Plan estratégico de protección al consumidor 2002-2005

El Plan Estratégico que aquí se presenta establece las bases de las políticas de consumo programadas para su realización en España durante los próximos cuatro años.

Este Plan continúa la tendencia que ha marcado el quehacer de los responsables de consumo en nuestro país durante las últimas legislaturas, poniendo sobre papel y marcando tiempos, en virtud de los objetivos que a continuación se enumeran, a una colaboración que se viene practicando desde que nuestro Estado se articuló en Comunidades Autónomas, con el fin último de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, así como para velar por el establecimiento de un equilibrio económico y social justo entre las diversas partes del territorio español.

La estructura del Plan difiere de la de los anteriores. La idea es adaptar el trabajo de las Administraciones de Consumo a la realidad en la que ha de ser útil. Es decir, debemos garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de proteger la salud, la seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios, en el marco de las directrices señaladas por el Tratado de Niza, en una realidad económica donde día a día los servicios avanzan posiciones en lo que hasta ahora ha sido una sociedad fundamentalmente de productos y en la que se está produciendo en los últimos años un crecimiento notable de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos claves de la vida de las personas: comunicaciones, alimentación, salud, formas de pago, sistemas de adquisición de bienes y servicios, etc.

Los nuevos medios tecnológicos en la sociedad de la información y en el marco de una economía de mercado único en el ámbito de la Unión Europea, fundamentan, en consecuencia, una mas eficiente actuación coordinada e integrada de las Administraciones Públicas que haga frente a la resolución de problemas en un entorno en el que hay que desenvolverse con gran rapidez, justamente por el desarrollo de nuevas tecnologías en la oferta de bienes y servicios, la liberalización de servicios de interés general, la introducción de la moneda única, la unidad de mercado y la libertad de empresa y libre competencia, en dónde junto con el respeto y protección a los recursos medio ambientales, se protejan igualmente mediante procedimientos eficaces los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

Y ello debe ser así, porque ante las indiscutibles ventajas generales de la sociedad de la información y el mercado Page 126 único, los riesgos a los que pueden exponerse la seguridad y los intereses económicos de los consumidores y usuarios en un irregular funcionamiento del mercado, pueden incrementarse, afectando especialmente a determinados colectivos de población que por circunstancias físicas, económicas, sociales o geográficas, no tengan acceso a una información veraz e incluso a la oferta generalizada de bienes y servicios. Porque es una realidad que en las sociedades avanzadas están apareciendo nuevas formas de exclusión y desigualdad social que se manifiesta en grupos de personas vulnerables, como las afectadas por algún tipo de discapacidad, que no gozan de las mismas oportunidades para acceder, en igualdad de condiciones a los derechos que los ciudadanos tienen como consumidores y usuarios. La acción concertada de las Administraciones, los sectores económicos y los representantes de esos colectivos es de gran importancia para suplir esa dificultad.

Las Administraciones Públicas, responsables de la acción protectora de los derechos e intereses de consumidores y usuarios, deben arbitrar marcos normativos y voluntarios que tiendan a evitar estas posibles consecuencias negativas y para ello, como por otra parte se establece constitucionalmente, deben procurar la adecuada concienciación de los consumidores y usuarios como colectivo que debe participar en la definición y defensa de sus intereses, y de los sectores productivos cuyas ofertas estarán definidas en función de la demanda del mercado, donde el sujeto activo básico y esencial es y debe ser el consumidor.

Otro de los aspectos que se han tenido en cuenta en la redacción de este Plan estratégico es que los sistemas de producción actuales, donde la competitividad exige producir mejor a menor precio, pueden poner en peligro la supervivencia medioambiental del planeta, o incluso el desarrollo integral de determinados países.

El consumo solidario, el comercio justo, el respeto al medio ambiente, son referentes a los que hasta ahora no se había dado una importancia primordial en la planificación económica de los países desarrollados. Pero esto está cambiando. Nace, así, un compromiso de las Administraciones de Consumo, no sólo con sus propios ciudadanos actuales, sino con las generaciones futuras. No sólo con las de su propio país, sino con las de toda la Tierra.

La globalización de la economía y de las transacciones de bienes y servicios rompen el espacio geográfico de un mercado con puntos espaciales determinados, que no está compuesto por varios países como es el caso de la Unión Europea, nuestro referente hasta ahora en cuanto a fronteras, sino que ya, real y físicamente, es un mercado sin límites.

Las políticas públicas de protección de consumidores y usuarios deben, en el entorno que se describe y ante los retos que se presentan ofrecer, procedimientos eficaces y eficientes, de fácil acceso y respuesta ante las necesidades emergentes. Deben, en definitiva, configurar su actuación en el marco de la consideración de un servicio general que demanda el ciudadano/ cliente y que en sí mismo, y además de en la potestad jurídico pública Page 127 atribuida, legitima su actuación.

Para ello las Administraciones Públicas, partiendo de la pluralidad de las mismas con competencia en materia de protección de consumidores y usuarios, deben ofrecer los servicios que pueden prestar al ciudadano, individual y colectivamente considerado, como consumidor y usuario, reforzando la definición y ejecución de políticas públicas coordinadas e integradas, en donde la Administración Local, como eslabón más cercano al ciudadano, debe integrarse plenamente.

El consumidor, por su parte, también ha de sufrir una transformación en su percepción de la realidad y en cuanto a los referentes que pueda haber tenido hasta ahora. El consumidor de una economía global ha de ser consciente de que las medidas de las Administraciones deben reorientarse en la nueva realidad y adaptarse a las actividades que han de controlar, reforzando su papel preventivo y coadyuvante en la formación de consumidores responsables y activos en un entorno de información adecuada, defendiendo, en todo caso, los intereses generales que no puedan ser plenamente satisfechos por el mercado.

Las políticas públicas de protección de consumidores y usuarios, que resulten de la ejecución del Plan que se presenta, deben reorientarse, admitiendo en su base, además de la potestad de ordenación jurídica del mercado de bienes y servicios, para la protección de los derechos e intereses de consumidores y usuarios individual y colectivamente considerados, una acción de promoción de conductas autorreguladas por los agentes socioeconómicos, en beneficio de una mayor transparencia y eficiente funcionamiento del mercado, donde el consumidor pueda ejercer con plena garantía su capacidad de elección, debidamente informado.

En este sentido cobra una gran importancia el papel que han de jugar las organizaciones de consumidores como interlocutores competentes, válidos y reconocidos por la sociedad; independientes de cualquier interés que pueda enturbiar su credibilidad pública; y con la solidez que les dé su unidad y el respaldo efectivo de la población.

Las nuevas tendencias de la...