La responsabilidad civil objetiva por daños ambientales y su regulación en México

La Responsabilidad Civil se consolidó hasta la codificación del siglo XIX como un verdadero sistema de responsabilidad civil por daños, el cual fue acogido y fundamentado en la teoría clásica de la culpa y en un régimen de responsabilidad civil subjetivo, con lineamientos generales de obligación para el agente de indemnizar los daños causados por acciones u omisiones que haya realizado contrarios a la ley. En este tenor, la Responsabilidad Civil se basó en criterios individualistas centrándose en la conducta del agente y en su deber de cuidado y diligencia para no causar daño alguno.

A partir de la revolución industrial y el marisma de avances científicos y tecnológicos que se suscitan, se dinamitó exponencialmente la producción de actividades causantes de daños, ante estas nuevas circunstancias la concepción tradicional de la Responsabilidad Civil quedó rebasada reaccionando hacia una objetivación de la culpa, de tal forma que la óptica del sistema de responsabilidad se traslado desde la estructura del acto ilícito hacia la del evento lesivo, dándole un contexto más amplio a la antijuridicidad; y con ello, el foco de atención para determinar la Responsabilidad Civil transitó del causante del daño a la víctima y al daño injustamente recibido.

La reorientación objetiva de la Responsabilidad Civil visualiza la reparación del daño como una necesidad social y se vuelca sobre el daño y su restitución, sin dejar a un lado los elementos básicos de la responsabilidad: el hecho humano como causante del daño, el daño, y la relación causal entre el hecho y el daño; pero con una presunción de responsabilidad civil a cargo del agente, en virtud de que la actividad de la cual se beneficia se considera de alto riesgo para la producción de daños.

En un régimen de responsabilidad civil objetivo la simple existencia del daño reputa la responsabilidad del agente como causante del mismo, y por consiguiente es responsable de la reparación de los daños y perjuicios causados; toda vez que no es necesario que la víctima acredite la culpa del causante, sino el daño y la causa de este, De tal forma que el agente asume todos los daños derivados de su actividad cumpla o no con el estándar de diligencia y con la normatividad de la actividad que desempeñe, ampliándose en este punto el concepto de antijuridicidad que se tenía en el sistema subjetivo de responsabilidad; en virtud de que un acto lícito puede ser culposo si no se realiza con las circunstancias que cada caso exige, hasta tal grado, que si las garantías o cuidados tomados cumplen con las disposiciones legales para prevenir los daños y estas no son suficientes, se presume que no se obró con la suficiente diligencia.

Esta teoría considera que si en el ejercicio de una actividad peligrosa se produce un daño, el causante debe pechar con los perjuicios causados independientemente del grado de diligencia que haya mostrado en su comportamiento, toda vez que realizó una actividad que la ley considera de alto riesgo, actividad que puede ir desde la conducción de un vehículo automotor hasta la producción de residuos tóxicos por actividades industriales. Caracterizándose esta teoría como una reacción contra el daño injusto que no sanciona al causante, sino que traslada las consecuencias dañosas a un sujeto distinto del que las sufrió cuando existe una razón que justifique tal desplazamiento.

Esta teoría base del régimen de Responsabilidad Civil Objetiva tiene una visión eminentemente social, favoreciendo a la víctima por considerarla en una situación de desventaja ante el causante del daño; es decir, que reorienta el objeto de la Responsabilidad y deja en segundo plano la conducta y la intención del agente objetivando el daño, respondiendo por los daños los actores que participan de una u otra forma en el hecho o actividad causante del daño más allá de si obraron diligentemente, y cumplieron con las disposiciones legales para el desempeño de la actividad. Por tanto, la víctima no está obligada a probar la culpa del presunto autor del hecho dañoso por el cual reclama el resarcimiento, sino que le basta con acreditar la actividad peligrosa causante del daño, el daño, y la relación de causalidad entre ambos (o cuando menos un grado de probabilidad), quedando a cargo del demandado desacreditar el daño, el nexo causal, las causas eximentes de responsabilidad, o la concurrencia de otros agentes.

En el régimen de Responsabilidad Civil Objetiva la carga de la prueba se invierte para obligar al causante del perjuicio a que acredite que obró con la prudencia necesaria del caso, valorándose las determinadas circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se suscitaron los hechos dañosos, ponderándose con especial relevancia la naturaleza del hecho bajo el que se generó el daño, siendo responsabilidad del agente desvirtuar los hechos que se le imputan; no obstante, la víctima debe probar la existencia y cuantía del daño producido, identificar al agente que lo causa, y acreditar la relación causal entre el daño y el agente (debe haber al menos una presunción derivada de una congruente concatenación entre el daño y la actividad del demandado).

La justificación de la inversión de la carga de la prueba se incardina en la naturaleza de la actividad generadora del daño, puesto que si esta actividad es considerada por la ley como potencialmente dañina y generadora de riesgo para personas y cosas, presumiéndose la responsabilidad del agente quien quedará obligado a desvirtuarla, elevándose el nivel de diligencia y cuidado en esas determinadas actividades de riesgo. Aunado a esto, se considera que el causante del daño se encuentra en una mejor posición para allegarse de los elementos de prueba que desvirtúen los hechos que se le imputan.

Para determinar un daño ambiental se debe identificar a los agentes causantes, la existencia de un daño real y cuantificable, y establecer una relación de causalidad entre los daños y los agentes contaminadores; el problema radica que en muchos casos hay una pluralidad de agentes que dificultan determinar quien y en que medida contamina cada uno, sumado a ello factores como la distancia entre el agente y la víctima, y que en numerosas ocasiones los daños ambientales se manifiestan mucho tiempo después, haciendo por demás complejo identificar a los agentes, su grado de responsabilidad, e incluso la identificación de las víctimas y la valoración del daño.

La reparación ideal del medio ambiente es aquella que restituye las cosas, objetos o bienes al estado anterior a aquel en que aconteció el daño, sin embargo, en muchos de los casos ello resulta económicamente desmedido o materialmente imposible, para lo cual se sustituye por una cantidad de dinero tendente a paliar los perjuicios causados. En estos casos se deben buscar formas alternativas en beneficio del medio ambiente como la "restauración alternativa", por la cual el agente realiza o financia una acción pro-ambiental diversa al daño causado, misma que debe ser supervisada por las Instituciones Ambientales del Estado y resultar proporcionalmente benéfica al daño acaecido.

A través de un seguro ambiental las personas o empresas pueden asegurarse por los daños ambientales que puedan causar, y con ello trasladan parcialmente (hasta el límite de la cuantía que cubra la póliza) a las aseguradoras los daños ambientales que causen; resultando un mecanismo de reparto de daños que coadyuva en el cuidado del medio ambiente ofreciendo importantes ventajas, toda vez que las aseguradoras realizan labores preventivas al exigir y revisar a sus asegurados el cumplimiento de protocolos de seguridad, capacitación del personal, auditorias, gestión de riesgos, control de pérdidas, y de las disposiciones legales de cada actividad.

El seguro ambiental previene una eventual insolvencia del agente para el pago de los daños causados garantizando a los perjudicados una mínima recepción de indemnización por el daño sufrido; en razón de esto resulta indispensable la obligatoriedad de adquirir un seguro de Responsabilidad Civil Ambiental para aquellas actividades que se consideren potencialmente peligrosas.

Los principales obstáculos que enfrentan los seguros ambientales es determinar quien es el responsable del daño y en que medida, establecer el inicio de la actividad dañosa para no cubrir daños previos o posteriores a la vigencia de la póliza, legislación ambiental cambiante, dimensionar el daño y el costo de reparación, los daños transfronterizos, así como el calculo de estos elementos con la frecuencia y posibilidad de siniestralidad. Sin embargo es un segmento que está en pleno desarrollo, el cual definitivamente debe ser incentivado por el Estado con políticas públicas, estímulos fiscales, un marco jurídico eficaz, y tribunales judiciales especializados.

En todo régimen de Responsabilidad Civil los elementos indispensables para la reparación del daño son la identificación de los agentes causantes, la acreditación de un daño real y cuantificable, así como el establecimiento de la relación causal entre el daño y los agentes contaminadores; esto, confrontado con las características especiales que por su naturaleza tienen los daños ambientales hace indispensable la creación de mecanismos alternos para aquellos casos en los que no se pueden reunir estos elementos. Mecanismos que funjan de manera subsidiaria como garantía de pago de la víctima en los casos de insolvencia del causante del daño, de complemento a indemnizaciones parciales, y de aquellos en los que no se pueda identificar al agente y a la causa del daño, por lo que se proyectan como una opción viable en los casos de contaminación difusa principalmente.

Estos sistemas colectivos de compensación o de indemnización conjunta son mecanismos de financiamiento para la reparación de daños ambientales que se pueden integrar por fondos públicos y privados que se obtienen del Estado y de aportaciones realizadas por agentes potencialmente contaminadores; estos fondos se basan en la premisa de que "si una reclamación legítima de reparación no puede ser satisfecha, cualquiera que sea la razón, el conjunto de posibles sujetos agentes debe soportar el coste de la reparación". También puede dar opción a beneficios más baratos, es decir, si ya no es reparable el daño, o el costo de la reparación resulta desproporcionado, esa cantidad de dinero se puede destinar a reparar otro daño ambiental el cual reporte un beneficio mayor para el entorno dañado.

Ante una visión objetiva de responsabilidad en la que el eje central es la víctima y la reparación del daño, el concepto de culpa muta hacia un cariz más amplio y equitativo, el cual pondera el bien jurídico tutelado, el daño injustamente recibido, la naturaleza y gravedad del daño, así como la peligrosidad de la actividad generadora del mismo; por tanto, la noción objetiva de la culpa deja en segundo plano la diligencia y cuidados observados por el agente para prevenir el daño, así como las autorizaciones y el cumplimiento de las disposiciones legales para el ejercicio de la actividad generadora.

Siendo la acción u omisión del agente generadora del daño ambiental un elemento indispensable para la materialización de la Responsabilidad Civil, y tomando en consideración las razones citadas respecto a la objetivación de la culpa, el concepto de ilicitud se transforma para visualizarlo no como una infracción a la norma, sino como un acto contrario al ordenamiento jurídico en cuanto produce un daño injustificado; ello basado en el principio alterum non laedere, en virtud del cual los supuestos de actividades ilícitas no se circunscriben al cumplimiento de normativas específicas, sino a cualquier actividad que produzca un daño ambiental, materializándose así la antijuridicidad objetiva en los daños ambientales más allá del cumplimiento de la ley por parte del agente (hacia una la tutela efectiva del medio ambiente), como aquella actividad humana potencialmente riesgosa que produce un daño ambiental.

En el derecho de daños la causalidad es la actividad o conducta generadora del daño de la victima sí, de haber faltado tal actividad el daño no se hubiera producido, por tanto esta causa es la razón por la cual el daño puede ligarse con una determinado hecho humano y responsabilizar de este a una persona. Para dar lugar a una Responsabilidad Civil por daños ambientales es indispensable vincular la actividad generadora del daño con el propio daño, a lo cual se le denomina nexo de causal, acreditado este se pueden imputar al agente los daños producidos, el grado de culpa incurrido, y la cuantía de la reparación del daño.

No obstante la objetivación de la culpa y la preeminencia que se le debe dar al medio ambiente como un bien jurídico prioritario para el Estado, solo debe reparar el daño aquel que lo ha causado, por lo que no basta una presunción de causalidad o un alto grado de probabilidad para la imputación de una Responsabilidad Civil Ambiental, y en todos los casos debe quedar acreditado el nexo causal.

Toda persona que pretenda ejercer una acción civil en contra de aquella que le produce un daño en su esfera jurídica e insta a la autoridad para que interceda por ella, lo hace aduciendo la vulneración de un derecho reconocido por el Estado, esa trasgresión del bien jurídico tutelado legitima a la víctima de un daño ambiental a excitar al órgano jurisdiccional para que incoe un procedimiento judicial por Responsabilidad Civil Ambiental en contra del agente; en virtud de ello, el sujeto que sufrió el daño queda facultado para demandar la reparación del daño a aquel que lo ha causado.

Mención especial en la legitimación activa por daños ambientales merece el supuesto de daños ambientales a intereses difusos, es un punto de inflexión en el cual se contrapone el concepto tradicional de legitimación activa que consideraba legitimado para demandar solo a aquel que había sufrió el daño; con la objetivación del derecho de daños y el detrimento de intereses colectivos no sujetos de apropiación particular, se torna indispensable ampliar los supuestos de legitimación activa para demandar una acción de responsabilidad por daños ambientales. En este contexto, en el régimen de Responsabilidad Civil por Daños Ambientales los requisitos de la legitimación activa deben flexibilizarse.

En este tenor, resulta relevante cuestionarnos si las personas morales se encuentran legitimadas activamente para demandar la protección de intereses difusos, la respuesta debe ser afirmativa con sus respectivas reservas, sin pasar por alto la gran labor que algunas organizaciones no gubernamentales (ONG´s) han realizado en la protección del medio ambiente; por tanto, el marco jurídico debe asegurarse de la buena fe de todo aquel que demande la tutela de intereses colectivos, y para ello se deberá requerir que el demandante no tengan fines de lucro, y que las acciones de reparación de daños y en su caso las indemnizaciones por daños ambientales sean administradas por organismos especializados del Estado.

El agente contaminante responde del daño causado por el ejercicio de las actividades peligrosas determinadas por la ley, independientemente de si hubo culpa o negligencia alguna en su actuar y solo se le exonerará de responsabilidad en los siguientes casos: a) el daño ambiental se haya debido a causa de fuerza mayor, b) la actividad dañina haya sido consentida por la víctima (no aplicable si se dañan intereses colectivos), y c) la causa del daño sea ajena al demandado. Cabe destacar que la licitud de la actividad y el cumplimiento de su normativa, así como las autorizaciones que el Estado haya otorgado para la práctica de las actividades que devinieron en dañinas, no son eximentes de la Responsabilidad Civil Ambiental.

El reconocimiento del medio ambiente en el ordenamiento supremo del Estado como un bien jurídico tutelado y elevado a garantía constitucional sin duda es un paso importante en la protección del medio ambiente; sin embargo, no es suficiente consagrar este principio rector sin el acompañamiento de una reestructuración integral y armonizadora de todo el marco jurídico, con políticas públicas ambientales, la cooperación interinstitucional para la protección del medio ambiente, así como la inclusión de un régimen de Responsabilidad Civil Objetivo por daños ambientales y el impulso de medidas alternativas para la reparación de daños ambientales como fondos de compensación y seguros ambientales.

La Responsabilidad Civil por daños al medio ambiente en México se encuentra regulada en esta Ley por el artículo 203: Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable. El término para demandar la responsabilidad ambiental, será de cinco años contados a partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente. Por tanto, tenemos un ordenamiento exiguo que dispone genéricamente que serán responsables de los daños ambientales aquellos que los causen quedando obligados a su reparación, acotando que esta responsabilidad será independiente de otras sanciones que por el mismo hecho dañoso se imputen, y un término para interponer acciones de responsabilidad que resulta precario dada la naturaleza de los daños ambientales y el tiempo que pueden tardar en manifestarse; y por último, remite de manera supletoria a la legislación civil "aplicable", con lo cual se evidencia una normativa carente de especialización en daños ambientales, y en consecuencia poco eficaz.

En la legislación federal los daños ambientales y su Responsabilidad Civil aún se determinan a través de las normas aplicables a la reparación del daño en general regulados en el Código Civil Federal, no obstante ello el artículo 1913 de manera genérica hace referencia a una limitada Responsabilidad Civil Objetiva por actividades de riesgo: Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva, e inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre lícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por la culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Este artículo por su generalidad permite al juzgador cierto margen de maniobra para la resolución de controversias que por daños ambientales le presenten, pero la realidad es que los daños ambientales tienen características especiales, y que este derecho de tercera generación requiere una legislación especializada de Responsabilidad Civil Objetiva que atienda a esas características, y en consecuencia a la relevancia que ha tomado este bien jurídico tutelado.

En México la discusión en el en el seno del Poder Legislativo Federal sobre Responsabilidad Civil por daños ambientales inició en el 2000, tras diversas observaciones y cambios por parte de ambas Cámaras a finales del 2005 el dictamen de ley para incorporar un régimen especializado de Responsabilidad Civil Objetiva por daños ambientales fue aprobado por la Cámara de origen y está aguardando su aprobación por el Senado, proyecto de ley que se enfrenta a un momento políticamente inadecuado (prolongado ya) y a intereses económicos contrarios.

Este proyecto tiene una orientación objetiva de la Responsabilidad Civil por daños ambientales y persigue la compensación del daño ambiental y la protección del medio ambiente con una responsabilidad objetiva que va más allá de la culpa del causante del daño, destacando la ampliación en los supuestos de legitimación activa de la persona que sufre el daño, facultando a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a los municipios (delegaciones en el caso del Distrito Federal), a toda persona física que resida en el lugar dañado, y a las personas morales sin fines de lucro que tengan como objeto el cuidado ambiental (ONG´s).

Así mismo, este proyecto regula la reparación y valoración del daño, así como su cuantía los cuales serán determinados por el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y en algunos casos por instituciones de educación superior o de investigación científica; destacan también los plazos de prescripción de 5 años a partir de que se tiene conocimiento de la acción causante del daño y de 25 años en cualquier caso, lo cual por sí solo supondría un avance importante en la materia. A su vez, enumera las actividades que se consideran peligrosas y ordena adquirir seguros ambientales para el ejercicio de estas, y prevé la creación del "Fondo para la Reparación Ambiental" para apoyar suplementariamente los deterioros ambientales y redistribuir los recursos que se obtengan por indemnizaciones a intereses difusos.