El precio por la muerte aniquila el valor de la vida: ejecuciones extrajudiciales, mal nombradas 'falsos positivos' en Colombia (2002-2010)

AutorHernando León Londoño Berrío
Páginas683-711
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EL PRECIO POR LA MUERTE ANIQUILA EL VALOR
DE LA VIDA: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, MAL
NOMBRADAS “FALSOS POSITIVOS” EN COLOMBIA
(2002-2010)
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Catedrático de la Universidad de Antioquia, Colombia.
Los nadies: los hijos de los nadies, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre,
muriendo la vida, jodidos, rejodidos:
Que no son, aunque sean (…).
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
(Eduardo Galeano)
Al Maestro Perfecto Andrés Ibáñez, cuyo ejemplo de su vida, la profundidad y rigor de su
obra y su militancia perenne a favor de los derechos humanos, han hecho de él nuestro paradig-
ma de Juez.
SUMARIO: 1. Los mal nombrados “falsos positivos”. 2. Funciones reales de los
“falsos positivos”. 2.1. Manifestación de “populismo punitivo”. 2.2.
Encubrir la connivencia del Estado con el paramilitarismo. 2.3.
Particular forma de criminalización de la pobreza y la exclusión. 3.
Los avatares de la administración de justicia. 3.1. La justicia penal
militar. 3.2. Los avatares de la jurisdicción ordinaria. 3.3. El tránsi-
to hacia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 4. Conclusión.
Bibliografía.
1. LOS MAL NOMBRADOS “FALSOS POSITIVOS”
En Colombia, con la expresión “falsos positivos”, se nombran de forma eufe-
mística las ejecuciones extrajudiciales con la participación de la fuerza pública, que
se trataron (y siguen tratando) de legitimar, aduciendo que los “dados de baja” lo
fueron en el marco de “operaciones militares” en contra de integrantes de grupos
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armados ilegales, cuando en realidad se trató (y se trata) de asesinatos motivados,
por una política que impuso como medida de los “éxitos operacionales” en la gue-
rra la cantidad de “litros de sangre” y, además, fijó recompensas institucionales, con-
sistentes en dinero, ascensos, condecoraciones, méritos en las hojas de vida, vacacio-
nes, etc., como precio por la muerte 1.
Aunque este tipo de crímenes se han venido ejecutando desde muchos años
atrás 2 y ello continúa en el presente por circunstancias y motivaciones similares,
en este trabajo nos circunscribimos al arco temporal comprendido entre los años
2002-2010, por las siguientes razones: La primera, por la frecuencia inusitada y la
sistematicidad de los casos, sin parangón con épocas precedentes 3, razón suficiente
para tratar de conocer los factores explicativos de tal situación. La segunda, por
su directa relación con la política pública nombrada para la época “seguridad de-
mocrática”, que erigió el aniquilamiento del enemigo en la columna vertebral de
legitimación del poder político del gobierno de turno, cuyos ideólogos, gestores
y ejecutores lideran el partido al cual pertenece el actual presidente de Colombia.
Y del vasto universo de tópicos que se relacionan con el conflicto, considera-
mos importante tratar en este texto, los siguientes: en primer lugar, las funciones
que ese ejercicio ilegal de la pena de muerte tuvo para el poder político, esto es,
para el gobierno de turno y, en particular, para la institución de la fuerza pública;
en segundo lugar, lo que ha hecho el Estado para garantizar la verdad, la justicia, la
reparación de las víctimas y la no repetición, papel asignado de manera preferente
al sistema penal. El breve recorrido por ambos temas permite el registro de los dis-
cursos con los cuales se ha tratado de explicar y comprender estos crímenes, como
también, dar cuenta de los actores comprometidos con estrategias para garantizar
la impunidad respecto de ellos 4. Se procede entonces a analizar en forma individua-
lizada los temas enunciados.
1 Philip ALSTON, Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias,
concluyó que la expresión es impertinente e ilegítima, por cuanto “brinda una suerte de aura
técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y
premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio” (NU, 2009). Para el CINEP, la expresión
“falsos positivos” banaliza lo que realmente fueron ejecuciones extrajudiciales contra la población
civil no combatiente (2009a, p. 5). La CCEEU, lo define como “asesinatos intencionales de civiles
colombianos falsamente presentados como muertes en combate con el objetivo de mostrar resulta-
dos exitosos bajo la política de la «seguridad democrática»…” (2012, p. 5).
2 CCEEU/FOR, 2014, pp. 23-55; CINEP, 2011; NU, 2010, parág.10.
3 Cfr. NU, 2015, párr. 56: “El alto número de falsos positivos (potencialmente 5.000 vícti-
mas), el número de años en los que este fenómeno tuvo lugar (2002-2010), el importante número
de unidades implicadas, la calidad de la violación (derecho a la vida violada por la ejecución extra-
judicial de civiles), así como el hecho que estas operaciones fueron planeadas, apoyan la idea que
estas violaciones pueden considerarse sistemáticas bajo el derecho internacional de los derechos
humanos. Además, se plantean serias cuestiones respecto a la responsabilidad de aquellos en la
línea de mando que, bien sabían, o bien deberían haber sabido, lo que estaba sucediendo y no to-
maron medidas para atajarlo”. En igual sentido: NU, 2010, párrs. 10 y 14; NIÑO CAMARGO, 2015.
4 ZAFFARONI, 2007, p. 34 “(…) el horizonte de proyección de la criminología debe abar-
car el estudio de los discursos políticos, filosóficos, antropológicos, etcétera, desde la perspectiva
de su eventual contribución a las técnicas de neutralización de valores para los criminales de Esta-
do. También –en especial– debe ocuparse del comportamiento de los penalistas y de sus discursos,
tanto por lo que legitiman como por lo que omiten frente a los crímenes de Estado”.

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