Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 17 de enero de 2013 (Ponente: Encarnación Roca Trías)

AutorEva Blasco Hedo
CargoResponsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Páginas67-69

Page 67

Fuente: BOE Núm. 37, de 12 de febrero de 2013

Temas Clave: Hidrocarburos, Mar territorial; Comunidad Autónoma de Canarias; Competencias

Resumen:

Hemos seleccionado esta sentencia porque en ella se plantea la cuestión sobre si el mar territorial forma parte o no del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias a los efectos de otorgar las autorizaciones y permisos de exploración y permisos de investigación a que se refiere el Título II de la Ley 12/2007, de 2 de julio por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en las zonas del subsuelo marino o cuando su ámbito comprenda, a la vez, zonas terrestres y del subsuelo marino; dejando al margen las concesiones de explotación.

Mientras que el Gobierno de Canarias sostiene que a través del artículo único, apartado uno de la Ley 12/2007, se vulneran las competencias autonómicas en materia energética y de ordenación económica; la defensa del Estado considera que el otorgamiento de aquellas autorizaciones es competencia estatal, amparándose en que la CA carece de competencias sobre el mar territorial pues ni forma parte de su territorio ni tampoco se dan las condiciones exigidas por la doctrina constitucional para que puedan llegar a ejercerse.

El Pleno de la Sala parte del territorio como elemento definidor de la titularidad de la competencia, en la medida en que en él se desarrollan las oportunas actividades materiales. Sobre la base de la singularidad del hecho insular contemplado en los artículos 138 y 142 CE y la consagración del "mar territorial como soporte topográfico del medio ambiente que se integra por un elemento móvil -las aguas- que por razones obvias físicas no puede adscribirse de modo permanente a un lugar determinado", el Pleno de Tribunal entiende que el mar no forma parte del territorio de las CCAA y que solo excepcionalmente podrán ejercerse competencias autonómicas sobre él, siempre y cuando se reconozca expresamente en el Estatuto o derive de la naturaleza de la competencia, como en el caso de la acuicultura, la ordenación del sector pesquero o el marisqueo.

El Gobierno de Canarias considera que con arreglo a su Estatuto de Autonomía, el archipiélago lo conforman las siete islas y las aguas jurisdiccionales y, en consecuencia, el mar territorial, que formaría parte del territorio canario. A sensu contrario, la Sala deduce que la inclusión del término archipiélago en el Estatuto de Autonomía no significa que el

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