La potestad sancionadora en el Derecho comparado: Reino Unido
| Autor | Antonio José Sánchez Sáez |
| Cargo | Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Sevilla. |
| Páginas | 91-167 |
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En las líneas que siguen nos centraremos fundamentalmente en el estudio de la Regulatory Enforcement and Sanctions Act 2008 (RESA, en adelante), la reciente Ley del Parlamento del Reino Unido que ha venido a configurar, por primera vez en ese Estado, un Derecho administrativo sancionador ad hoc, si bien con las limitaciones que imponen su ámbito objetivo y subjetivo. Aun así, no queremos olvidar la auténtica vocación de esta investigación, el estudio comparado de los ordenamientos jurídicos británico y español, razón por la cual hemos intentado confrontar las soluciones legales que ambos Derechos dan a problemas comunes. Se explica, además, el contexto en el que nace la Ley y las medidas liberalizadoras y de simplificación administrativa que trae consigo.
Al hilo del estudio de la materia sancionadora, que conforma el núcleo esencial de este estudio, se da noticia también de las recientes reformas judiciales emprendidas en el Reino Unido, que afectan profundamente al Derecho Público. Pero antes creemos necesario realizar un breve excurso sobre el estado del Derecho Administrativo en UK.
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Y la Administración y su Derecho no escapan de esa forma de ver las cosas. El origen del desapego británico por el Derecho Administrativo tiene su inicio en el período de guerras civiles que asoló Inglaterra en el s. XVII (1641-1651), que enfrentó al bando republicano de Oliver Cromwell con los monárquicos seguidores de Carlos I y de su hijo Carlos II. Esas revoluciones consagraron el principio de que la Corona no puede gobernar a sus súbditos sin su consentimiento, expresado a través del Parlamento. La furia de los revolucionarios se cebó especialmente con el Judicial Committee of the Privy Council (comúnmente llamada Star Chamber), que asesoraba al Monarca, pero que tenía también jurisdicción para juzgar a los Lores y al resto de la nobleza de sangre, otorgándoles indulgencia cuando, a veces, cometían delitos y des-manes, para vergüenza del pueblo3. Desde entonces, muy influidos por la autorizada opinión del Prof. Dicey4, que denostaba el sistema francés del Droit administratif,
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cualquier intento de someter a la Corona, a los nobles, y, por extensión, a la Administración, a unas reglas y tribunales distintos a los del Common Law han sido vistos hasta hace bien poco como una distorsión de la igualdad y del rule of law5.
No obstante, en la segunda posguerra, los propios Tribunales comenzaron a acercarse paulatinamente a la idea de un Derecho Administrativo legítimo, cuando comenzaron a darse cuenta de la necesidad de que las Agencias, el Gobierno y la Administración local tuvieran un margen de discrecionalidad suficiente para manejar los maleables asuntos públicos, habida cuenta de la incapacidad del Parlamento de prever todos los casos y supuestos de hecho previsibles. Hasta entonces las leyes parlamentarias no otorgaban esas potestades de tipo discrecional, de manera que la Administración caía repetidamente en el vicio de ultra vires (lo que podría traducirse en aquel entonces como incompetencia material o falta de habilitación legal). Desde entonces hasta ahora la High Court ha ido asentando la idea de que es legítimo que exista esa discrecionalidad, que no es más que parte del deseo del Parlamento de otorgar flexibilidad a la actuación administrativa, de forma que el vicio de ultra vires ya no se entiende de manera estricta como la falta de habilitación legal parlamentaria en el actuar administrativo, sino como una actuación administrativa realizada al margen del procedimiento establecido, o en la que exista desviación de poder (bias, improper purposes), falta de motivación (irrelevant considerations), o arbitraria (unreasonably acting)6. Esa legitimación judicial ha acabado revalorizando el Derecho Administrativo, como ciencia jurídica encargada del estudio de la Administración, de su control y de sus potestades, cada vez más parecida y homologable a la de la Europa continental.
En el Reino Unido, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países desarrollados, y, en particular, a diferencia de otros países herederos del rule of law (como EE.UU. o Canadá), no existe una ley de procedimiento administrativo. Son varias las razones que pueden explicar esa ausencia:
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- en general, la sumisión de la Administración Pública, la Corona y el sector público al Common Law, y, por tanto, la inexistencia de un régimen de exorbitancias de la Administración, que hace innecesario la aprobación de leyes de garantías para los administrados, entre ellas la ley de procedimiento administrativo;
- la importancia que, para el dictado de actos administrativos (decisions u orders), siguen teniendo los principios de la justicia natural, de la buena administración, equidad y tradición, que se comportan como mecanismos de defensa judicial de los particulares frente a la arbitrariedad y discrecionalidad de los poderes públicos;
- el decisivo papel que los tribunales del orden penal tienen en UK en la adopción o imposición frente a los administrados de lo que en España serían simplemente actos administrativos de gravamen, y que en el...
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