Nueva regulación a la luz de la Ley 8/21

AutorNorberto Sotomayor Alarcón/Pablo José Abascal Monedero/Pedro Chicharro Rodríguez/Concepción Nieto-Morales
Páginas48-97
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Si atendemos a las cifras, la discapacidad es una cuestión a tener en cuenta, al menos en la parte en
la que personalmente nos puede llegar a afectar en el futuro. La Exposición de Motivos de la
derogada Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, integrada en la Ley General de Derechos
de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, RD Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, BOE de 03-12-2013 siguiendo el avance de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía
Personal y Situaciones de Dependencia, correspondiente a noviembre de 2008, último elaborado
hasta la fecha, señalaba que en España había en torno a 3,8 millones de personas con alguna
discapacidad, 608.000 vivían solas en su hogar y unas 269.000 en centros residenciales.
A día de hoy se está elaborando una nueva encuesta por el INE, que se publicará a lo largo de 2022,
y arrojará unos resultados muy superiores, atendiendo a los años transcurridos desde la última
realizada y al progresivo aumento de la esperanza de vida. En España, según los datos del Libro
Blanco de la Dependencia, de hace más de una década, se fijaban en más de 1.125.000 personas en
situación de dependencia, aunque esta población, según las previsiones, aumentaría en los próximos
años de manera vertiginosa, calculándose que en 2020 serían unas 1.500.000 de personas.
Según el INE, el porcentaje de mayores en España es el siguiente:
Más de 65 años, en 2021 el 19,77 % de la población, unos 9 millones y medio de
personas, en 2011 el 17,11 %, unos 8 millones de personas.
Más de 80 años, en 2021 el 6,08 % de la población, cerca de 3 millones de personas, en
2011 el 5,07%, sobre 2.300.000 personas.
En Andalucía, según la citada encuesta, son 716.100 personas con discapacidad las que residen en
esta comunidad. En el verano de 2021, en Andalucía, había 665 centros residenciales de mayores,
257 centros residenciales de personas con discapacidad, 64 viviendas tuteladas, siendo unas 52.800
personas las que residen en estos centros. Observando las cifras anteriores, era necesario un
abordaje adecuado a las nuevas necesidades y que supusiese un paso adelante en la defensa de la
dignidad de las personas con discapacidad.
Medidas de apoyo a personas con discapacidad
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Siguiendo el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de
26 de Enero de 2009, tras la Convención de los derechos de las personas con Discapacidad, hecho en
Nueva York el 13 de Diciembre de 2006, vigente en España desde 3 de Mayo de 2008, tenemos que
ser conscientes de un nuevo modelo y concepto de la discapacidad, siendo necesario superar el
concepto médico, en la que ésta es un problema que requiere exclusivamente tratamiento médico o
asistencia social para conseguir su cura y adaptación de la persona a su entorno, criterio
paternalista y de mero tratamiento, que era el inspirador tanto del Código Civil como de la Ley de
La Convención contempla la discapacidad desde una perspectiva social, la persona debe vivir en su
entorno, desenvolverse en condiciones de igualdad real y efectiva, eliminando o resolviendo barreras
legales, físicas, de educación, de lenguaje etc. a las que tienen que enfrentarse y que dificultan el
ejercicio de sus derechos. Es ineludible garantizar que pueda interactuar en la sociedad en
condiciones de igualdad, dotándola de los apoyos necesarios y adecuados para evitar su
discriminación.
Señala la Convención, son personas con discapacidad, Art. 1
"
aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás
", siendo los objetivos "
promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de
su dignidad inherente".
Partiendo de esta definición y objetivos, era necesario que las legislaciones nacionales aparcasen
definiciones en las que primaban criterios médicos o basadas en la noción de que la persona no
“apta” es sinónimo a deficiente.
El Diario de la Unión Europea, de 20 de noviembre de 2010, publicó la resolución del Consejo de la
Unión Europea y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, relativa a un
nuevo marco europeo de la discapacidad, en la que se apoya la aplicación efectiva de la Convención
de la ONU por parte de los Estados y de las Instituciones de la Unión Europea.
La vigencia de la Convención, efectiva en España desde mayo de 2008, provocó la necesidad de
adaptar nuestra legislación a los retos planteados por ésta, siendo las Leyes 1/09, 25 marzo y 26/11,
1 de agosto, pioneras en imponer la obligación al Gobierno de impulsar estas reformas,
prolongándose las mismas, de manera continuada hasta nuestros días y siendo el año 2021 decisivo,
como después analizaremos.
A pesar del retraso, en la Comisión Legislativa de las Cortes, se comenzó a trabajar en un proyecto
que abordaba una modificación integral, entre otras del Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil y
de Jurisdicción Voluntaria, a fin de aportar una regulación adecuada a las exigencias de la
Convención, teniendo como premisa básica el respeto a la capacidad jurídica y voluntad de la
persona con discapacidad.
Medidas de apoyo a personas con discapacidad
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Hasta la actual normativa, se pueden señalar diversas normas que evidencian el camino recorrido
para llegar a la reciente Ley 8/2021. Señalemos algunas:
La Constitución, art. 49, recoge un mandato expreso a los poderes públicos, al exigirles la
realización de “
una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada
que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título
otorga a todos los ciudadanos
”.
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, art. 20, reiterada por la Ley 2/1988, de 15
de junio, de Salud de Andalucía, art. 6.1. y 2, que señala:
“Sobre la base de la plena integración de las actuaciones relativas a la salud
mental en el sistema sanitario general y de la total equiparación del enfermo
mental a las demás personas ... . Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y
reinserción social necesarios para una adecuada atención integral de los
problemas del enfermo mental, buscando la necesaria coordinación con los
servicios sociales. Los servicios de salud mental y de atención psiquiátrica del
sistema sanitario general cubrirán, asimismo, en coordinación con los servicios
sociales, los aspectos de prevención primaria y la atención a los problemas
psicosociales que acompañan a la pérdida de salud en general".
Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, art.
37, concreta las medidas que son competencia de la Administración Autonómica en la
promoción, coordinación con la autoridad judicial, para la atención a las personas
presumiblemente incapaces o incapacitadas, así como impulsará la creación de entidades
tutelares en el ámbito del territorio
Ley Andaluza 6/1999, de 7 de Julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores
consagra un sistema de atención y protección integral a las personas mayores
“….(…)… la
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con
independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema
de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y
ocio.”
Estatuto de Autonomía de Andalucía, L. O. 2/07, 19 de marzo, artículo 37.1.1º, exige la
prestación de servicios públicos de calidad, refiriéndose, artículo 22.3 a “
las personas con
enfermedad mental
,
las que padezcan enfermedades crónicas e invalidantes y las que
padezcan a grupos específicos reconocidos sanitariamente como de riesgo tendrán derecho a
actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes”.
Derechos en materia de Servicios Sociales, art. 24, en la proteccn de las personas con
discapacidad o dependencia y, art. 10.3.16ª sobre la plena integración social, económica y
laboral de éstas.

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