Orden PCI/161/2019, de 21 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave.

MarginalBOE-A-2019-2442
SecciónI - Disposiciones Generales
EmisorMinisterio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Rango de LeyOrden

El Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión del día 21 de enero de 2019, ha adoptado un acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave.

Para general conocimiento se dispone su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo a la presente Orden.

Madrid, 21 de febrero de 2019.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo Poyato.

ANEXO Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023 1. Resumen ejecutivo

La Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023 viene a revisar y actualizar la anterior Estrategia Española contra el Crimen Organizado 2011-2014. Aunque algunas circunstancias en ella tratadas permanecen en vigor en la actualidad, los cambios en determinados aspectos delincuenciales, tecnológicos, sociales y de la situación internacional obligan a que, tras varios años desde la finalización prevista de su vigencia (si bien, desde entonces se ha continuado desarrollando la aplicación de determinadas actuaciones e implementado otras), deba ser revisada y puesta al día para tener una renovada visión estratégica.

Nos enfrentamos a nuevas amenazas y desafíos para la Seguridad Nacional derivados de los escenarios, algunos nuevos, que presentan el crimen organizado y la delincuencia grave. El objetivo principal de esta Estrategia pretende minimizar las consecuencias negativas asociadas a ellos, poner a disposición judicial a los criminales, desarticular los grupos existentes y prevenir la implantación de otros nuevos.

A grandes rasgos, se considera delincuencia grave aquélla que afecta a los grandes derechos o bienes superiores del individuo (la vida, la libertad, etc.), la que incide de manera intensa sobre los valores que sustentan la convivencia (propiedad, ética, creencias, etc.) o la que ataca a los ámbitos o aspectos socialmente más sensibles (libertad sexual, víctimas sensibles o vulnerables, como los menores, etc.).

Cuando la delincuencia grave se desarrolla por una pluralidad de individuos que se conciertan de manera expresa para cometer sus actividades delictivas en amplios territorios, ésta se convierte en Delincuencia Organizada. Por sus características de transnacionalidad, flexibilidad, adaptabilidad y recuperación es capaz de interactuar con otras amenazas generadoras de riesgos, como los conflictos armados, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, el espionaje, los ciberdelitos y las amenazas sobre las infraestructuras críticas. Unas y otras se activan y retroalimentan potenciando su peligrosidad y aumentando la vulnerabilidad del entorno donde la sociedad se desenvuelve.

Los documentos de evaluación de la situación del crimen organizado, a nivel de la UE y de la ONU, lo consideran una de las principales amenazas para la seguridad, por cuanto puede tener capacidad para afectar a las estructuras y valores sociales, económicos o políticos y, por tanto, a la estabilidad de los países.

Pero si bien la delincuencia organizada es la que provoca los efectos más dañinos en las estructuras del Estado, la percepción cotidiana del ciudadano ante actividades criminales consideradas como de menor entidad, pero frecuentes, debe ser también tenida en cuenta para el diseño de una respuesta más eficiente.

Actualmente, se precisa de una visión integral que dé una respuesta global que involucre a todos los operadores públicos de seguridad, al estar difuminados los límites entre la seguridad exterior e interior de las naciones. Así, desafíos como los flujos migratorios irregulares, la inestabilidad económica y financiera, las emergencias y catástrofes, las epidemias y pandemias y los efectos del cambio climático, traspasan fronteras e invaden espacios comunes globales a toda la comunidad internacional, rompiendo esa disyuntiva entre ámbito territorial interno y externo.

Esta situación, además de demandar la participación de la sociedad, obliga a una coordinación entre todas las administraciones con responsabilidad en materia de seguridad, o el auxilio a jueces y fiscales para mejorar las formas de colaboración y de intercambio de información e inteligencia relacionada con la delincuencia grave y el crimen organizado, así como sus relaciones con el terrorismo y la seguridad aérea, marítima, terrestre o económica.

En la elaboración de esta Estrategia se han tenido en cuenta los principios rectores de la política de Seguridad Nacional: Unidad de acción, anticipación, eficiencia y resiliencia. Sobre ellos se sustentan las diferentes líneas de acción estratégicas.

La Estrategia pretende ser un elemento de prevención que sirva para reducir el impacto futuro de la amenaza, mediante la aplicación de políticas de seguridad pública anticipativas y disuasorias. Por otra parte, debe articularse como una herramienta de reacción frente al crimen organizado y la delincuencia grave, que permita investigar, perseguir y neutralizar estos fenómenos de la forma más eficaz. Y finalmente, debe recoger aspectos de carácter asistencial y de sensibilización social, que contribuyan a mejorar el apoyo y protección a las víctimas, especialmente las más sensibles, como los menores o las personas en situación de vulnerabilidad.

El eje vertebrador de esta Estrategia debe basarse en la promoción de acciones proactivas y anticipativas de inteligencia estratégica y operacional. Se precisa generar conocimiento que permita sumar sinergias y dirigirlo hacia una respuesta a medio-largo plazo más eficiente y preventiva ante la criminalidad organizada y grave.

En un mundo tan complejo como el actual, se deben facilitar a los ciudadanos estrategias y herramientas que les ayuden a prevenir, reaccionar y a ser resilientes frente a los problemas asociados al crimen organizado y la delincuencia grave; así como, proporcionar a las víctimas de estos hechos criminales el apoyo y asistencia que necesitan. Todo ello para propiciar la esencial cooperación y colaboración ciudadanas.

La presente Estrategia se estructura en torno a diez ejes de actuación, siete troncales y tres trasversales, dirigidos a dar una respuesta global a estos fenómenos complejos y con tantas dimensiones y singularidades como son el crimen organizado y la delincuencia grave.

Ejes troncales

El primer eje: «Inteligencia como prevención y anticipación de amenazas». Busca promover la generación de inteligencia como vehículo de anticipación contra estos fenómenos. Resulta esencial el conocimiento sobre la situación, la evolución y las nuevas tendencias de la realidad criminal mediante el empleo de la inteligencia.

Se considera una prioridad la necesidad de continuar avanzando en la potenciación de las estructuras de inteligencia, utilización de herramientas idóneas, mejora de los canales de comunicación y coordinación entre todos los operadores públicos de seguridad nacionales e internacionales, y favorecer la actuación en este ámbito. Todo ello sobre la base de contar con las suficientes capacidades en tecnologías de la información y de una legislación adecuada que permita la disponibilidad, el acceso ágil y el tratamiento de datos relevantes para la seguridad pública.

El segundo eje: «Neutralizar la economía del Crimen Organizado y de los delincuentes». Se dirige a impulsar la investigación de la estructura económica y financiera de los criminales y organizaciones delictivas para lograr la incautación de los beneficios ilícitos como una de las respuestas más eficaces para la neutralización de su actividad delictiva.

Requiere prestar especial atención a la actualización de los instrumentos normativos sobre prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, potenciar e incrementar las investigaciones patrimoniales, la localización y recuperación de activos, así como impulsar los intercambios de información en los que se involucre a los distintos actores nacionales e internacionales responsables al efecto.

El tercer eje: «Lucha contra los mercados criminales y las graves formas delictivas». Se basa en implementar medidas para minimizar el riesgo asociado a todas las actividades criminales, orientando el mayor esfuerzo hacia aquéllas con especial incidencia en el panorama criminal de España, como son: el tráfico de estupefacientes, los delitos relacionados con la corrupción, el blanqueo de capitales, el cibercrimen, la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de migrantes, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, los fraudes a los intereses de la Hacienda Pública, los delitos contra el patrimonio (robos violentos y con fuerza), el tráfico ilícito de armas y los delitos contra el medioambiente.

El cuarto eje: «Vinculación entre el Crimen Organizado y el Terrorismo». Persigue propiciar una respuesta que integre la inteligencia operativa y estratégica generada sobre ambos tipos de amenazas, buscando realizar interpretaciones más abiertas y creativas que faciliten nuevas vías de prevención, investigación y análisis.

El quinto eje: «Cooperación y coordinación internacional». Busca continuar mejorando los mecanismos internacionales de colaboración, cooperación, coordinación e intercambio de información, tanto a nivel bilateral, con los socios de interés estratégico para España, como multilateral en el seno de las Organizaciones Internacionales de las que forma parte.

El sexto eje: «Seguridad: compromiso en común». Se orienta a integrar en la lucha contra estas amenazas a los distintos actores implicados, en el sector público y en el privado, mediante el refuerzo o, en su caso, establecimiento de canales de comunicación, relación e información. Incluye favorecer acciones de formación continua que permita sumar esfuerzos contra esta situación.

El séptimo eje: «Elaboración y adaptación legislativa». Se dirige a impulsar la adecuación y perfeccionamiento de la legislación, adaptando los instrumentos jurídicos...

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