Personas mayores con discapacidad, dependencia, recursos sociales y legislación básica

AutorNorberto Sotomayor Alarcón/Pablo José Abascal Monedero/Pedro Chicharro Rodríguez/Concepción Nieto-Morales
Páginas98-146
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.
El análisis del contexto actual y futuro de las personas mayores, tanto desde el punto de vista de la
provisión de los servicios como de la financiación, constituye un punto de partida fundamental en
cualquier acercamiento a la situación de las personas mayores en España.
Desde finales del siglo pasado debido, entre otros factores, a la prolongación de la esperanza de
vida y a la disminución del número de nacimientos, el porcentaje de personas con más de 60 años,
se está incrementando de una manera más rápida que el resto de grupos de edad en la mayor
parte de los países. (OMS, 2017).
El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones
sociales más significativas del siglo XXI, con impactos para casi todos los sectores de la sociedad,
entre ellos, el mercado laboral y financiero, la demanda de bienes y servicios, la estructura familiar
y los lazos intergeneracionales.
De los más de 7 300 millones de personas que habitan en nuestro planeta, cerca del 8,5% tiene más
de 65 años, pero en algunos países, ese porcentaje es mucho más elevado. Este es el caso de Japón,
que con un 45% de su población mayor de 65 años resulta el más envejecido. Vale destacar que los
países desarrollados son los que cuentan con una población más envejecida. Este proceso, del que
ningún continente está al margen, es muy heterogéneo. Por ejemplo, las regiones que reúnen hoy
la mayor proporción de adultos mayores son Europa Occidental, Norteamérica y Australia 23,35%,
le sigue en orden: Europa del Este (22,45%), América Latina y el Caribe (10,9%) y Asia (10,12%).
(Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores, 2015).
En Europa se prevé un proceso de envejecimiento muy destacado, ya que el 34% de la población del
continente superara los 60 años en 2050. En el caso español, particularmente, el envejecimiento
también crece, especialmente en el subgrupo de personas octogenarias (Abades y Rayon,2012),
siguiendo un ritmo más rápido que el resto de países europeos, lo que, según previsiones, la sitúa
como uno de los países de la Unión Europea más envejecidos del mundo (Ponce de León y Cabello,
2017).
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2018b), el porcentaje de población de 65 años y
más, al cierre de 2017, se situaba en el 19,2% del total de la población, y según previsiones pasaría
a ser del 25,2% en 2033. De mantenerse la tendencia actual la población se incrementaría en la
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mitad superior de la pirámide de población, lo que supondría que en España residirían 12,3
millones de personas mayores de 64 años, 3,4 millones más que en el año de referencia (un 37,6%).
Un dato significativo es la feminización de la vejez, si bien nacen más hombres que mujeres, las
mujeres en la franja de 65 años en adelante superan en un 32,0% (5 068 440) a los hombres (3 839
711).
Si hacemos una comparativa territorial las Comunidades Autónomas (CCAA) más envejecidas son
Asturias, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Aragón y Cantabria, superando el 21% el porcentaje
de personas mayores.
Mientras que las Comunidades menos envejecidas, con un porcentaje por debajo del 16%, son
Murcia, Baleares y Canarias. En relación con el volumen de población en estas edades, son
Cataluña, Andalucía y Madrid, superando cada una de ellas el millón de personas mayores de más
de 65 años. (Abellan et al, 2019).
La Constitución Española (1978)13 hace mención a la asistencia social, aunque el desarrollo de la
misma lo harían las Comunidades Autónomas con la aprobación de sus correspondientes leyes en
materia de asistencia social y servicios sociales. Las distintas Leyes de Servicios Sociales de las
Comunidades Autónomas que forman el Estado, han ido desarrollando y expandiendo el sistema
de servicios sociales en todo el territorio nacional.
La revolución demográfica, unas tasas de fertilidad decrecientes y un aumento de la longevidad
son factores que asegurarán el envejecimiento continuo de la población mundial. España se sitúa
entre los países que tendrá mayor probabilidad de tener una mayor población envejecida.
Como línea estratégica se plantea el fomento del envejecimiento en el medio comunitario. Desde el
punto de vista de la elección personal y coincidiendo con la línea de las Administraciones Públicas
y con la sostenibilidad financiera resulta ser la mayoritaria siempre que la situación de la persona
lo permita.
La vía de atención en el medio comunitario, abre las posibilidades del cuidado no profesional que
será fundamental para equilibrar nuestro poco consolidado sistema de Bienestar. Las entidades
privadas de servicios tendrán un importante yacimiento de mercado, que deberá desarrollarse, en
cuanto la economía salga de la cíclica crisis en la que se encuentra en estos momentos.
Ciertamente, la incorporación de personas mayores con mayores niveles de instrucción, conllevará
demandas de servicios que aspiran a mejorar la calidad de vida, mediante contratos, pólizas de
seguro y otras figuras que además serán promovidas desde los Estados.
Probablemente, el Estado no hacer frente a la cantidad y calidad de servicios que se requieran, y
será la iniciativa privada la que ira ofreciendo a medida que la demanda vaya aumentando,
distintos recursos y equipamientos dirigidos al sector de las personas mayores.
13 Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia
económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares,
promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud,
vivienda, cultura y ocio. (Artículo 50. Constitución Española 1978)
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El Consejo de Europa, que ha venido promoviendo diversas iniciativas y Recomendaciones con el
objeto de mejorar la situación de las personas dependientes y la de sus cuidadores, constituyó a
mediados de la década de los noventa un grupo de expertos que trabajó durante dos años en la
elaboración de un texto de consenso que pudiese ser asumido desde la mayoría de los países
miembros de este organismo internacional. El resultado de ese trabajo fue la aprobación, en
septiembre de 1998, por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, de una Recomendación
relativa a la dependencia (Consejo de Europa, 1998). En dicha Recomendación el Consejo de
Europa define la dependencia como «la necesidad de ayuda o asistencia importante para las
actividades de la vida cotidiana», o, de manera más precisa, como «un estado en el que se
encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física,
psíquica o intelectual tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los
actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal». Esta
definición, que ha sido ampliamente aceptada, plantea la concurrencia de tres factores para que
podamos hablar de una situación de dependencia: en primer lugar, la existencia de una limitación
física, psíquica o intelectual que merma determinadas capacidades de la persona; en segundo
lugar, la incapacidad de la persona para realizar por sí mismo las actividades de la vida diaria; en
tercer lugar, la necesidad de asistencia o cuidados por parte de un tercero.
La dependencia puede entenderse, por tanto, como el resultado de un proceso que se inicia con la
aparición de un déficit en el funcionamiento corporal como consecuencia de una enfermedad o
accidente. Este déficit comporta una limitación en la actividad. Cuando esta limitación no puede
compensarse mediante la adaptación del entorno, provoca una restricción en la participación que
se concreta en la dependencia de la ayuda de otras personas para realizar las actividades de la
vida cotidiana. La evidencia empírica disponible muestra que existe una estrecha relación entre
dependencia y edad, pues el porcentaje de individuos con limitaciones en su capacidad funcional
aumenta conforme consideramos grupos de población de mayor edad.
En realidad, la dependencia recorre toda la estructura de edades de la población. No se puede
circunscribir por ello el fenómeno de la dependencia al colectivo de las personas mayores, aun
cuando sean éstas las que con más intensidad se ven afectadas. La dependencia puede aparecer
en cualquier momento de la vida. Puede estar presente desde el nacimiento, desencadenarse a
consecuencia de un accidente o de una enfermedad aguda en la infancia, la juventud o la vida
adulta o, más frecuentemente, ir apareciendo a medida que las personas envejecen, como
consecuencia de enfermedades crónicas (enfermedad de Alzheimer, artritis, osteoporosis, etc.) o
como reflejo de una pérdida general en las funciones fisiológicas, atribuible al proceso global de
senescencia. La dependencia puede también no aparecer, y de hecho en muchos casos no aparece,
aunque la persona haya alcanzado una edad muy avanzada. Existen una serie de variables de
tipo social y ambiental (además de los factores genéticos) que condicionan la aparición y el
desarrollo de los desencadenantes de la dependencia, en las que los individuos difieren entre sí.
Esto quiere decir que es posible prevenir la dependencia promoviendo hábitos de vida saludables,
mejorando la eficacia de los sistemas de atención de la salud y asegurando el tratamiento precoz
de las enfermedades crónicas.

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