflicto aplicable - artículo 4 del Convenio de la Haya de 4 de mayo de 1971 sobre la ley aplicable en material de accidentes de circulación por carretera, ratificado por España en fecha 4 de septiembre de 1987- que la cuestión controvertida habría de resolverse conforme al Derecho portugués; pero es igualmente incuestionable que el contenido de las normas aplicables del Derecho portugués en orden a las cuestiones que especifica el artículo 8 del aludido Convenio (las condiciones y alcance de la responsabilidad; las causas de exoneración, así como toda limitación y distribución de responsabilidad; la existencia y la índole de los daños...

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