DECLARACIÓN de aplicación provisional del Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000.
| Fecha de Entrada en Vigor | 23 de Agosto de 2005 |
| Marginal | BOE-A-2003-19002 |
| Sección | I - Disposiciones Generales |
| Emisor | Ministerio de Asuntos Exteriores |
DECLARACIÓN de aplicación provisional del Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000.
DECLARACIÓN
'De conformidad con el apartado 5 del artículo 27,
España declara que, hasta su entrada en vigor, el Convenio será aplicable en lo que a ella respecta, en sus relaciones con los Estados miembros que hayan formulado la misma Declaración, a partir de los noventa días de la fecha del depósito de dicha Declaración.'
CONVENIO CELEBRADO POR EL CONSEJO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA
Las altas partes contratantes del presente Convenio,
Estados miembros de la Unión Europea,
Remitiéndose al Acto del Consejo por el que se celebra el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea.
Deseosas de mejorar la cooperación judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión, sin perjuicio de las normas que protegen las libertades individuales,
Señalando el interés común de los Estados miembros de asegurar que la asistencia judicial entre ellos se lleve a cabo con rapidez y eficacia y de forma compatible con los principios fundamentales de sus respectivos Derechos internos, respetando los derechos individuales y los principios contenidos en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950,
Expresando su confianza en la estructura y el funcionamiento de sus respectivos sistemas jurídicos y en la capacidad de todos los Estados miembros para garantizar un juicio justo,
Decididas a complementar el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 20 de abril de 1959 y otros convenios vigentes en este ámbito, mediante un Convenio de la Unión Europea,
Reconociendo que siguen siendo aplicables las disposiciones contenidas en dichos convenios para todas las cuestiones que no se contemplan en el presente Convenio,
Considerando que los Estados miembros conceden importancia al fortalecimiento de la cooperación judicial, aplicando simultáneamente el principio de proporcionalidad,
Recordando que el presente Convenio regula la asistencia judicial en materia penal, basada en los principios del Convenio de 20 de abril de 1959;
Considerando, no obstante, que en el artículo 20 del presente Convenio se contemplan situaciones específicas referidas a la intervención de telecomunicaciones, sin que ello tenga implicación alguna con respecto a otras situaciones de este tipo excluidas del ámbito de aplicación del Convenio;
Considerando que los principios generales de Derecho internacional se aplican a las situaciones no previstas en el presente Convenio;
Reconociendo que el presente Convenio no afectará al ejercicio de las responsabilidades que competen a los Estados miembros en relación con el mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior, y que corresponde a cada uno de los Estados miembros determinar, de conformidad con el artículo 33 del Tratado de la Unión Europea, en qué condiciones mantendrá el orden público y protegerá la seguridad interior,
Han convenido en lo siguiente:
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El presente Convenio tiene por objeto completar las disposiciones y facilitar la aplicación entre los Estados miembros de la Unión Europea:
a) del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 20 de abril de 1959 (denominado en lo sucesivo Convenio Europeo de Asistencia Judicial).
b) del Protocolo adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial, de 17 de marzo de 1978.
c) de las disposiciones sobre asistencia judicial en materia penal del Convenio de 19 de junio de 1990, de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (denominado en lo sucesivo Convenio de aplicación de Schengen), que no queden derogadas en virtud del apartado 2 del artículo 2.d) del capítulo 2 del Tratado de extradición y de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos, de 27 de junio de 1962, modificado por el Protocolo de 11 de mayo de 1974 (denominado en lo sucesivo Tratado Benelux), en el marco de las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Económica Benelux.
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El presente Convenio no afectará a la aplicación de disposiciones más favorables de acuerdos bilaterales o multilaterales entre Estados miembros, ni, como establece el apartado 4 del artículo 26 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial, a la aplicación de disposiciones relativas a la asistencia judicial en materia penal convenidas sobre la base de una legislación uniforme o de un régimen especial que establezca la aplicación reciproca de medidas de asistencia judicial en sus respectivos territorios.
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Las disposiciones de los artículos 3, 5, 6, 7,12 y 23, y, en la medida pertinente a los efectos del artículo 12, las de los artículos 15 y 16, y, en la medida pertinente a los efectos de los citados artículos, las del artículo 1, constituyen medidas que modifican o desarrollan las disposiciones a que se refiere el anexo A del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (1).
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Quedan derogadas las disposiciones de la letra a) del artículo 49 y de los artículos 52, 53 y 73 del Convenio de aplicación de Schengen.
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Se prestará igualmente asistencia judicial en procedimientos incoados por autoridades administrativas por hechos que con arreglo al Derecho interno del Estado miembro requirente o del Estado miembro requerido, o de ambos, sean punibles como infracciones de disposiciones legales, cuando la decisión de dichas autoridades pueda ser recurrida ante un órgano jurisdiccional competente, en particular en materia penal.
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También se prestará asistencia judicial en caso de procedimientos penales y de los procedimientos a los que se hace referencia en el apartado 1, relativos a hechos o infracciones por los que en el Estado miembro requirente pueda ser considerada responsable una persona jurídica.
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En los casos en los que se conceda la asistencia judicial, el Estado miembro requerido observará los trámites y procedimientos indicados expresamente por el Estado miembro requirente, salvo disposición contraria del presente Convenio y siempre que dichos trámites y procedimientos no sean contrarios a los principios fundamentales del Derecho del Estado miembro requerido.
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El Estado miembro requerido ejecutará la solicitud de asistencia cuanto antes teniendo en cuenta en la medida de lo posible los plazos procedimentales y de otra índole que hubiere indicado el Estado miembro requirente. El Estado miembro requirente explicará las razones de dichos plazos.
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Si la solicitud no puede ejecutarse, o no puede ejecutarse en su totalidad según los requisitos del Estado miembro requirente, las autoridades del Estado miembro requerido informarán de ello sin demora a las autoridades del Estado miembro requirente, indicando las condiciones en que podría ejecutarse la solicitud. Las autoridades de los Estados miembros requirente y requerido podrán acordar posteriormente el curso que se dará a la solicitud, condicionándolo, en su caso, al cumplimiento de las condiciones citadas.
(1) DO L 176 de 10 de julio de 1999, p. 36.
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Si se prevé que no podrá cumplirse el plazo establecido por el Estado miembro requirente para la ejecución de la solicitud, y cuando las razones a que se refiere la segunda frase del apartado 2 indiquen concretamente que cualquier retraso supondrá un perjuicio grave para los procedimientos seguidos en el Estado miembro requirente, las autoridades del Estado miembro requerido indicarán sin demora el tiempo que estiman necesario para la ejecución de la solicitud. Las autoridades del Estado miembro requirente indicarán sin demora si la solicitud se mantiene de todos modos. Las autoridades de los Estados miembros requirente y requerido podrán acordar posteriormente el curso que se dará a la solicitud.
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Cada uno de los Estados miembros enviará directamente por correo a las personas que se hallen en el territorio de otro Estado miembro los documentos procesales dirigidos a ellas.
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El envío de documentos procesales podrá efectuarse por mediación de las autoridades competentes del Estado miembro requerido únicamente en caso de que:
a) El domicilio de la persona a la que va dirigido un documento sea desconocido o incierto.
b) El Derecho procesal pertinente del Estado miembro requirente exija una prueba de que el documento ha sido notificado al destinatario distinta de la que pueda obtenerse por correo.
c) No haya resultado posible entregar el documento por correo.
d) El Estado miembro requirente tenga razones justificadas para estimar que el envío por correo resultará ineficaz o inadecuado.
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Cuando existan razones para pensar que el destinatario no comprende la lengua en que esté redactado el documento, deberá traducirse éste, o al menos sus pasajes más importantes, a la lengua, o a una de las lenguas, del Estado miembro en cuyo territorio se halle el destinatario. Si la autoridad que remite el...
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