Prescripción

Nota aclaratoria: La nomenclatura de órganos judiciales se efectúa en consideración a la regla general establecida en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la previsión de la Disposición transitoria primera de la misma ley sobre la “Constitución de los Tribunales de Instancia”, en la que se programan tres fases sucesivas de constitución: la primera a fecha 1 de julio de 2025: solo se transforman los partidos judiciales en juzgados mixtos y VIDO, la segunda a 1 de octubre de 2025: se transforman los partidos con jurisdicción separada –primera instancia, instrucción más VIDO- y que no tengan jurisdicciones especiales- y a 31 de diciembre de 2025: el resto, incluidos los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, en función de la dimensión de los respectivos partidos judiciales no se convierten en Tribunales de Instancia hasta el 31 de diciembre de 2025.

La prescripción supone la extinción de la responsabilidad penal que una persona hubiera podido contraer por la realización de un hecho delictivo, por el transcurso del tiempo.

De naturaleza mixta -penal sustantiva y penal procesal- el reconocimiento y declaración de la prescripción supone la renuncia del Estado al ejercicio del ius puniendi, precisamente porque el transcurso del tiempo entre la comisión del hecho delictivo y una eventual sanción haría imposible que ésta pudiese cumplir los fines que le son propios. La prescripción encuentra también su fundamento en principios y valores constitucionales por su conexión indudable, por un lado, con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, y por otro, con el principio de seguridad jurídica consagrado de manera expresa en el art. 9.3 de la Constitución Española (CE).

Su apreciación exigirá la comprobación de haber transcurrido los lapsos temporales exigidos en el Código Penal (CP) entre la perpetración del delito y el inicio de su persecución penal; o, si esos plazos de inacción hubiesen transcurrido con el proceso ya en curso, deberá justificarse su paralización por el tiempo exigido en el CP a los fines de la prescripción.

Pero, por tratarse de una institución de orden público e interés general, el reconocimiento de los efectos de la prescripción podrá hacerse también fuera de los trámites y momento regulado como artículo de previo pronunciamiento. Incluso podrá ser estimada de oficio por los tribunales, sin invocación de ninguna de las partes, en cualquier fase del proceso, incluida la apelación, siempre con anterioridad a la firmeza de la sentencia respectiva.

Una vez la sentencia de condena ha ganado firmeza, el efecto extintivo de la responsabilidad por el transcurso del tiempo deberá vehicularse por la vía de la prescripción de la pena respectiva.

Al determinar el plazo prescriptivo aplicable habrá de estarse al Acuerdo no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29 de abril de 1997 -en que se estableció que los plazos señalados para la prescripción de los delitos vienen determinados por las penas señaladas en abstracto pero teniendo en cuenta las posibilidades punitivas que presenta cada caso concreto-.

Pues bien, a partir de este Acuerdo alguna jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo ha matizado su alcance diciendo que el plazo que haya de transcurrir para declarar la prescripción del artículo 131 del CP habrá de ser el correspondiente a la penalidad máxima que la Ley señale, en función del grado de ejecución y del título de participación concreta que se den en el supuesto enjuiciado, no obstante lo cual, o precisamente por ello, nuevamente en Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2008, se ha venido a reiterar el Acuerdo de 1997, para abandonar de manera explícita esa jurisprudencia que refería los plazos a la penalidad dispensada al delito en función del grado de desarrollo y de la participación del responsable, para establecer definitivamente que “la pena a considerar es la pena en abstracto, que es la que la Ley establece para el tipo penal de que se trate en la parte Especial del CP”, en referencia al delito consumado y el autor de tal infracción típica. Nuevamente, en Acuerdo Sala General TS (2ª), de 26 de octubre de 2010,^{[j 1]} se concluyó en que para determinar los plazos de prescripción no se tomarán calificaciones agravadas que no hayan sido acogidas por el Juez o Tribunal en su sentencia. Este acuerdo ha supuesto una variación radical en la jurisprudencia anterior en los casos en los que en un procedimiento por delito terminase por calificarse los hechos como constitutivos de una falta, en cuyo caso habrá de estarse a los plazos de prescripción de las faltas, declarándose la prescripción cuando el mismo se hubiere excedido entre la comisión del hecho y la incoación del proceso por delito, e incluso para supuestos de paralización del proceso en curso durante más de seis meses.

Cuando se persiga un delito de los que llevan aparejadas varias penas de imposición conjunta, deberá estarse a aquella pena que implique un mayor plazo de prescripción; y cuando en un mismo proceso se siga por la comisión de varios delitos conexos, a estos efectos se estará a aquel que tenga señalada la pena más grave.

Estos plazos iniciarán en su cómputo desde el día en que se haya cometido la infracción punible; y si se trata de un delito continuado, de delito permanente o de infracciones que exijan la nota de habitualidad, los plazos se computarán desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta, respectivamente.

En materia de inicio del cómputo de los plazos de prescripción se contiene una regulación específica cuando la víctima fuere menor de edad, en tales casos, cuando se trate de los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, y contra las relaciones familiares (salvo los de la regla siguiente), en todos ellos los plazos se computarán desde el día en que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento. Igualmente, siendo la víctima menor de dieciocho años y tratándose de los delitos de tentativa de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150 , en el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2 , en los delitos contra la libertad sexual y en los delitos de trata de seres humanos, los plazos de la prescripción se iniciarán a partir del momento en que la víctima cumpla los treinta y cinco años de edad, y si falleciere antes de alcanzar esa edad, a partir de la fecha del fallecimiento. El criterio de cómputo de la prescripción para los delitos cometidos sobre víctimas menores de edad cuyo transcurso no se inicia hasta que éstos cumplan la edad de treinta y cinco (35) años está vigente desde su introducción por Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia , y los delitos a los que abarca esta regla de cómputo se concretan en la redacción conferida al art. 132.1 del Código Penal por Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los delitos contra la libertad sexual, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Los plazos de prescripción, iniciados en su cómputo en el momento dicho, se interrumpirán desde que el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito o falta. En la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal se mutó la antigua alusión a la persona del “culpable” por la actual a la persona “indiciariamente responsable” del delito o falta, con lo que se despejan las dudas interpretativas de lo que hubiere de tenerse por culpable a los efectos de la interrupción de la prescripción.

El tratamiento de la interrupción de la prescripción se ha visto modificado sustancialmente a partir de la LO 5/2010, de 22 de junio y...