Sobre la posibilidad de anticipar el planteamiento de la Cuestión de Inconstitucionalidad

AutorJuan Manuel López Ulla
Páginas271-281

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Señala el art. 35.2 LOTC que "el órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar Sentencia". En determinadas ocasiones, sin embrago, el TC ha flexibilizado este requisito admitiendo «cuestiones prematuras». A continuación señalamos algunos ejemplos:

STC núm. 8/1982, FJ. 1: constata que la cuestión no se ha planteado en el momento procesal oportuno, sino prematuramente, una vez contestada la demanda y antes de la celebración del juicio:

"Ciertamente se ha incumplido lo que en este punto dice el art. 35.2 de la LOTC y, por esto, pudo rechazar este Tribunal la cuestión, remitiendo el planteamiento de la misma para su momento. Ahora bien, siendo irrelevante desde el punto de vista de la CI toda la ulterior tramitación, porque el proceso civil tiene como motivo único, o al menos preferente, el de la aplicación de la norma cuestionada, el diferir el juicio de constitucionalidad atentaría contra un principio de economía. La continuación del proceso civil hasta el trámite de sentencia no aportaría ningún elemento nuevo de juicio ni sobre la aplicabilidad de la norma cuestionada al proceso de origen, ni respecto del efecto determinante de dicha norma sobre el fallo que se haya de dictar, ni sobre la legitimidad constitucional de la norma cuestionada. Estas razones nos llevan a rechazar la primera de las objeciones opuestas por el FGE".

STC núm. 25/1984: uno de los argumentos de inadmisibilidad empleados por el AE fue el planteamiento prematuro de la CI:

"En lo que concierne a la tercera causa de incumplimiento del artículo 163 de la Constitución (esto es, el planteamiento de la cuestión cuando aún no sePage 272 ha concluido el procedimiento), señala el AE que, si bien el recurso de casación ha sido preparado e interpuesto, no se ha producido sustanciación ni vista del mismo. Y así, ni consta que se haya resuelto sobre la admisión del recurso, ni se puede excluir que, seguramente, los informes del Letrado de la parte y del Fiscal hubieran evidenciado que los motivos de casación aducidos eran absolutamente ajenos a la constitucionalidad de precepto alguno de la Ley 49/1979" (apdo. c) del Antecedente 7).

El TC responde en el FJ. 2, apdo c):

"La última objeción del Abogado del Estado a la admisión de la cuestión planteada se refiere (...) a que ésta no lo ha sido en el momento procesal oportuno, esto es, una vez concluso el procedimiento del recurso de casación y dentro del plazo para dictar sentencia, como requiere el artículo 35.2 de la LOTC. Alude, ciertamente, a la doctrina de este Tribunal, en su sentencia 8/1982, de 4 de marzo («Boletín Oficial del Estado», del 22, FJ. 1), según la cual el planteamiento prematuro de la cuestión no puede ser rechazado por este Tribunal en virtud de un principio de economía, cuando la ulterior tramitación resulte irrelevante desde el punto de vista de la cuestión constitucional; pero entiende que ello no sería de aplicación en este caso, ya que, entre otras razones, de haberse celebrado la vista, los informes correspondientes seguramente hubieran evidenciado que los motivos de casación aducidos eran ajenos a la cuestión. Ahora bien, si se admite que la sentencia dependería de la constitucionalidad de los preceptos puestos en cuestión, es difícilmente concebible que la tramitación pendiente pudiera afectar de alguna forma al objeto de tal cuestión, cuya resolución se configura como previa a cualquier continuación del proceso, ya que viene a incidir en los presupuestos esenciales del mismo, esto es, en la norma sustantiva aplicable. Y esta norma sólo puede precisarse resolviendo la cuestión planteada".

STC núm. 161/1987: el FGE denuncia que la CI núm. 35/1986 no se ha planteado en el momento procesal oportuno, estos es "una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar Sentencia". El TC responde, en el FJ 1, reconociendo que esta objeción es cierta, pero que sólo se da en una de las cuatro CCI acumuladas:

"(...) y dado que las cuatro cuestiones (...) se plantean en iguales términos y han de ser resueltas conjuntamente, no tendría ninguna consecuencia práctica inadmitir por ese motivo una de ellas, por lo que es inútil estudiar más a fondo esta cuestión".

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STC núm. 19/1988: la CI tuvo su origen cuando en el proceso principal la defensa solicitó la libre absolución de los condenados y, subsidiariamente, que, para el caso de ser estos condenados, no se impusiera arresto sustitutorio en el supuesto de que la multa no se pagara. El auto de planteamiento se elevó concluso el juicio, y dentro del plazo para dictar sentencia, esto es, antes de que el Tribunal dictara una resolución condenatoria, y antes de que, en caso de multa, el órgano judicial tuviera que imponer a los condenados el arresto sustitutorio si no pagaban. Por esta razón, en el auto de planteamiento, el órgano judicial subrayó que:

"(...) sin desconocer la existencia de otras interpretaciones alternativas es opinión generalizada que aunque la realización del arresto depende del impago de la multa, el Tribunal viene obligado a fijar la duración de aquél en la misma sentencia (Sentencias del TS de 23 de junio de 1954, 4 de octubre de 1965,28 de mayo de 1983, y 25 de mayo de 1985), siendo suficiente tal doctrina jurisprudencial para justificar la oportunidad procesal del planteamiento de la CI, cuestión mediante la cual, de otra parte, no se predetermina el fallo que haya de recaer en su día, tratándose sólo, a través de su planteamiento, de dejar en claro la constitucionalidad o Lnconstitucionalidad de uno de los términos de la alternativa que se ofrecen al juzgador" (apdo a) del Antecedente 2).

El FGE, en sus alegaciones ante el TC (Antecedente 4), advierte que las dudas de constitucionalidad debieron diferirse a la fase de ejecución de la sentencia, tal y como se hizo con la CI núm. 602/1986. No obstante, reconoce que aunque no existe duda sobre la posibilidad plantear una CI en fase de ejecución de sentencia, en este caso diferir dicho juicio de constitucionalidad atentaría contra el principio de economía, toda vez que la continuación del proceso no aportaría ningún elemento de juicio sobre la aplicabilidad de la norma cuestionada al proceso de origen, ni sobre su legitimidad constitucional (STC 8/1982, de 4 de marzo), razón por la que decide no formular objeción procesal en este trámite del art. 37.2 de la LOTC, aunque en el art. 35.2 el MF lo sugiriera. Lo que interesa, subraya el FGE, es superar definitivamente las dudas que abriga el Juzgado.

STC núm. 145/1988 (CI núm. 1.344/1987): el FGE advierte que la CI se ha planteado prematuramente (Antecedente 7, in finé). El AE, en el mismo sentido, señala que el órgano judicial no plantea la cuestión una vez concluso el procedimiento y antes de dictar sentencia, por lo que también solicita la inadmisibilidad de la CI (Antecedente 9). El TC, en el FJ. 3, responde que no tiene nada...

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