El organo judicial de segundo grado

AutorManuel Richard González
  1. El efecto remisivo del recurso de apelación

    La jurisdicción de segundo grado, en palabras de AGUILERA DE PAZ, tiene que ser rogada, puesto que, los Tribunales de ese orden sólo pueden conocer en virtud de recurso[2].

    Es decir, es la impugnación de la sentencia por la parte que se considera perjudicada, la que opera la investidura de jurisdicción del Tribunal «ad quem». En virtud del principio dispositivo y de rogación, propios del proceso civil, las sentencias no impugnadas por los legitimados para hacerlo devienen en autoridad de cosa juzgada vinculante para las partes y para los órganos jurisdiccionales[3].

    Así, la interposición del recurso de apelación, además del efecto básico y propio de todo recurso que consiste en impedir la firmeza de la resolución impugnada, produce un efecto específico y consustancial a la apelación que es el denominado efecto devolutivo o remisivo[4].

    Este efecto tiene su raiz en concepciones históricas hoy ya superadas. Sin embargo, a pesar que el fundamento del efecto devolutivo sea hoy otro, a efectos prácticos este efecto del recurso de apelación sigue plenamente vigente, ya que nuestro derecho encomienda el conocimiento y resolución del recurso de apelación a un Tribunal Superior que, por lo general, es la Audiencia Provincial.

    El recurso se interpone ante el Tribunal que dictó la sentencia impugnada[5].

    Una vez admitido, en su caso, se produce la devolución de la jurisdicción al Tribunal superior en virtud de las reglas de competencia funcional[6].

    A efectos prácticos ello significa que interpuesto el recurso se deben remitir a la Audiencia los autos originales o testimonio de aquéllos a fin de proceder a sustanciar y resolver el recurso en la forma prevenida en la Ley (art. 387 y 391 LEC)[7].

  2. El órgano jurisdiccional competente

    En la tramitación del recurso de apelación intervienen dos órganos jurisdiccionales.

    Por una parte, el Tribunal que dictó la sentencia impugnada, también llamado a «a quo», ante el que se interpone el recurso, que admitirá, si fuere procedente, expresando si lo hace en uno o dos efectos[8].

    Por otra, el Tribunal de segundo grado o «ad quem» al que la LEC encomienda el conocimiento de los procesos en segunda instancia, a cuyo efecto el recurso le transfiere plena competencia funcional [9].

    Conforme al art. 82.4 LOPJ la competencia funcional para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias definitivas dictadas en primer grado, por los Juzgados de primera instancia, corresponde a las Audiencias Provinciales[10].

    La única excepción a la competencia de las AAPP para conocer del recurso de apelación es el supuesto de los pleitos sustanciados en juicio verbal de los que conozcan los jueces de paz (V. art. 85.3 y 100.1 LOPJ) [11].

    La competencia funcional atribuida a las AAPP es improrrogable prohibiendo expresamente la ley que las partes se sometan expresa o tácitamente a distinto Tribunal que aquél que corresponda en virtud de la reglas de competencia establecidas en la Ley (artº 61 LEC)[12].

    No obstante, hay que tener en cuenta que la competencia de la Audiencia Provincial para conocer de un determinado recurso de apelación no se atribuye a toda la Audiencia, sino a la Sección correspondiente con la composición que se determine en la ley (art. 81.1 y art. 82.2 LOPJ)[13].

    Las Secciones son, por tanto, los órganos jurisdiccionales que van a ejercer de forma efectiva la «potestad jurisdiccional» en la segunda instancia del proceso[14].

    La atribución de los asuntos a cada Sección de la Audiencia provincial responde a una doble exigencia. Por una parte, a la especialización de las Secciones en determinadas materias[15].

    Por otra, a la necesaria división de la carga de trabajo que se distribuirá

    mediante las normas de reparto de asuntos.

    El reparto cuantitativo de asuntos no presenta ningún problema. Dada la existencia de varias Secciones en las Audiencias es necesario disponer en orden a la distribución de los asuntos entre todas ellas. En cualquier caso, debe garantizarse la aletoriedad de la distribución de los asuntos (art. 24.2 R.5/95). La aprobación de las normas de reparto corresponde a la Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia y se publicarán según dispone el artº 12.6 R.4/1995 de 7 de junio de los órganos de gobierno de los Tribunales[16].

    Corresponde al Presidente de Tribunal Superior de Justicia determinar el reparto de asunto entre las secciones de acuerdo con las normas aprobadas por la Sala de Gobierno (art. 160.9 LOPJ y 54 R. 4/95 de 7 de junio)[17].

    Respecto a las normas de especialización, no parece objetable la atribución a unas determinadas Secciones de la Audiencia de los asuntos penales y a otras de los civiles, teniendo en cuenta la evidente diferenciación entre ambos tipos de procesos[18].

    Sin embargo, si es objeto de crítica doctrinal la atribución en exclusiva a distintas Secciones de las Audiencias de determinados asuntos[19].

    Obsérvese, que cuando las Salas de gobierno acuerdan la atribución en exclusiva de determinados asuntos a una Sección determinada están decidiendo no sobre el reparto de asuntos, sino sobre competencia objetiva[20].

  3. Sustitucion y recusación de Magistrados[21]

    Las normas ordinarias de abstención y recusación de Magistrados son de aplicación a la segunda instancia del proceso en los términos y a través del procedimiento establecido en la LOPJ[22].

    Sobre esta cuestión ha declarado el TC que los motivos de recusación se encuentran legalmente previstos, precisamente, para salvaguardar la garantía de imparcialidad del juzgador, integrando el contenido del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías[23].

    A este fin, las sustituciones de miembros del Tribunal que deba conocer del recurso deben ser notificadas a las partes a fin que cualquiera de estas pueda ejercer su derecho a proponer la recusación de aquellos Magistrados en los que concurra causa legal a juicio de la parte[24].

    Ahora bien, como quiera que lo que se trata de proteger es el derecho a un proceso con todas las garantías considera el TC que la mera omisión de la notificación a la parte, haciéndole saber la composición exacta del Tribunal, no tiene, por sí sola, relevancia constitucional. La ausencia de notificación a la parte del cambio de magistrado es, por tanto, una irregularidad procesal que no tiene entidad suficiente para provocar la nulidad de actuaciones[25].

    No obstante, la parte que considere que concurre causa de recusación en un Magistrado, que en ausencia de notificación no será conocida hasta el acto de la vista oral del recurso, puede en dicho acto ejercer el derecho a recusar con plena eficacia procesal. En este sentido, dispone el art. 223 LOPJ que la recusación deberá proponerse «tan luego» como se tenga conocimiento de la causa en que se funda. Por tanto, la recusación se puede proponer en cualquier momento, incluso en la vista oral, ya sea porque hubo un cambio de magistrado no notificado, o bien porque la parte desconocía la concurrencia de una causa de recusación, sin que proceda desestimarla por extemporánea[26].

    Anunciada la recusación procede decretar la suspensión de la vista a fin que las partes puedan ejercer su derecho a recusar al Magistrado en el que entiendan que, por su relación con el objeto del proceso, concurre causa de legal de recusación.

    No parece que la dilación del proceso que pudiera producir el nuevo señalamiento de la vista deba constituir un quebranto de la tutela judicial de ninguna de las partes.

  4. Colegialidad y unipersonalidad del Tribunal de segunda instancia

    Cuál deba ser la composición del órgano judicial de segunda instancia es una cuestión que se suele plantear en el ámbito doctrinal y que en nuestro derecho ha recobrado interés por el establecimiento, y posterior declaración de inconstitucionalidad, de un Tribunal unipersonal para el conocimiento de los recursos de apelación contra sentencias dictadas en juicio verbal.

    Característica esencial atribuida al recurso de apelación es el conocimiento del mismo por un Tribunal superior, que puede tener una conformación unipersonal o colegiada en virtud de la tradición de los distintos ordenamientos jurídicos[27].

    En nuestro derecho, tradicionalmente, se han combinado jueces unipersonales en primera instancia junto con Tribunales colegiados para la alzada, lo que ofrece en el plano lógico mayores garantías por el mayor número y el superior criterio y experiencia que cabe otorgar a sus componentes[28].

    No obstante, se puede decidir como criterio de política legislativa que los pleitos de menor cuantía e importancia sustantiva o procesal sean sometidos en apelación a jueces unipersonales, y los litigios de más elevada cuantía o complejidad sustantiva o jurídica a órganos de apelación pluripersonales[29].

    Esta fue la solución adoptada por la ley 10/92 de 30 abril de medidas Urgentes de Reforma Procesal que estableció en el art. 737 LEC, que de la segunda instancia de los juicios que se siguen por los trámites del verbal conocería la Audiencia Provincial constituida con un solo Magistrado[30].

    La doctrina criticó duramente esta reforma con base a tres...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR