Políticas públicas y discapacidad en la Unión Europea
| Autor | Lorena Schobert Lizárraga |
| Cargo | Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México |
| Páginas | 105-118 |
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En este texto se analizarán las políticas públicas en materia de discapacidad de la Unión Europea, median-te del análisis de los documentos rectores de las principales instituciones comunitarias, los emitidos por las ONG’s de discapacitados (españolas, principalmente) y artículos publicados en revistas en los últimos diez años. Se pretende demostrar cómo un ente supranacional resuelve el reto de promover una mayor defensa de las personas con capacidades especiales, llámense a estas actividades creación o reformas a los dispositivos de ley de los países miembros, educación o asistencia especial, incremento de fondos para una mayor accesibilidad, política de empleo deseable o ayudas a las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) de discapacitados. En definitiva, el reconocimiento de plenos derechos a este colectivo social.
Asimismo, a través de esa legislación y las demandas de algunas ONG se pretende superar la visión restringida de entender el problema de la discapacidad sólo desde el punto de vista médico y reconocerlo como un asunto que abarca además de esa dimensión lo correspondiente a los eslabones bio-psico-sociales. Y en ese sentido, la definición del concepto de discapacidad será uno de los primeros temas a abordar en este trabajo.
Por último, este esfuerzo de análisis intenta ser una muestra ilustrativa para las políticas públicas ya que sus avances, logros y limitaciones significan experiencias en materia de discapacidad para demostrar que en la Unión Europea este tipo personas tienen una mayor presencia a nivel institucional y en el ámbito de la legislación pública.
El primer recurso para definir esta palabra es la búsqueda en un diccionario. El Diccionario de la Lengua Española (2001) la define como la cualidad del discapacitado. Describiendo a éste como una persona que tiene impedida o estro-
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tuales o físicas1. O también, el concepto de discapacidad indica la presencia de una condición limitante por problemas esencialmente de tipo físico, mental o ambos, generalmente por enfermedad adquirida o congénita, traumatismo u otro factor ambiental.
Sin embargo, dentro de los objetivos de este trabajo, el concepto de discapacidad debe ser atendido en tanto su acepción social, es decir, en tanto concepto sociológico. Ya la OMS en 1980 había elaborado su significado no sólo atendiendo al aspecto médico sino también en función de las consecuencias de la discapacidad en todos los quehaceres cotidianos, diferenciándola de las palabras deficiencia (pérdida o anormalidad de alguna función psicológica, fisiológica o anatómica) y minusvalía (situación de desventaja para alguna persona, producto de una deficiencia o discapacidad). La definición de la OMS, dentro de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) para discapacidad es la siguiente:
Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para cualquier humano. Se caracteriza por insuficiencias o excesos en el desempeño y comportamiento en una actividad rutinaria, que pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos. Las clasifica en nueve grupos: de la conducta, de la comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, de la disposición del cuerpo, de la destreza, de situación, de una determinada aptitud y otras restricciones de la actividad
(Cáceres 2004: 74-77).
A lo largo de cinco años se hicieron una serie de estudios sistemáticos para modificar esta definición, aprobándose en mayo de 2001, en el marco de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). En esta nueva versión el concepto de funcionamiento es central, ya que hace referencia a todas las funciones corporales, actividades y participación. Así, el significado exacto según la CIF es:
«Término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una «condición de salud») y sus factores contextuales (factores ambientales y personales)» (Cáceres 2004: 74-77).
Lo novedoso de este significado es que concibe una interacción dinámica entre lo individual y lo social, entre los estados de salud y los factores contextuales. Es decir, lo que sucede en el espacio inmediato del individuo (familia, amigos, etc.) y las estructuras sociales formales e informarles en las que se encuentra inmerso (entorno laboral, redes sociales, medios de transporte, actitudes e ideologías, etc.). Asimismo, elimina en su definición al concepto de «minusvalía» por considerarlo peyorativo, e incluye otros como son limitaciones en la actividad, restricciones en la participación y factores contextuales.
En los documentos referidos al tema de la discapacidad dentro de la Unión Europea, ya se habían utilizado los conceptos de minusvalía y discapacidad en los años ochenta y anteriores. En los más recientes, de la última década, se habla de personas discapacitadas o con necesidades especiales, obedeciendo a las definiciones de la OMS ya expuestas. Sin embargo, aún hay diferencias en algunos documentos rectores a nivel nacional en torno a la definición de este concepto. En una investigación realizada por la Universidad de Brunel (European Comision 2002), se hace hincapié en la necesidad de homologar este concepto pues quizá habría obstáculos para la aplicación total de los derechos de los ciudadanos comunitarios. La libre movilidad de personas discapacitadas, por ejemplo, podría verse afectada en tanto libre accesibilidad a servicios específicos, en el campo de la seguridad social u otros derechos por tener una descripción o valoración distinta de un país comunitario a otro.
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Existen diferentes paradigmas para entender y atender toda la problemática relacionada con la discapacidad como señala Aguilar Montero (1997). Este autor menciona diversos momentos: una primera etapa, la de rechazo extremo, incluso la muerte a personas con insuficiencia física o mental; otra, la de compasión caritativa que tiene que ver con la incorporación de las personas con discapacidad en hospicios; una tercera, la de atención/reclusión donde los discapacitados reciben igual trato que los delincuentes y por tanto se les encerraba; y la cuarta, que sería ideal hoy mismo, la que está basada en la de igualdad de derechos y oportunidades para todos.
Otro punto de vista es el de Demetrio Casado (1991), quien señala en primer lugar la de integración utilitaria, donde por lo general se explota al discapacitado al asignarle tareas poco remuneradas; luego habla de la exclusión aniquiladora, que consiste en encerrar en sus casas o asilos a los discapacitados; de la intervención técnica y especializada, que finalmente crea dependencia, y, por último, la accesibilidad, que tiene que ver con la eliminación física de barreras arquitectónicas. Cualquiera de estas concepciones, como otras que también ya quedaron explicadas, se refiere a individuos aislados, con problemas individualizados y no sociales.
Por ello, la postura de Verdugo (1998) cobra importancia cuando destaca la existencia de tres etapas en el devenir histórico del análisis de la discapacidad. Así, nos habla del modelo tradicional, del paradigma de la rehabilitación y del paradigma de la autonomía personal. En el primero, se considera a las personas con discapacidad como dependientes absolutas a alguna persona o institución; el segundo, ubicándose sólo en las deficiencias e incapacidades, se propone a la rehabilitación como único paradigma para su integración social el curarse de su enfermedad; por último, la opción de independencia es la que manejan las organizaciones civiles y defienden los movimientos por los derechos humanos, para ello, es importante la rehabilitación pero también, la supresión de las barreras físicas y sociales. Este autor avanza considerablemente en el estudio de la discapacidad cuando destaca el papel de organizaciones preocupadas por esta problemática, más allá de cuestiones individualizadas, pero aún con énfasis en la dependencia personal.
Por su parte, Raúl González (2004) aborda la discapacidad a través de tres conceptos básicos: discriminación, marginación y exclusión. En el primero hay un efecto en las relaciones sociales, debido a la distancia que a veces se impone debido a las diferentes capacidades; el segundo, se hace referencia no sólo a las limitaciones personales, sino a las barreras sociales que se crean en torno a las personas con discapacidad; por último, el extremo, la negación social de personas «no aptas» para desempeñarse como las «personas normales».
La orientación correcta para estudiar el tema, entonces, parte del análisis sociológico de la discapacidad y no sólo desde el punto de vista médico donde se proyecta todo un esquema de rehabilitación sin tomar en cuenta las necesidades integrales del individuo; es decir, dentro de un modelo social que contemple a las personas discapacitadas como producto de su contexto social y de su medio ambiente, en contra del sentido de la incapacidad («disabled») como no apto para trabajar. En este sentido, se reafirma la necesidad de la organización política para obtener apoyos públicos a sus propias necesidades de integración social, por ejemplo, el de la accesibilidad a los servicios como parte integrante de la libertad, en tanto un derecho humano inalienable, muy en boga en Europa, Estados Unidos de América, Canadá, Australia y, en menor grado, en algunas capitales de los países en desarrollo.
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