Orden HAC/669/2021, de 25 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2022.
| Marginal | BOE-A-2021-10684 |
| Sección | I - Disposiciones Generales |
| Emisor | Ministerio de Hacienda |
| Rango de Ley | Orden |
Al igual que ha ocurrido en todos los países de nuestro entorno, la evolución reciente de la economía española ha estado fuertemente marcada por la irrupción a principios de 2020 de la pandemia de la COVID-19, lo que ha obligado a afrontar un escenario excepcional dirigido a contener la emergencia sanitaria y a mitigar el impacto económico y social de la crisis.
En España, el Gobierno desplegó desde el primer momento una eficaz política económica y social que ha permitido superar los momentos más duros de la crisis, a través de un amplio paquete de medidas dirigidas a sostener, de un lado, el tejido productivo, el empleo y la renta de las familias. Y de otro, a reforzar la red de protección de los colectivos más vulnerables de la sociedad y el Estado del Bienestar, a través del apoyo directo a las entidades territoriales que ejercen competencias en los servicios públicos esenciales y a la Seguridad Social para asegurar la continuidad de las prestaciones sociales.
A medida que la actividad se ha ido reanudando en el transcurso del año 2021, la política del Gobierno se está centrando en recuperar los niveles de producción y crecimiento potencial previos a la pandemia y, con ello, volver a la senda de progreso y prosperidad de nuestra sociedad. No obstante, se mantienen las ayudas a los sectores más afectados por la crisis y al tejido productivo, como es ejemplo las sucesivas prórrogas de los ERTES o el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
La estrategia de la política económica y fiscal del Gobierno es, por tanto, clara. A corto plazo, seguir apoyando la recuperación, que se irá consolidando a medida que se acelere el proceso de vacunación y la situación sanitaria se vaya normalizando. A medio y largo plazo, impulsar el proceso de transformación y modernización de la economía española que lleve a un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico, social, territorial y medioambiental.
Un elemento clave que apoya esta estrategia es la acción coordinada de política fiscal y monetaria que se está articulando a nivel europeo. En particular, a nivel fiscal debe mencionarse, en primer lugar, la activación de la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en marzo de 2020. Más recientemente, el pasado 2 de junio de 2021, la Comisión Europea comunicó la decisión de seguir aplicando la cláusula de salvaguardia en 2022.
En segundo lugar, en julio de 2020 los líderes de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo histórico con la aprobación de un plan de recuperación encauzado a través del paquete de instrumentos comunitarios de financiación denominado Next Generation EU, dotado con 750.000 millones de euros, de los que España recibirá 140.000 millones.
En el marco de este programa europeo, el Gobierno español presentó a finales de abril de 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que, además de ser el instrumento para canalizar los fondos europeos, constituye una oportunidad extraordinaria para sentar las bases de la transformación de la economía española, haciéndola más competitiva y sostenible.
El PRTR presenta un ambicioso conjunto de reformas e inversiones en torno a cuatro ejes transversales de transformación: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, e igualdad de género. Estos cuatro ejes orientan las políticas, reformas e inversiones que van a determinar la evolución futura de nuestro país.
Este contexto económico es el que delimita el marco de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Conforme a las orientaciones de política presupuestaria presentadas por la Comisión Europea en el paquete de primavera del Semestre Europeo presentado a principios de junio de 2021 la política presupuestaria tiene que seguir apoyando la recuperación, evitando una retirada prematura de los estímulos, haciendo pleno uso de la financiación europea del PRTR. A medida que las condiciones lo permitan, la política presupuestaria se reorientará para asegurar posiciones fiscales más prudentes que permitan reafirmar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Por ello, la estrategia fiscal contenida en el Programa de Estabilidad para el período 2021-2024 tiene como objetivo reducir el déficit público hasta el 8,4 por ciento en 2021 y el 5 por ciento en 2022, acelerándose la reducción en los años siguientes.
El compromiso con la sostenibilidad presupuestaria se ve especialmente reforzado por el objetivo de aumentar la eficacia y calidad del gasto público, tal como recoge el componente 29 del PRTR. Por un lado, los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incorporarán los resultados de los procesos de revisión y evaluación del gasto público al proceso de toma de decisiones ligado al ciclo presupuestario. Y, por otro, se refuerza la incorporación de los análisis transversales del Presupuesto y, especialmente, el análisis de alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, junto con los informes de impacto de género y del impacto en la infancia, en la adolescencia y en las familias.
El marco normativo de referencia en materia presupuestaria para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado lo configuran esencialmente la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la normativa europea en materia presupuestaria que resulte de aplicación.
De conformidad con el artículo 36.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el procedimiento por el que se regirá la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se establecerá por orden de la titular del Ministerio de Hacienda.
La presente Orden ministerial dicta las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. En la misma se regulan los criterios generales de presupuestación, el ámbito institucional de los presupuestos, el proceso de elaboración y tramitación del anteproyecto de presupuestos, estableciendo la composición de los órganos participantes en su proceso de elaboración, los plazos y documentación para la elaboración, y se detalla el contenido de las estructuras presupuestarias.
En virtud de lo expuesto, dispongo:
En la determinación de los criterios de presupuestación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 adquieren especial significación las orientaciones de política presupuestaria señaladas en el marco del Semestre Europeo para 2021 y 2022, cuyo itinerario tiene su origen en el Paquete de Primavera del Semestre Europeo de mayo de 2020. El fomento de la sostenibilidad competitiva constituye la base para construir una economía al servicio de las personas.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se orientarán a la consecución de los objetivos de la política económica, social y medioambiental del Gobierno y adecuarán sus gastos al límite de gasto no financiero establecido por el Gobierno de forma coherente con las previsiones fiscales y las recomendaciones formuladas en el marco del Semestre europeo.
Asimismo, los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incorporaran los créditos necesarios para recoger el conjunto de actuaciones que, formando parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, están destinadas para este ejercicio.
En la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 se priorizarán los siguientes criterios de asignación de los recursos que permitirán apoyar a la recuperación tras la crisis sanitaria, impulsar un proceso de transformación estructural y conseguir un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico y financiero, consiguiendo avanzar hacia un país más verde, más digital, más cohesionado desde el punto de visto social y territorial y más igualitario:
a) Fomentar la transición verde, justa y ecológica mediante el apoyo a inversiones de gran escala que contribuyan a cumplir con los objetivos establecidos en materia de cambio climático y a la transición energética de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, permitiendo una España próspera y resiliente ante el cambio climático, siendo referente en la protección y conservación de la riqueza de sus bienes naturales, a partir de un modelo de crecimiento sostenible y de economía circular para la agricultura y la pesca, la industria y los servicios.
b) Transformar digitalmente la sociedad a través de inversiones y reformas que potencien las infraestructuras, competencias y tecnologías necesarias para una economía y una sociedad digital, mejorando la conectividad digital, garantizando el acceso a las infraestructuras digitales, apostando de manera clara a favor de la ciencia y la I+D+i, a la vez que favoreciendo la inclusión social.
c) Modernizar...
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