Política y regulación de los transportes en España: sostenibilidad, eficiencia y papel de los usuarios
| Autor | Mª Ángeles González Bustos |
| Páginas | 453-473 |
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Mª Ángeles González Bustos
Profesora Titular de Derecho Administrativo.
Universidad de Salamanca.
SUMARIO: I. PANORAMA DEL SECTOR DEL TRANSPORTE Y ÁMBITO DE INFLUENCIA. II. MARCO REGULADOR DEL TRANSPORTE Y SU CONFIGURACIÓN COMO SERVICIO INTERCONECTADO. 1. Transporte por carretera y ferrocarril. 2. Transporte aeronáutico y marítimo. III. INCIDENCIA DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL Y ENERGÉTICA EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE. IV. MARCO ACTUAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y VENTAJAS PARA LOS USUARIOS DE LOS MISMOS. V. POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES A DESARROLLAR EN EL HORIZONTE 2024. 1. Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024. 2. La importancia de la utilización de energías renovables en el sector del transporte.
El sector del transporte representa uno de los sectores que más influyen en la economía y en la sociedad actual ya que a través de él se produce un movimiento de mercancías y viajeros de un lugar a otro por todo el planeta. El desarrollo del transporte, y por ende de las infraestructuras, está conectado con el desarrollo económico de un país.
En España, el desarrollo del mismo está unido a las diferentes políticas públicas que se han ido aprobando al efecto en conexión con la política de la Unión Europea, configurando así una red de prestación y distribución de servicios que necesita de una infraestructura para llevarse a cabo 1. Las políticas de la Unión
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Europea en materia de transporte se configuran en la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) que constituye la estructura de las infraestructuras actuales y el desarrollo de las mismas de cara al futuro, impulsando medidas que promuevan la utilización eficiente de los recursos de cada uno de los Estados, y la articulación del sistema de transporte dentro del ámbito de la Red, dando como resultado un conjunto planificado de redes prioritarias de transporte con el objetivo de facilitar la comunicación entre personas y mercancías a lo largo de la Unión Europea.
El análisis que se plantea a continuación se va a centrar en el desarrollo que ha tenido lugar en nuestro país, para posteriormente poder plantear aquellas actuaciones y mejoras encaminadas a la consecución de un mayor nivel de eficiencia y calidad en los servicios para cumplir los objetivos de la ley de economía sostenible en lo que se refiere al sector del transporte.
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, configura en el título III un marco sobre sostenibilidad ambiental prestando atención, en el capítulo III al transporte y la movilidad sostenible. Establece unos principios que deberán ser atendidos por las Administraciones Públicas a hora de regular los diferentes sectores de actividad (art. 93):
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La garantía de los derechos de los operadores y usuarios, en especial los derechos de igualdad en el acceso a los mercados de transporte, participación, queja y reclamación.
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La promoción de las condiciones que propicien la competencia
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La gestión eficiente por parte de los operadores y de las Administraciones Públicas.
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La coherencia entre los niveles de inversión y calidad de servicio y las necesidades y preferencias de los usuarios.
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El fomento de los medios de transporte de menor coste ambiental y energético y de la intermodalidad.
Y establece una objetivos y prioridades que han de tenerse en cuenta a la hora de planificar las infraestructuras (art. 97) como son la promoción de la competitividad de la economía, la cohesión social y territorial, la movilidad sostenible y segura, y el impulso del transporte de mercancías por ferrocarril siendo esta última una de las prioridades de las inversiones en materia de infraestructuras.
La economía, el turismo y la actividad industrial, representan los ámbitos en los que mayor influencia del sector transporte se puede observar, y en el que las grandes inversiones han constituido un factor de actividad y estimulación econó-mica en un momento de crisis como el sufrido en los últimos años. Sin embargo, el transporte repercute negativamente en el medio ambiente produciendo importantes perjuicios en el cambio climático ya que es un sector que consume un gran porcentaje de energía.
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Esto hace necesario reorientar el modelo actual hacia una movilidad energéticamente más sostenible tomando como ejemplo el ferrocarril que entre los diferentes medios de transporte es el que presenta un menor consumo energético haciendo de éste el medio más sostenible. Los efectos negativos que producen las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los medios de transporte hacen que sea ineludible la adopción de medidas preventivas y de control que incidan sobre la reducción de la contaminación atmosférica y una mayor calidad del aire. Pero no sólo hay que adoptar medidas en el medio de transporte utilizado sino también sobre el desarrollo de las infraestructuras como la red de carreteras, que tiene su influencia en el medio natural y en la biodiversidad al ser el factor determinante de la pérdida del hábitat de muchas especies, de la fragmentación de muchos de estos espacios producida por el efecto barrera que supone la construcción de carreteras en su medio natural, o la mortalidad de los animales por las colisiones o atropellos de los vehículos.
Las obras públicas de infraestructuras, entendidas como el conjunto de elementos que se consideran necesarios para el desarrollo de los diferentes modos de transporte, es decir vías y carretas, rutas de navegación marítimas y aéreas, instrumentos y operadores que permitan el transporte que dependerán de la finalidad de ese transporte (vehículos de motor, ferrocarriles, aviones, barcos…), estaciones de servicios, terminales…; necesitan de un marco regulatorio para que el transporte sea eficaz y adecuado a las necesidades sociales y medioambientales 2.
Las políticas públicas que se adoptan en el sector del transporte dependen en gran medida del modo de transporte utilizado, es decir: terrestre que puede ser por carretera o ferrocarril, marítimo o fluvial, y aéreo. Cada uno de estos modos esta sometido a regulaciones específicas, sin perjuicio de que en numerosas ocasiones el transporte pueda ser combinado o intermodal, es decir alternancia de diferentes medios para el traslado de una misma mercancía o persona en un trayecto determinado, dando así como resultado un servicio interconectado.
La Constitución Española establece como competencia exclusiva del Estado la regulación de los “ferrocarriles y transporte terrestre que transcurra por el territorio de más de una Comunidad Autónomas, régimen general de comunicaciones, tráfico y cir-
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culación de vehículos de motor…” (art. 149.1.21º CE), dejando a las Comunidades Autónomas la regulación del ámbito urbano y metropolitano dentro de su territorio. Posteriormente, y como complemento a lo señalado en la Constitución se aprobó la LO 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado a las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable 3 (parcialmente modificada por la LO 5/2013, de 4 de julio). Por medio de dicha ley se traspasa a las Comunidades Autónomas la mayoría de las funciones ejecutivas sobre la materia, así como la potestad normativa para elaborar normas de desarrollo de la regulación estatal de las facultades objeto de delegación. Así pues el Estado ha ido configurando un marco regulador del transporte terrestre sin perjuicio de la competencia autonómica que dependerá del ámbito terrestre por el que se desarrolle, y de la vía de comunicación a utilizar, es decir por carretera o ferrocarril.
El desplazamiento por carreteras es el principal modo de transporte en España, teniendo un papel fundamental en la estructura de la movilidad de nuestro país por lo que las políticas públicas deben estar orientadas a una mejora en la eficiencia y calidad de los servicios que se prestan, para lo cual se hace necesario el desarrollo de unas infraestructuras adecuadas como la red de comunicación existente formada por: carreteras, autovías, autopistas y vías urbanas consideradas por la importancia de las mismas como bienes de dominio público 4. Las vías de comunicación son básicas en el desarrollo económico de cualquier sociedad tanto de manera indirecta al construirse; como por las posibilidades de desarrollo que permiten en relación al comercio interior y exterior, las actividades económicas-financieras, el turismo y ocio, el desarrollo del territorio y urbanismo… Por consiguiente, para que el transporte por carretera resulte efectivo necesita de unas adecuadas infraestructuras de comunicación, puesto que a través de ellas podrá garantizarse la libre circulación de mercancías y personas en todo el territorio al tiempo que se consiga aumentar la seguridad en el tráfico viario.
La regulación de la red de carreteras se contempla en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, y su reglamento de desarrollo que hasta su aprobación será de aplicación el RD 1812/1994, de 2 de septiembre, que aprueba el Reglamento general de carreteras.
El transporte por carreteras se regula con carácter general en la Ley 16/1987, de 30...
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