Perspectiva de futuro
| Autor | Manuel Novo Foncubierta |
| Páginas | 168-169 |
168 MANUEL NOVO FONCUBIERTA
una serie medidas cautelares que tienen por finalidad prevenir filtraciones
de la información confidencial que forma parte del proceso129, entre las
que destaca, la necesidad de la previa autorización judicial (que defina los
términos de la comunicación) de las comunicaciones entre el Special Ad-
vocate y la persona ausente del proceso y/o su abogado. En último lugar,
la reforma de la IRPA de 2008 también afectó al «sumario» de lo practi-
cado en los trámites ex parte. En este aspecto legal, se pretendió continuar
con la desvinculación del juez del Tribunal Federal (encargado del asunto)
de la defensa de los intereses de la persona ausente130, responsabilizando
al Ministerio del Interior de la elaboración del «sumario» (aunque el juez
competente debe velar por que el sumario comprenda la información per-
tinente y suficiente). Por consiguiente, paradójicamente, se deduce de lo
anterior que, aunque la IRPA haya definido al Special Advocate como el
representante de los intereses de la persona ausente y le otorgue el «privi-
legio» de asistir a los trámites en los que se examina la prueba confidencial,
el Special Advocate no intervendrá en la composición del «sumario», ni
siquiera podrá interpelar sobre su contenido a posteriori.
V. PERSPECTIVA DE FUTURO
Las medidas legislativas post-11S en Canadá han sufrido, tal y como
se ha puesto de manifiesto en este capítulo, una evolución en paralelo al
desarrollo legislativo de otros países, como Reino Unido, Estados Unidos,
Nueva Zelanda, entre otros. Empero, a diferencia de lo acontecido en estos
países, las medidas legislativas canadienses con una finalidad decididamen-
subject to solicitor-client privilege. For greater certainty, in respect of that communication, the
special advocate is not a compellable witness in any proceeding».
129 Art. 85.4 párrafo segundo de la IRPA, «After that information or other evidence is received
by the special advocate, the special advocate may, during the remainder of the proceeding, com-
municate with another person about the proceeding only with the judge’s authorization and sub-
ject to any conditions that the judge considers appropriate»; y tercero, «If the special advocate is
authorized to communicate with a person, the judge may prohibit that person from communicating
with anyone else about the proceeding during the remainder of the proceeding or may impose
conditions with respect to such a communication during that period». Y el art. 85.5 de la IRPA,
«With the exception of communications authorized by a judge, no person shall (a) disclose infor-
mation or other evidence that is disclosed to them under section 85.4 and that is treated as con-
fidential by the judge presiding at the proceeding; or(b) communicate with another person about
the content of any part of a proceeding under any of sections 78 and 82 to 82.2 that is heard in
the absence of the public and of the permanent resident or foreign national and their counsel».
130 Ésta fue una de las demandas de los recurrentes del caso Adil Charkaoui. Los recurrentes
argumentaban la falta de independencia e imparcialidad del juez que mantenía sus funciones
jurisdiccionales y debía, a su vez, mitigar la ausencia en el proceso contencioso de una de las
partes. El Tribunal Supremo no estimó las demandas en este sentido, pero declaró la incoheren-
cia que respecto a los principios del sistema acusatorio se derivan del proceso, tal y como se
configuraba en el estatuto legal anterior. Por esta y otras razones, el legislador encargado de la
reforma de la IRPA desvinculó al juez de la parte y de cualesquiera otras obligaciones distintas
de las propias de su función jurisdiccional.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba