La prerrogativa de la inviolabilidad
| Autor | Isabel M. Giménez Sánchez |
| Páginas | 35-59 |
CAPÍTULO II
LA PRERROGATIVA
DE LA INVIOLABILIDAD
1. LA INVIOLABILIDAD DE DIPUTADOS
Y SENADORES
-
dos y senadores como una garantía de protección de «las
opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones».
Es decir, el texto constitucional limita la protección de su
libertad de expresión a las solas opiniones de los parla-
mentarios expresadas en el ejercicio de sus funciones. Sin
embargo, como veremos, los Reglamentos parlamentarios
añaden algunos elementos para concretar su alcance tanto
temporal como material.
De esta manera, ambos Reglamentos precisan que la
inviolabilidad es una prerrogativa perpetua, de ámbito
temporal ilimitado; esto es: a diferencia de las otras pre-
rrogativas, la inviolabilidad no se acaba al cesar el manda-
to, sino que el ordenamiento garantiza que esas opiniones
nunca sean perseguidas, ni siquiera una vez el parlamen-
tario haya abandonado su cargo.
36Isabel M. Giménez Sánchez
Respecto del ámbito material de protección de la in-
violabilidad, debe señalarse que, mientras que el art. 10
del Reglamento del Congreso se limita a reiterar lo esta-
blecido en la Constitución, el Reglamento del Senado es
a «las opiniones manifestadas en actos parlamentarios»
y «los votos emitidos en el ejercicio de su cargo». A pesar
de la diferente redacción, y de que sólo el Reglamento del
-
cia constitucional extiende el término opinión a los votos
emitidos en cumplimiento de sus obligaciones no sólo a
los senadores, sino también a los diputados.
Por otro lado, esta exención de responsabilidad jurídi-
-
bilidad penal, sino también a la civil, lo cual no deja de
tener sentido si se tiene en cuenta que en gran medida
la principal vía de protección judicial de los bienes de la
personalidad —que son los habitualmente lesionados por
la libertad de expresión— es la civil.
Desde una perspectiva penal, no obstante, con indepen-
dencia de que los actos que puedan estar amparados por
esta prerrogativa sean opiniones puras y simples o bien
se haga extensivo a los votos, la cuestión estribaría en de-
terminar cuáles serían los tipos delictivos que podrían co-
meter los parlamentarios con la expresión, con la palabra.
En este sentido, dado que la inviolabilidad parlamentaria
no ofrece protección frente a cualquier actuación delictiva
del diputado o senador, la doctrina penalista entiende que
la inviolabilidad penal comprende sólo a aquellos delitos
«cuya estructura típica descanse exclusivamente en la ex-
teriorización de una opinión, es decir, en la manifestación
de una voluntad, un pensamiento o un conocimiento»
(GÓMEZ COLOMER, 2016). Se entiende pues, que sólo los
delitos de opinión entrarían en el paraguas de protección
de la inviolabilidad. Entre estos destacan, como se avan-
zaba previamente, los de injurias y calumnias, por ser los
más habituales, pero también encontrarían cabida otros,
como: amenazas, acusación y denuncia falsas, falsedades
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