El papel de la UNESCO en la protección del patrimonio en zonas de conflicto
| Autor | María Teresa Lizaranzu Perinat |
| Cargo | Embajadora Delegada Permanente de España en la UNESCO |
| Páginas | 7-15 |
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Las imágenes de la destrucción del templo de Baal Sahmin en Palmira, la voladura de los yacimientos arqueológicos en Nimrod, la demolición de mausoleos en Tombuctú, los ataques dirigidos contra sitios declarados patrimonio mundial en Iraq o los daños a la ciudad vieja de Sanaa ponen de relieve la fragilidad de los mecanismos de protección del patrimonio frente a las consecuencias de los conflictos armados y hacen aún más relevante la actuación de una instancia internacional específica que permita articular una respuesta común de la Comunidad Internacional. Las crisis en Siria, Iraq, Yemen, Mali o Libia muestran, por otro lado, un grave ensañamiento con el patrimonio, una generalización del uso de esta arma en los actuales conflictos asimétricos y nos devuelven a la memoria imágenes multi-plicadas de otras ya casi olvidadas como la desaparición de los Budas de Bamiyan en Afganistán.
Tras 70 años trabajando para la protección del patrimonio y la diversidad cultural en aras de la
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construcción de la paz, la UNESCO y, sobre todo, sus países miembros tienen una obligación de movilizar medios y conciencias en la opinión pública para prevenir, proteger y reconstruir el daño generado.
La propia UNESCO nace en 1945 ante una Europa de ciudades arrasadas por la Segunda Guerra Mun-dial, en un contexto de reconstrucción, donde la recuperación del patrimonio cultural no queda fuera del mismo. Así, en el artículo primero de su constitución se señala que la organización está encargada de «velar por la conservación y protección universal de libros, obras de arte y monumentos de interés histórico o científico».
Desde la misma creación de la organización, ésta ha impulsado un marco normativo complejo de obligaciones sobre la base de la responsabilidad moral y jurídica de los Estados partes para proteger, prevenir y luchar contra los daños causados por conflictos armados en el patrimonio cultural. Precisamente en 1954 la primera convención específica que se aprueba, texto fundamental en la materia 1, es la Convención de la Haya para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado. En ella se señala que los «ataques a los bienes culturales, constituyen ataques al patrimonio cultural de la humanidad en su conjunto, ya que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mun-dial». Esta Convención, junto a sus dos Protocolos, prohíben el uso de los bienes culturales con fines militares, así como los ataques intencionados a los mismos, proponiendo que los Estados partes incluyan personal especializado en sus fuerzas armadas para coordinarse con las autoridades civiles responsables de la protección del patrimonio. El segundo Protocolo, de 1999, viene a adaptar su normativa a los nuevos tipos de conflictos armados que surgen con posterioridad a la II Guerra Mundial, en particular a la guerra de la antigua Yugoslavia.
La Convención de 1970 sobre Tráfico Ilícito de Bienes Culturales 2, recoge las obligaciones de los Estados en la adopción de medidas tanto en materia de prevención del tráfico ilícito como respecto a la restitución de los bienes que sean incautados a sus países de origen.
Estas dos convenciones específicas se complementan con la de Protección de Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 3, la cual establece no solo que los Estados partes tienen la obligación de preservar, proteger y rehabilitar su patrimonio cultural y natural, sino que estos bienes «constituyen un patrimonio universal en cuya protección toda la comunidad internacional tiene el deber de cooperar» y se obligan por ello sus signatarios a no «adoptar ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente al patrimonio cultural en territorio de otros Estados partes».
Con un enfoque similar se incide en las responsabilidades de los Estados parte de protección y de restitución de los bienes objeto de tráfico ilícito o expolio que constituyan patrimonio cultural subacuático en la convención específica de 2001, y en la protección de las expresiones culturales y de la diversidad cultural (convenciones de Protección de Patrimonio Inmaterial 2003 y de Diversidad Cultural de 2005, respectivamente).
Con esta base, a través de las Secretarías de las diferentes convenciones, la UNESCO realiza labores de seguimiento y asistencia a los Estados parte en su aplicación, así como del respeto a las resoluciones aprobadas en su seno. La responsabilidad última, depende del desarrollo normativo interno y del cumplimiento mismo de los Estados, del que tienen obligación de informar a la organización.
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Aunque el impacto de los conflictos armados en el patrimonio cultural ha crecido en esta última década, 2015 es un año especialmente aciago tanto en pérdida de vidas como en destrucción de patrimonio histórico cultural. La ciudad de Palmira se ha convertido en un símbolo de los ataques.
Tomemos a Siria como ejemplo. Los informes de Naciones Unidas (basados, a falta de la posibilidad de enviar expertos sobre el terreno, en las evaluaciones de daños por imágenes de satélites por parte de la agencia UNITAR-UNOSAT) muestran la envergadura de la pérdida en los cinco años en los que el país ha sido escenario de continuos enfrentamientos: 209 emplazamientos monumentales de interés cultural relevante se han visto afectados por la violencia (bienes no necesariamente encuadrados en la categoría máxima de protección de la UNESCO, la de patrimonio mundial); de estos, 24 han sido destruidos (en más de un 75 % de su estructura) y 104 gravemente dañados (afectados entre un 30 y un 75 %) 4.
Esas cifras hablan de monumentos milenarios irremediablemente afectados: la ciudad de Palmira, el monasterio cristiano de Mar Elian, las antiguas ciudades romanas y griegas de Apamea y de Dura o el yacimiento arqueológico de la edad de bronce de Mari. Entre ellas destaca Alepo, cuyo centro histórico se incluyó en la lista de Patrimonio Mundial en 1986, siendo una de las ciudades más afectadas por la destrucción.
En Iraq, donde los sucesivos conflictos van impactando en la población y en su patrimonio, a los daños ocasionados por las intervenciones armadas se agregan las acciones deliberadas de las fuerzas del llamado Estado islámico (EIIL), que ha arrasado vestigios en Nimrod, o en la ciudad patrimonio mundial de Hatra, en la asiria Nínive o en Mosul, haciendo desaparecer desde monumentos asirios en Khorsabad a mezquitas en Mosul (la del profeta Yunus), junto con su museo y su biblioteca, o los monasterios cristianos (el de Bar Benham).
El daño, muchas veces irreparable, al patrimonio ha acompañado a todas las guerras. Hay, sin embargo, en los conflictos actuales un cambio sustancial en la entidad y en la finalidad perseguida por las acciones contra los bienes monumentales o religiosos. El grado de destrucción, su carácter sistemático y su escala sin precedentes inmediatos y, sobre todo, su utilización como forma de ejercer la violencia extrema sobre la población es algo característico de las fuerzas de Daesh o del EIIL, que van más allá de los daños colaterales, de la desidia o de errores de los efectivos de fuerzas en una confrontación armada. Nos encontramos clara-mente ante acciones intencionadas y específicamente dirigidas contra monumentos y sitios arqueológicos por su condición de herencia y memoria cultural.
También es patente la doble intencionalidad en los saqueos de bienes culturales. El pillaje indiscriminado de los sitios arqueológicos, el expolio de museos o colecciones privadas, bibliotecas, archivos, han sido denunciados por la UNESCO («hay pruebas contundentes de que las excavaciones arqueológicas ilegales y el tráfico ilegal de bienes culturales están financiando actividades terroristas» 5), la Asamblea General y el Consejo de Naciones Unidas, que se han sumado a las críticas y adoptado medidas al respecto.
Según el Departamento de Estado de Norteamérica, Daesh o EIIL no solo favorecen esta actividad ilegal, sino que ha establecido un impuesto del 20 % sobre los bienes provenientes de las excavaciones ilegales, creando así un monopolio sobre su explotación y complementando la financiación de su acción terrorista junto con la explotación de reservas de petróleo en las zonas que controla. El director del Louvre, Jean Luc Martinez, ante una actividad que se calcula puede suponer un 9 % de los ingresos, afirma que «el Daesh actúa como un estado que vive de una especie de diezmo o impuesto dando permisos para excavaciones», y el Presidente francés François Hollande ha alertado ante «la presencia de estos bienes que alimentan el mercado negro mundial, que transitan por puertos francos para el blanqueo, incluyendo los de Europa».
Para hacer frente a la financiación del terrorismo por esta vía, en febrero de 2015, cuando se aprueba -por unanimidad- la resolución 2199 del CSNU, se incorpora expresamente una condena de la destrucción, deliberada o...
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