La prerrogativa de aforamiento
| Autor | Isabel M. Giménez Sánchez |
| Páginas | 97-127 |
CAPÍTULO IV
LA PRERROGATIVA DE AFORAMIENTO
La prerrogativa de aforamiento consiste en establecer
un fuero especial, es decir, alterar las reglas de competen-
cia judicial penal, a favor de determinadas personas, que
no pueden ser investigadas en los Juzgados de Instrucción
correspondientes, sino ante Tribunales Superiores. Así, se
-
rial) del juez generalmente competente para asignarlas a
otro órgano judicial, excepcionando los principios gene-
rales reguladores de la competencia judicial en materia
penal.
El art. 71.3 CE prevé que, para conocer las causas con-
tra diputados y senadores durante la duración de su man-
dato, por cualquier ilícito penal —haya sido cometido o no
en el ejercicio de sus funciones— será competente la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo. Se trata, por tanto, de
una excepcionalidad procesal que supone que los diputa-
dos y senadores quedan excluidos de las reglas generales
-
nitiva, cuando se trate de un diputado o senador el juez
ordinario predeterminado por la ley será la Sala Segunda
del Tribunal Supremo, por determinación del art. 71 CE y
del 57.2 de la LOPJ.
98Isabel M. Giménez Sánchez
Se trata una prerrogativa procesal, ya que consiste en
la reserva de competencia a determinados órganos del
orden jurisdiccional penal. Es también una prerrogativa
temporal, en cuanto se prolonga sólo por el tiempo de du-
ración del mandato. Y, además, viene considerada como
una prerrogativa complementaria de la inviolabilidad y
la inmunidad o, en palabras del Tribunal Constitucional,
es «complemento y cierre» de las mismas (entre otras,
Sin embargo, conviene aclarar que los diputados y se-
nadores no son los únicos que gozan de esta prerrogativa
en nuestro ordenamiento.
En primer lugar, porque la propia Constitución en su
art. 102.1 se la atribuye al presidente y a los miembros del
Gobierno. En segundo lugar, porque también en el ámbi-
to autonómico los Estatutos de Autonomía han extendido
esta prerrogativa a sus parlamentarios y a los miembros
de los respectivos Gobiernos, atribuyendo la instrucción y
enjuiciamiento de las causas criminales que les afecten a
los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Sin em-
bargo, como se verá más adelante, en el último lustro han
sido varios los Estatutos de Autonomía que han aprobado
reformas tendentes a la supresión de esta prerrogativa. En
tercer lugar, el aforamiento también se ha extendido vía
Ley Orgá nica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electo-
ral General (LOREG) a los diputados europeos españoles
del Parla mento Europeo, para adaptarlo al Derecho euro-
peo en la materia.
Pero, en cuarto lugar y sobre todo, porque diversas le-
yes orgánicas 1, y de manera muy especial la Ley Orgáni-
LOPJ) han ampliado hasta unos límites insospechados los
titulares de esta prerrogativa de aforamiento a casi todas
1La Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Cons-
titucional, la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de
Cuentas y la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del
Pueblo.
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