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AutorCMS Albiñana & Suárez de Lezo
Monti declara la guerra a los colegios profesionales

La tradicional preocupación de las autoridades de competencia por el régimen jurídico de las profesiones liberales ha vivido un nuevo capítulo. En el marco de la elaboración de una Directiva sobre cualificación profesional, el pasado 28 de octubre tuvo lugar una conferencia sobre servicios profesionales. En la misma, se realizó una revisión pormenorizada de la "racionalidad económica" de las normas profesionales que regulan la actividad de distintos colectivos de profesionales (abogados, auditores, contables, notarios, arquitectos, ingenieros y farmacéuticos), cuyos representantes reclamaron una regulación más flexible para ofrecer mejores servicios a los consumidores. Por otra parte, el pasado 13 de octubre, las autoridades de competencia pusieron en marcha un estudio para analizar si las reglas establecidas por los colegios profesionales podían provocar situaciones de competencia desleal, siendo los puntos más conflictivos la fijación de precios, las restricciones en la publicidad y el papel de las firmas multidisciplinares. Y es que la intención del comisario Monti es que los colegios profesionales se autorregulen y eliminen las normas que puedan ser contrarias a la competencia.

Bruselas exige a España modificar el aval otorgado a RTVE

Según información aparecida en prensa, el pasado 15 de octubre, Mario Monti dio a conocer el resultado de su investigación sobre la financiación de las televisiones públicas en Europa. El origen de esta investigación es una sentencia del TJCE de 1998, en la que se analizaban las denuncias de Telecinco, Antena 3 y otras televisiones privadas de diferentes Estados miembros en relación con las ayudas otorgadas a las televisiones públicas. Tras la investigación, la Comisión constató que existen dos elementos principales de financiación: las transferencias procedentes de los Presupuestos del Estado y el aval ilimitado, que permite a las televisiones públicas acceder fácilmente a los créditos. Así, concluye que mientras que el primer elemento no es contrario a la normativa de competencia, el aval ilimitado sobrepasa el derecho de las televisiones públicas a recibir una compensación por prestar un servicio público, situación que distorsiona la libre competencia. Entre las televisiones directamente implicadas están RTVE...

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