¿Una nueva organización jurídica, social y económica del suelo agrícola?

AutorRafael Gómez Pavón Marín
CargoRegistrador de la Propiedad
Páginas137-144

Page 137

De nuevo, vientos de cuadrantes más o menos empíricos, parecen agitar la vieja cuestión de una reforma del agro capaz de abarcar los aspectos que enunciamos. Aún vibran los ecos con las palabras del Jefe del Estado en que, de pasada, pero anunciadoras de firmes propósitos se aludía a la necesidad de ir a una nueva reforma agraria en que la eficacia y la equidad fueran pro indivisamente servidas sin los estragos de viejas demagogias extemporaneas. Ciertamente que el tema, sin el vislumbre de sus directrices esenciales que dieran lugar a especulaciones más o menos acertadas, no dejará de producir alarma-por esta misma ignorancia- entre las clases empresarias y laborales del país. Hoy, como hace siglos, la agricultura viene siendo la inexcusable base de nuestra economía nacional por muchos que hayan sido los adelantos, protecciones y logros de las actividades y sectores industriales qué, forzosamente, por nuestra propia estructura y limitación de medios y materias, se ven en la imposibilidad de competir con los productos extranjeros en precios y calidades, si no es al amparo de una fuerte barrera arancelaria.

Hablar, pues, de reforma agraria es resucitar uno de los temas más apasionantes del ámbito político nacional desde los años de la restauración monárquica. Porque no cabe duda que, esgrimidaPage 138 como banderín de enganche político, apasionado y morboso, en tiempo que los españoles se esfuerzan en olvidar, el régimen que con Franco triunfó en la reconquista de la paz, se ha preocupado honda y tenazmente porque el sector agrícola encontrara las ayudas y satisfacciones que tan vitales interés requerían con dos instituciones felizmente eficaces: El Instituto Nacional de Crédito Agrícola y el Instituto de Colonización, con sus paralelos el de Investigaciones Científicas y el Nacional de Industria. Por el primero se han facilitado sumas ingentes a los agricultores agobiados unas veces por las calamidades meteorológicas, o deseosos otras de adoptar nuevas técnicas de cultivo y explotación, que, aumentando las rentas de sus patrimonios, hacen subir notablemente los índices de producción necesaria para alimentar una población en constante crecimiento y el «stock» tan necesario de divisas fuertes.

Desconocemos aún el más insignificante detalle de cómo ha de ser esta nonata reforma agraria cuyo cañamazo parece estar ya compuesto en la mente del legislador; mas cualquiera que sea la orientación a seguir no podrán ser perdidos de vista tres de los problemas fundamentales: el jurídico, el social y el económico.

En el jurídico tenemos ya la Ley de Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, las múltiples modificaciones de las Leyes de arrendamientos, las de cultivos más beneficiosos, las de contrato de cesión de suelo para plantaciones de viña, olivar y otros, las normas para pago de rentas, la regulación de las no pactadas en trigo, la repercusión en las contribuciones, las condiciones para el desahucio, la de competencia y jurisdicción en arrendamientos rústicos, la de conservación del suelo agrícola, etc.

En el social, las Leyes de acceso a la propiedad, patrimonios y huertos familiares, las de colonización de zonas regables, los seguros del campo, alumbramiento de aguas, explotación y mejora de zonas áridas, adquisición de fincas, auxilios técnicos y económicos, granjas escuelas, expropiación forzosa, fincas modelos, cesión de fincas a Ayuntamientos por Colonización, beneficios tributarios, exenciones...

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