El 'Sistema Único de Saúde' (SUS) de Brasil y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO
| Autor | José Eduardo de Siqueira |
| Cargo | Coordinador de la Carrera de Medicina de la Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) |
| Páginas | 77-88 |
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El presente ensayo se propone llevar a cabo una evaluación de los progresos y las asimetrías aún persistentes en el Sistema Único de Saúde brasileño, así como mostrar el amplio conjunto de dificultades que se presentan cuando se buscan soluciones razonables y prudentes para los problemas sanitarios de la sociedad moderna. Con el propósito de dimensionar el tamaño del desafío, basta recordar el fracaso del proyecto Salud para Todos en el año 2000 concebido por la OMS en la década de 1970. La iniciativa anunciaba la posibilidad de terminar el pasado siglo con toda la población del planeta atendida con una asistencia médica satisfactoria. Lo que efectivamente se observó fue una realidad totalmente diversa, hecho este que fue documentado en innumerables publicaciones científicas sobre los índices de salud pública mundial del siglo XX. Las estadísticas oficiales mostraron el aumento de muertes causadas por enfermedades prácticamente erradicadas, como la tuberculosis, dengue, leishmaniosis visceral, fiebre amarilla y sífilis.
Un factor decisivo para comprender las dificultades que gran número de países ricos afrontarán en el siglo XXI, y que aparecerán a causa del derrumbamiento de las rígidas fronteras nacionales, lo constituye el fenómeno, que ya estamos viviendo, de las corrientes migratorias de enormes contingentes de personas que buscan mejores condiciones de vida en otros países y que para ello utilizan diferentes caminos y rutas. Pero, de modo general, obedeciendo a la trayectoria sur-norte, de países pobres del sur hacia los ricos del norte, de Oriente hacia Occidente. Este movimiento migratorio fue inicialmente considerado de pequeño impacto social, lo cual, como actualmente sabemos, fue un gran error, pues tan intenso y descontrolado fue el fenómeno migratorio que se tornó casi imposible, para cualquier país occidental, reconocer las características originales de su propia cultura. Daremos dos ejemplos:
El creciente número de musulmanes viviendo en grandes capitales europeas, como Londres, París, Roma o Madrid. No solamente viviendo en el mismo espacio geográfico sino preservando sus hábitos culturales de origen.
Una rápida mirada a los Estados Unidos de Norteamérica (EUA) nos muestra que en algunos Estados, como por ejemplo Florida, el español se convirtió en idioma corriente, en sustitución del inglés. Algunos alcaldes de este Estado son latinoamericanos y nuevas reglas de comunicación fueron impuestas en las campañas políticas locales, obligando a los candidatos a dirigirse a los electores en español. Todos estos hechos demuestran que los problemas que deberán ser enfrentados por los gobernantes, en este siglo, serán muy complejos y no podrán ser ya manejados con fórmulas antiguas.
En 1980, los gobiernos de Ronald Regan y Margaret Thatcher, en EUA e Inglaterra respectivamente, se convirtieron en portavoces del neoliberalismo y del "Estado mínimo". Milton Friedman, economista norteamericano, en su obra Capitalism and Freedom defendía que determinadas intervenciones en la gestión de los asuntos públicos promovidas por algunos gobernantes representaban verdaderas agresiones a las libertades individuales, utilizando como ejemplo los programas de asistencia médica ofrecidos a personas pobres y patrocinados por el
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Estado (1).En 1974, Robert Nozick publicó Anarchy, State and Utopia , obra en la que discutía la validez del concepto de justicia distributiva. Este autor argumentaba que los derechos individuales eran tan inalienables y amplios que ningún gobierno democrático estaba autorizado a destinar dinero público, recaudado a través de impuestos sobre la renta, para atender programas de asistencia a comunidades pobres, sin que las mismas contribuyeran debidamente a llenar las arcas del Estado, afirmando que "Apenas un Estado mínimo, limitado a hacer cumplir contratos y proteger a las personas contra arbitrariedades, robos y fraudes está justificado". Por lo tanto, en la visión de este autor, cualquier gobierno que utilizase el poder a él atribuido por el voto de los contribuyentes y fuese presionado para ejecutar programas asistenciales destinados a personas pobres, estaría violando los derechos de los individuos "de no ser forzados a hacer lo que no deseen" (2).Por consiguiente, entre las premisas que un país de economía de mercado debería considerar como fundamentales estaría el no obligar a ningún ciudadano a hacer lo que no fuese su voluntad personal, incluyendo la obligación de ayudar al prójimo. Cobrar impuestos de los más ricos para ayudar a los más pobres representaría una coacción a los primeros, pues violaría el derecho de los más adinerados de hacer lo que gustasen con aquello que poseen. Esta convicción aún domina el ideario político estadounidense; basta observar la crisis entre parlamentarios demócratas y republicanos que amenazó hundir el país en el llamado "abismo fiscal" justo antes de haber comenzado el segundo mandato de Barack Obama. Este impasse parlamentario se origina por percepciones diametralmente opuestas sobre el papel del Estado: de un lado los partidarios de Obama, que defienden el aumento del porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas más ricas. Del otro lado, los republicanos que insisten en la necesidad de recortes en los gastos públicos, sobre todo aquellos destinados a los programas sociales.
Aunque conste en el programa de gobierno de Barack Obama aumentar los impuestos a los más ricos y ampliar las garantías de asistencia médica para una parte significativa de personas que no tienen seguro médico privado, nada garantiza que el presidente vaya a conseguir el apoyo necesario para la aprobación de su propuesta. Por otro lado, puede parecer poco comprensible que un país tan vehementemente defensor de la invulnerabilidad de la vida privada de sus ciudadanos, haya auxiliado, durante el gobierno G.W.Bush, con 700 mil millones de dólares procedentes del Tesoro Federal a algunos bancos e instituciones financieras privadas afectadas por la crisis que sacudió Wall Street en 2008. La sociedad norteamericana sigue rigiéndose por el ideario del Estado Mínimo, que por su propia naturaleza no reconoce diferencia alguna entre los términos igualdad y equidad, términos que, si bien parecen sinónimos, no tienen identidad conceptual. John Rawls, influente pensador norteamericano contemporáneo, entendió muy bien la diferencia entre ambos al considerar que los principios que orientan una sociedad justa serían dos: 1)"cada persona tiene derecho a libertades y derechos básicos iguales" y 2) "las desigualdades sociales y económicas deben estar asociadas a las funciones y posiciones abiertas a todas las condiciones de igualdad justa de oportunidades y deben proporcionar más ventajas a los miembros menos favorecidos de la sociedad" (negrita añadida) (3). En la misma línea de razonamiento se encuentra el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, cuando argumenta que el capitalismo moderno, al intentar demostrar con riqueza de detalles que la economía con base científica debe orientarse por las reglas del libre comercio, no está defendiendo la democracia social y sí la libertad de acción de los grandes capitales
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internacionales(4). Además, merece la pena recordar que los ejecutivos de las principales corporaciones ubicadas en EUA ganaron, en 2007, 344 veces más que sus subordinados, situación bien diferente de la que existía en 1980, cuando directores-presidentes de las principales compañías ganaban solamente 42 veces más que sus empleados. Las preguntas más ingenuas sobre esta realidad podrían ser las dos siguientes: 1) ¿Qué argumentos...
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