ORDEN FAM/419/2021, de 9 de abril, por la que se modifica la Orden FAM/859/2010, de 11 de junio, por la que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se regula el procedimiento de su expedición.

SecciónII - Disposiciones Generales
EmisorConsejeria de Familia e Igualdad de Oportunidades
Rango de LeyOrden

El Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, regula con carácter general el reconocimiento del grado de discapacidad y aprueba los baremos de aplicación, determina los órganos competentes para realizar el reconocimiento y establece los aspectos básicos del procedimiento a seguir, con la finalidad de que la valoración sea uniforme en todo el Estado, garantizando la igualdad de condiciones de acceso del ciudadano o ciudadana a los beneficios, derechos económicos y servicios que los organismos públicos ofrecen. El artículo 6 de este Real Decreto contempla que la competencia de la calificación del grado de discapacidad sea transferida a las comunidades autónomas.

La resolución del grado de discapacidad es un documento administrativo que reconoce a su titular la condición de persona con discapacidad constituyendo su presentación una condición imprescindible para la obtención de determinados beneficios establecidos por la normativa estatal, autonómica y local. Dicha Resolución se regula mediante Orden de 15 de junio de 2000, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, por la que se establecen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León normas de aplicación y desarrollo de Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, sobre reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

La Orden FAM/859/2010, de 11 de junio, creó la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, con el fin de que las personas con discapacidad legalmente reconocida pudieran acreditar dicha condición, ante terceras personas, de una forma más práctica y cómoda que el soporte papel.

Posteriormente, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, reconoce la condición de persona con discapacidad, no sólo a aquellas que tengan reconocido un grado de discapacidad mediante resolución del órgano competente de la Comunidad Autónoma, sino también a los pensionistas de Seguridad Social y clases pasivas...

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