Las nuevas fronteras de la inclusión
| Autor | Sebastián Linares |
| Páginas | 319-336 |
CAPÍTULO XI
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA INCLUSIÓN
Los derechos son inherentes de todos los habitantes.
Thomas PAINE (1794), Los derechos del hombre, capítulo 5.
1. INTRODUCCIÓN
Todos los demócratas aceptan que una de las bases de la legitimidad de-
mocrática reside en el principio de igualdad (DAHL, 2007). Las implicaciones
de este principio son fuertes: reclama que no se discrimine a ninguna persona,
en la atribución de derechos políticos, sin una justificación razonable. Es bien
conocido que la historia de la democracia fue una lucha por la inclusión: por la
inclusión de las mujeres, de los desposeídos, de los descendientes de esclavos,
de los analfabetos, de los obreros, o de algunas minorías étnicas, religiosas
o culturales. En las democracias electorales contemporáneas, sin embargo,
todavía persisten categorías de personas excluidas del derecho al voto: los
extranjeros residentes, los ciudadanos residentes en otro país, los condenados,
los menores y los incapaces en general. Estas exclusiones son aceptadas como
restricciones de derechos que no comportan discriminaciones odiosas, y por
tanto parecen condecirse con el principio de que toda propuesta de coerción
debe ser aceptada por las visiones razonables de la política (ESTLUND, 2008;
RAWLS, 1993).
En este capítulo quiero cuestionar esta idea. Voy a argumentar, de manera
general, que la exclusión del derecho al voto de los condenados, de los extran-
jeros residentes y de los menores e incapaces, enfrenta objeciones razonables.
320 SEBASTIÁN LINARES
El capítulo está dividido en tres partes. En la primera parte, analizo el caso de
los extranjeros residentes en el país yel de los ciudadanos residentes en el ex-
terior, y argumento a favor de atribuir, de manera incondicional, el derecho de
voto a los primeros, y solo de manera condicional a los segundos. En concreto,
argumentaré que los ciudadanos de un país A, residentes en un país B, pueden
votar por las elecciones del país A, si y solo si se dan todas o alguna de estas
dos condiciones: a)B no les reconoce el derecho de voto como extranjeros
residentes, y/o b) si a los ciudadanos del país B, que residen permanentemente
en A, se les reconoce el derecho a votar por las elecciones de B.
En la segunda parte abordo las restricciones al derecho al voto a los con-
denados, y argumento a favor de un sistema de representación legal en el ejer-
cicio del derecho al voto para quienes hubieran cometido crímenes aberrantes
(como los asesinatos masivos de personas inocentes), así como un régimen de
sufragio libre y pleno para el resto de condenados.
En la tercera parte analizo las restricciones al derecho al voto de los meno-
res e incapaces, y argumento a favor de un sistema de «representación legal»
(DEMENY, 1986), según el cual el derecho al voto de los menores (desde el na-
cimiento hasta alcanzada la mayoría de edad para votar) y el de los incapaces
en general, puede ser ejercido por los titulares de la patria potestad. Finalmen-
te, expongo las conclusiones.
1.1. Extranjeros con residencia permanente y ciudadanos residentes
en otro país
El ideal democrático que defiendo sostiene el principio de que todos los
que están sujetos de manera permanente a la coerción del Estado tienen el de-
recho a participar en la toma de decisiones políticas en pie de igualdad 1. En la
teoría democrática contemporánea, es posible encontrar dos grandes enfoques
en torno a cómo volver operativo este principio en los hechos.
Un primer enfoque, del nacionalismo liberal, sostiene que los derechos
de participación deben estar condicionados a la aceptación, por parte de las
personas, de pertenecer a una comunidad de valores. Para esta concepción,
ser un miembro de una comunidad depende del hecho de tener un interés fun-
damental en el Estado como «una comunidad cultural que se autogobierna»
(MILLER, 2008: 5). El ingreso a la comunidad política en esta corriente de
pensamiento depende no solo de la aceptación de las personas de un conjun-
to de valores liberales (valores como la tolerancia religiosa, el respeto a las
1 El espacio del que aquí dispongo no me permite adentrarme en el debate acerca de si el derecho
de participación se atribuye a «todos los intereses afectados» (en sus diferentes versiones), o en cambio
—como pienso— a los que están sujetos a coerción del Estado. Para una discusión sobre sus fundamen-
tos e implicaciones, véanse GOODIN (2007), MILLER (2009) y MIKLOSI (2012).
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