Nota preliminar

AutorAlfonso Serrano Gómez
Páginas15-24

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I. NOTA PRELIMINAR

La ley facilita la corrupción en la selección del profesorado

De sobra es conocido que en la Universidad siempre se han cometido abusos y que muchas plazas del profesorado no tienen más explicación que las corruptelas. De este tema vamos a ocuparnos, para que nuestros universitarios, sus padres y la sociedad en general conozcan sus causas y consecuencias, pues esta obra va dirigida a ellos. Y, ¿por qué no?, a profesores que todavía recuerdan la dureza del sistema de oposiciones en épocas pasadas, así como a otros más modernos que han conseguido su plaza con menos esfuerzo.

Poco se ha escrito sobre la corrupción para seleccionar el profesorado y de cómo la ley ha dejado los canales abiertos para que pueda darse. De vez en cuando, algunos manifiestos de profesores1y de la prensa2han desvelado los problemas de

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la Universidad española, así como algunos escándalos concretos. Hay profesores que podrían contar tropelías inconfesables, pues lo que se recoge en este trabajo es de sobra conocido por la comunidad universitaria.

En este trabajo se contrasta la opinión de medio centenar de profesores que se han ocupado de los problemas de la Universidad; todos son críticos y poco optimistas con cara al futuro. En todo caso sus observaciones han caído en saco roto.

Desde la Ley de Reforma Universitaria de 19833hemos asistido a un gran deterioro de esta institución sin que ninguno de los sucesivos Gobiernos, llevados especialmente por criterios electoralistas, se empeñasen en mejorar su imagen. El pesimismo se convertía en expectación para ver que ante un nuevo Gobierno todavía era posible empeorar más la situación. Ha faltado un pacto nacional de los partidos políticos en materia de educación, pues lo constantes cambios en la legislación han llevado a un deterioro difícil de recuperar.

Fuera de la Universidad hay quienes buscan réditos políticos manteniendo una contumaz oposición a las reformas legales, echando a veces mano de manifestaciones poco pacíficas que han llegado a alterar el orden público.

Hemos mantenido la Universidad tradicional sin preocuparnos por adaptarla a las necesidades de la sociedad, valga, como ejemplo, la falta de promoción en las licenciaturas de ciencias o ingenierías. No ha existido un intento serio de renovación.4

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A comienzos de la década de los ochenta una oleada de malas actuaciones empañan la imagen de la mayoría de las instituciones nacionales y de sectores muy importantes de la sociedad5. La Universidad no es ajena6y se involucra de lleno, con todas sus consecuencias, desde la Ley de Reforma Universitaria de 1983.

A partir sobre todo de ese momento, la corrupción en la selección del profesorado es una realidad que se ha venido aceptando, tolerando o sufriendo por casi todos los que forman parte de la comunidad universitaria. Los que participan en los tribunales o comisiones de selección casi siempre llegan predispuestos a apoyar a concursantes concretos, motu proprio o doblegados por las presiones de su grupo, maestros o terceros. Las excepciones han sido muy pocas, y los más honestos han procurado eludir su participación en los tribunales. Soportar presiones durante la celebración de pruebas ha sido frecuente, incluso mediante amenazas o coacciones; otras veces con promesas futuras que podían llegar a constituir un delito de cohecho. Todo ello sin olvidar que si en la resolución final se propone para ocupar la plaza a quien claramente no la merece se puede incurrir en un delito de prevaricación, incluso aunque se presente un solo concursante.

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Las corruptelas en la selección del profesorado no son nuevas, aunque con el tiempo se han ido agravando. No en vano todos conocíamos la copla:

"Lo primero y principal es tener el tribunal. Lo segundo e importante es no tener contrincante. Además, por añadidura viene bien saber la asignatura"7.

Y es que con la Ley de 1983, el aspirante con su entorno nombraba dos miembros del tribunal y sólo necesitaba conocer un tema del programa de la asignatura, que él elegía.

Mientras así se llenaban las plazas del profesorado, otros concursos resultaban extremadamente duros. Por ejemplo, un aspirante a Judicatura debe prepararse 322 temas, en los que invierte no menos de dos o tres años de estudio de diez horas diarias, para después afrontar frente a un tribunal tres ejercicios, dos de ellos orales, en dura competición con otros opositores8. ¿Alguien podría fiarse de un juez o de un médico que en sus oposiciones se examina de un tema elegido por él mismo?

En el 2001, la Ley Orgánica de Universidades crea un sistema de habilitación nacional previo a un concurso posterior

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entre habilitados para conseguir una plaza de funcionario9. En estos concursos las universidades nombraban a los cinco miembros de la comisión juzgadora para favorecer al de la casa10. Lo mismo sucede tras la reforma de la ley en el año 2007, que sustituye la habilitación por un sistema de acreditación y posterior concurso para obtener una plaza en propiedad. De una forma u otra, las universidades siguen nombrando a todos los integrantes de la comisión11. Es el sistema vigente.

En los concursos de acceso a una plaza en propiedad los departamentos de las facultades o escuelas proponen al rectorado el nombramiento de los cinco miembros de la comisión que decidirán entre los candidatos a quién quieren promocionar, aunque haya alguna excepción.

A veces al concursante le cuesta encontrar en el escalafón de su materia un número suficiente de profesores que le apoyen, pero, vulnerando la ley, los busca de otra especialidad, aunque esa materia no esté relacionada con la plaza que se va a convocar, incluso fuera de su facultad. Por ejemplo, en la comisión para una plaza de Derecho, pueden llegar a participar economistas, psicólogos, sociólogos, etc. Hay profesores que se prestan a esta farsa, olvidando que la legislación exige con

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respecto a miembros de las Comisiones "la necesidad de la aptitud científica y docente de sus componentes"12. Con esta actuación pueden incurrir en un delito de prevaricación si al final en conciencia, y a sabiendas de su injusticia, apoyan a quien no merece la plaza13. No obstante, sólo en algunas universidades se toleran arbitrariedades extremas, lo normal es que los miembros de esas comisiones sean de la misma...

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